El médico había sido denunciado por una paciente durante un PAP
María Eugenia Scognamiglio

María Eugenia Scognamiglio

Periodista de actualidad

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ASSE restituyó al ginecólogo que fue sancionado por abuso y ahora atiende por telemedicina

El médico regresó a tomar consultas pero por telemedicina mientras ASSE continúa con el sumario
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11 de abril de 2023 a las 18:08

El pasado 22 de febrero se terminó la suspensión que el Ministerio de Salud Pública (MSP) le había hecho al ginecólogo Alejandro Jabib que fue denunciado de abuso por una paciente el 14 diciembre de 2020 ante el Colegio Médico. El médico volvió a trabajar en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), donde trabajaba cuando fue denunciado.

Sin embargo, el ginecólogo no volvió a su consultorio en el Hospital de las Piedras, sino que ASSE decidió que realice las consultas por telemedicina para evitar el contacto personal con las pacientes, confirmaron fuentes del prestador público a El Observador.

La paciente narró en la denuncia que al momento de realizarle el examen de papanicolau el médico introdujo su dedo pulgar "en reiteradas oportunidades" y siguió: "ante un movimiento evasivo de mi parte, me explica que debe hacer eso porque estoy muy seca y no quiere lastimarme con el espéculo, y continúa haciéndolo más de 10 veces mientras mantiene una conversación cordial. Ante tal abuso quedé paralizada, no podía creer lo que me estaba pasando".

El gerente General de ASSE, Eduardo Henderson, explicó a El Observador por qué el médico fue restituido y no volvió al Hospital de las Piedras: "Cuando una persona es sumariada como en este caso, lo que marca el reglamento es que la separación del cargo es por seis meses. Como ya se superó esa etapa con esta persona hay que restituirla. Lo que sí ocurre es que se tienen que emplear medidas cautelares y la persona no puede ir a trabajar al mismo lugar para evitar que, mientras sigue el proceso del sumario, pueda tener contacto con otras personas que puedan ser, por ejemplo, testigos y que él pueda influir en lo que puedan declarar", dijo Henderson.

La historia

La suspensión del título de Jabib se dispuso a pedido del Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay, que hizo lugar al planteo, después de que la mujer realizara la denuncia ante el organismo y ante una comisaría de la mujer en Lomas de Solymar.

El hecho denunciado en diciembre de 2020, que provocó la sanción del ministerio, tuvo lugar en la clínica de Premed en Ciudad de la Costa, donde se atendían también pacientes de la sociedad Universal.

Antes de pronunciarse, el tribunal citó a dos pacientes que habían hecho denuncias en sus mutualistas, cuyos testimonios constan en el fallo. Ellas señalaron situaciones de acoso verbal por parte del médico. A una de ellas, por ejemplo, le insistía con que estaba "desesperada por el sexo". Otra contó que ella había decidido hablar sobre el caso porque le preocupaba que las adolescentes, que "comienzan su vida en el ginecólogo", tomen "como algo normal que si vas por un dolor en el pecho te tengan que revisar la vulva". 

Fiscalía recibió dos denuncias contra Jabib. Una fue desestimada por falta de pruebas y la de diciembre de 2020 estaba en investigación. El Observador intentó comunicarse con la fiscal del caso Cristina Falcomer para conocer la situación pero no obtuvo respuesta.

Antes de la suspensión del MSP, el ginecólogo ya había sido desvinculado del Casmu, del hospital Pereira Rossel, de Universal (donde no trabajaba, pero sí atendía pacientes a través de Premed) y de esta última clínica. "Lo cesamos cuando yo asumí en 2020", dijo el presidente del Casmu, Raúl Rodríguez.

En octubre de 2022 la Sociedad de Ginecología del Uruguay repudió el hecho y afirmó que “cualquier conducta sexual por parte de los médicos es un abuso del poder profesional y una violación de la confianza del paciente, y aunque estas prácticas son poco comunes en la atención clínica son indiscutiblemente inaceptables”. Además, señalaron que las instituciones “deben tener pautas claras” que permitan al personal clínico “denunciar conductas sexuales inapropiadas” y que puedan hacerlo “sin temor a afectar negativamente la atención clínica”.

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