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Aumentos salariales, gastos observados y cargos de confianza: intendente de Lavalleja comparece ante la Junta
El intendente de Lavalleja, Mario García, comparecerá este jueves sobre las 19.30 horas ante la Junta Departamental luego de haber sido convocado por el edil frenteamplista Mauro Álvarez para dar explicaciones sobre las compensaciones salariales otorgadas a su hermano, Ariel García, al hermano de la exintendenta Adriana Peña, Gerardo Peña, y a otros funcionarios del gobierno departamental.
García, quien antes de asumir le pidió a Peña que contrate a su hermano, según dijo la propia dirigente nacionalista al diario minuano La Unión, decidió guardar silencio y evitar pronunciarse previo a esta instancia. También, ante la polémica generada por la información, pidió la opinión sobre el caso de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para conocer si actuó bien desde el punto de vista ético y normativo de la función pública, pero el organismo aún no le ha dado respuesta, según informó a El Observador la presidenta Susana Signorino.
Adriana Peña, por su lado, reconoció este jueves a La Diaria que haber contratado al hermano del actual intendente fue una "equivocación más grande que una casa", aunque descartó que haya sido un acuerdo entre ambos con el fin de retener a su propio hermano dentro de la intendencia. "El mismo día que Mario me pide que contrate a su hermano, me pide que mi hermano se quede. Ese día yo le dije que mi hermano se volvía a ASSE, y ahí él me insiste y me dice que no tiene a quien poner en ese puesto", dijo.
"Capaz que él lo hizo para cubrirse. Yo no me di cuenta, lamentablemente", insistió.
Durante la sesión de esta jornada, García deberá explicar públicamente los motivos que lo llevaron a dar dinero extra a varios cargos de confianza, según data en las resoluciones que divulgó El Observador. Entre otras observaciones, allí se avala un pago mensual superior a $ 72 mil para el hermano del intendente a cuatro días de la asunción de García y otro por encima de los $ 80 mil para el de Peña a mediados de enero.
El llamado fue propuesto por el edil Álvarez y respaldado por 13 colegas suyos. Acompañaron la iniciativa los siete del Frente Amplio, los tres colorados y tres blancos, según informó La Diaria.
El edil frenteamplista había realizado un pedido de informes en febrero, que no fue contestado y lo reiteró en mayo. Luego envió una solicitud de acceso a la información pública y casi un año después de haber iniciado la gestión del nuevo intendente, en setiembre, obtuvo respuesta a todas y cada una de las resoluciones tomadas por el gobierno de García desde que asumió su administración.
Hasta entonces –y como sucede hasta hoy– el gobierno departamental no había publicado en su sitio web ni enviaba a la Junta Departamental las resoluciones tal como establece la ley sobre esas decisiones administrativas.
Adriana Peña, además, señaló que en el Presupuesto votado en la Junta, el intendente prácticamente duplicó los cargos de confianza en la administración. "Hoy son 24 o 25. Eran 13 (los directores) cuando yo salí", aseguró y recordó que ella no votó en la Junta la creación de esos cargos.
El edil Mauro Alvarez tiene además varios gastos observados por el Tribunal de Cuentas por los que va a consultar al intendente en la sesión de este jueves.
La defensa oficialista contra los reparos opositores
Mientras que desde la intendencia aseguran no poder cumplir con la normativa por distintos motivos, la oposición local subraya la falta de accesibilidad a las resoluciones.
La visión gubernamental, en palabras de su directora de Jurídica, Laura Nahabetian, sostiene que, por un lado, el sistema informático es totalmente “deficitario” y “obsoleto” y no permite subir las resoluciones. Por otro, atribuye el problema a la administración anterior y sentencia que es necesario enviar las resoluciones a la Junta en los 10 días posteriores al cierre del mes en la que fueron firmadas, pero con copia autentificada por un escribano público y en papel notarial, lo que tiene un alto costo.
Sin embargo, desde el Frente Amplio reafirman que esta es una interpretación del gobierno departamental y que no es necesario imprimir en papel notarial.
La Intendencia de Lavalleja está trabajando con la Agencia de Gobierno Electrónico (Agesic) para mejorar el portal web y estiman tener una nueva página en unos meses.
Tal como informó El Observador, de las resoluciones se desprende que García le otorgó una compensación salarial a su hermano, Ariel García, y también al hermano de la exintendenta Adriana Peña. Pero esas no fueron los únicos aumentos de salario otorgados por la administración del intendente.
Los hermanos
La exintendenta Adriana Peña contrató de forma directa, sin concurso, en noviembre de 2020 a Ariel García, el hermano del actual intendente.
La decisión la tomó poco antes de dejar el cargo y cuando Mario García ya era intendente electo de Lavalleja. Ariel ingresó en el escalafón más bajo de la administración departamental (peón) y una vez que su hermano asumió el cargo como intendente recibió una compensación de $ 72.300 mensuales y se le otorgaron nuevas funciones dentro del gobierno.
El salario de peón, según la escala de 2019 que es la última publicada por la Intendencia de Lavalleja, era de unos $ 30 mil mensuales.
Asimismo, García renovó el pase en comisión por el que Gerardo Peña, hermano de la exintendenta, se desempeñaba en el gobierno departamental. Gerardo es originariamente funcionario de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y una vez renovado el pase en comisión, que había caído con el cambio de mando, también recibió una compensación por parte de García.
Esa compensación mensual es de $ 84.805 y, según la resolución a la que accedió El Observador, se debe a una “adecuación salarial”. Gerardo Peña trabajó en la Dirección de Servicios Técnicos y Seguridad hasta que fines de setiembre, cuando hizo pública su denuncia.
Peña había tenido que renunciar a su cargo de director de Comunicación en 2018, durante la gestión de su hermana, luego de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitiera un comunicado a raíz de diversos casos de nepotismo en administraciones departamentales. Sin embargo, siguió desempeñando tareas en el gobierno dirigido por su hermana.
Más compensaciones
Nahabetian fue, en su momento, la persona designada por la Intendencia de Lavalleja para responder a las consultas de El Observador sobre las compensaciones otorgadas por el intendente Mario García a su hermano.
Pero la directora de Jurídica también recibió compensaciones salariales. En una resolución del 12 de febrero, Mario García le otorga una compensación de $ 320 mil por única vez. “Es de justicia retribuir las tareas realizadas por la citada profesional”, dice la resolución.
Sin embargo, no solo recibió esa compensación, sino que también tiene otra que es mensual. El mismo día, otra resolución firmada por el intendente, le da a la directora de Jurídica una compensación mensual de $ 160 mil retroactiva al primero de febrero.
El justificativo de la resolución es que, además de desempeñarse como directora de Jurídica, Nahabetián también realiza tareas en la Secretaría Adjunta de la Intendencia. A julio de 2019, la última información publicada en la página de la Intendencia de Lavalleja, el cargo de director de Jurídica cobraba $ 105 mil mensuales.
También al contador
La situación del director de Hacienda, Juan Carlos Rosales, es similar a la de Nahabetian. El jerarca también recibió una compensación por única vez de $ 320 mil y la justificación en la resolución del 12 de febrero es la misma: “Es de justicia retribuir las tareas realizadas por el citado profesional”.
Pero, además, Rosales también recibe una compensación mensual de $ 40 mil por una “adecuación salarial”. El salario del director de Hacienda, según los números de 2019, era de $ 150.700 mensuales.
