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ASSE definió los parámetros para el nuevo modelo de salud mental

Un experto español asesora al organismo en la implementación de la nueva normativa aprobada en 2017

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31 de julio de 2019 a las 05:00

Al hablar de salud mental, la receta se repite en casi todos los países. Los gobiernos locales insisten en destinar grandes inversiones a los centros de hospitalización y no a la atención primaria, a pesar de que allí hay más probabilidades de captar pacientes. Este es el "modelo biomédico" basado en la prescripción de psicofámarcos, que llevó a que “cada vez haya más pacientes crónicos” que dependen de la asistencia psiquiátrica, explicó el psicólogo español Miguel Castejón, director técnico de la Fundación Manantial, una organización fundada en España en 1995 con el objetivo de cambiar el modelo de abordaje de las patologías. 

Castejón llegó a Uruguay invitado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), ya que desde fines del año pasado la Fundación Manantial asesora al prestador de salud sobre los cambios necesarios para implementar la Ley de Salud Mental, aprobada en agosto de 2017. Años atrás, la legislación española fue modificada en el mismo sentido que se pretende en Uruguay, donde se dispuso -entre otras medidas- que antes de 2025 cierren las estructuras asilares y monovalentes, como son las colonias psiquiátricas y el Hospital Vilardebó. Esta es la segunda visita del experto al país. 

"No se puede hablar de desinstitucionalización si no se fortalecen los demás servicios y se ofrecen alternativas", aseguró a El Observador la psicóloga Gabriela Novoa, responsable de capacitación e investigación de ASSE. Partiendo de esa premisa, el prestador de salud realizó este lunes un evento en el Centro Universitario de la Región Este (CURE), en Maldonado, al que asistieron profesionales vinculados a los centros públicos de rehabilitación psicosocial de la región este -integrada por los departamentos de Maldonado, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y Lavalleja- y funcionarios del Centro Diurno Sayago, que funciona en Montevideo.

El fin del encuentro fue intercambiar sobre su experiencia en esos centros, que a partir de la nueva normativa son reconocidos como prestadores de servicios sanitarios y deben “mejorar la autonomía” y “favorecer la inclusión social” de los pacientes. Los testimonios serán uno de los insumos básicos para poder presentar a fin de año un documento técnico que adquirirá la categoría de ordenanza y, por lo tanto, todos los centros de rehabilitación psicosocial del sector público deberán cumplir con lo que disponga.

"Tenemos la tarea de redefinir el concepto de rehabilitación psicosocial, no podemos retirar la cara al debate", encomendó Castejón, el encargado de dirigir el taller, a sus colegas. Algunos especialistas plantearon, por ejemplo, que aunque en el modelo actual los gobiernos departamentales colaboran con donaciones, a veces esa ayuda "va en contra" de lo que buscan –la autonomía de los pacientes– porque en el fondo siguen rigiéndose por la lógica de "mantener a los loquitos" al margen de la sociedad. 

El diálogo permitió definir los lineamientos generales de la ordenanza. Este documento tendrá un marco teórico con los siguientes puntos: qué es la rehabilitación psicosocial, dónde y quiénes la hacen, los objetivos de los centros y cuál es el marco normativo que los rige. A la vez, en el texto quedará definido quiénes podrán acceder a esta prestación, cuál va a ser la metodología de trabajo y se fijarán indicadores para poder medir su desempeño. Los participantes de la reunión también plantearon la necesidad de incluir la “perspectiva de género y de derechos humanos” al redactar el texto.

La nueva ley plantea que lograr la inclusión social de las personas con una patología psiquiátrica solo es posible a través de una rehabilitación integral, no exclusivamente farmacológica. “No se trata solo de mejorar los síntomas. Se trata de mejorar la vida en sociedad, de tender puentes. De que puedan contar toda la historia sin sacar esos fragmentos que no podían digerir y que puedan desarrollar su identidad”, explicó la coordinadora del Centro Diurno Sayago, la psiquiatra Ana Araújo.

La importancia de este sistema está avalado por las cifras. Antes de ingresar al Centro Diurno Sayado, 25% de las 103 personas que participan de las actividades grupales de la institución habían intentado suicidarse. No obstante, solo 3% de ellos tuvo intentos de autoeliminación luego de vincularse con el centro, explicó Araújo a El Observador. Icela Maciel, la madre de uno de los pacientes, dijo que su hijo tuvo un cambio “sustancial” desde que se vinculó a la institución de ASSE, diez años atrás. Gracias a este lazo consiguió trabajo como barrendero y “cada vez que no puede ir se siente horrible”, cuando “antes se encerraba en su cuarto y no salía durante días”. 

No obstante, la falta de formalidad llevó a que los 19 equipos públicos de rehabilitación psicosoocial funcionen de manera despareja y ofrezcan servicios disimiles, según el relevamiento de datos que la institución hizo en 2012 con el fin de unificar la estrategia de abordaje.

Castejón expresó que, cuando se trata de salud mental, “se habla mucho del cambio, pero luego todo sigue igual”. El experto sostuvo que los médicos se posicionan como “los únicos que saben” y por eso le ordenan a los pacientes qué hacer sin dar explicaciones. Ese “atentado contra los derechos del usuario”, entre otras prácticas que se producen puertas adentro del consultorio, lleva a que “cada vez haya más pacientes crónicos” que dependen de la asistencia psiquiátrica. “La atención primaria es el corazón del cambio. Si la reforma no está motivada por esto, no va a ser posible superar la brecha asistencial”, manifestó, en defensa de reforzar el presupuesto y la formalización de los centros de rehabilitación psicosocial como el de Montevideo.

El cumplimiento de la Ley de Salud Mental tiene un desafío extra, que es la falta de presupuesto. En la última Rendición de Cuentas no había obtenido financiamiento, pero finalmente se destinó el 40% de lo que será necesario para asegurar su cumplimiento, según las proyecciones de quienes trabajaron en la redacción de la norma.

Profesionales de ASSE que participaron del encuentro en Maldonado afirmaron que están “haciendo malabarismos para ahorrar dinero y poder priorizar la salud mental” en los centros que trabajan. Sin embargo, el prestador de salud confía en poder cumplir con las exigencias de la ley, a pesar de que está en duda poder cumplir con los plazos previstos para la desinstitucionalización si no se incrementa el presupuesto en la próxima Rendición de Cuentas. 

El mayor desafío se presenta en el sector privado, donde solo existe un centro de rehabilitación psicosocial, ya que la ley demanda que allí también se instalen estas instituciones. Por otra parte, los prestadores de salud están obligados desde 2011 a ofrecer atención individual o grupal a los pacientes y a sus familias, pero varias mutualistas del interior incumplen con este acuerdo, según supo El Observador. 

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