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Intendente de Lavalleja dio compensación por casi $ 85 mil a hermano de exintendenta Peña
El intendente de Lavalleja, Mario García, le asignó una compensación salarial de $ 84.805 mensuales al hermano de la exintendenta Adriana Peña para adecuarle el salario, según una resolución a la que accedió El Observador.
Gerardo Peña, hermano de la exintendenta, es funcionario de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y está trabajando en la intendencia con un pase en comisión, que fue renovado en enero de este año.
“Dispóngase el pago al Sr. funcionario Gerardo Peña de una compensación por eficiencia mensual de $84.805, a partir del día de la fecha”, dice la resolución fechada el 20 de enero de 2021. El día anterior, como se había renovado el pase en comisión, Peña fue designado en la Dirección de Servicios Técnicos y Seguridad.
La directora de Jurídica de la Intendencia, Laura Nahabetian, explicó a El Observador que Peña ya estaba trabajando en la administración anterior en el mismo régimen y con la compensación. Según dijo la abogada, cuando se dio el cambio de gobierno entre los dirigentes nacionalistas cayó el pase en comisión por un “fallo administrativo” .
Al asumir, García volvió a solicitar el pase en comisión y le otorgó nuevamente la compensación que estaba cobrando, según explicó la abogada. En el Presupuesto que fue votado en la Junta Departamental pero todavía no está vigente, se crea el cargo de director de la Dirección de Servicios Técnicos y Seguridad que "probablemente" sea ocupado por Gerardo Peña, según dijo la directora de Jurídica.
Adriana Peña había contratado de forma directa al hermano de Mario García como peón (uno de los escalafones más bajos) pocos días antes de dejar el cargo, en noviembre de 2020. En esa oportunidad, y según recordó Nahabetian, entraron cerca de 90 personas por designación directa. "Es algo que es legal y está previsto en el estatuto", aseguró.
Tal como informó El Observador, García le otorgó una compensación a su propio hermano, Ariel García, de $ 72.300 a partir del día 1 de diciembre de 2020. El intendente había asumido el 27 de noviembre.
Antecedentes
Gerardo Peña ya había sido señalado durante la administración de su hermana Adriana (2010 – 2020) al haber sido designado en un cargo de confianza.
El hermano de la intendenta había sido designado por la jefa comunal como director del área de comunicación del gobierno departamental. El caso se conoció en febrero de 2018 y, tras un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Gerardo Peña renunció a su cargo.
El caso saltó en medio de una serie de denuncias por casos de nepotismo en organismos públicos y la Jutep exhortó “a corregir de inmediato” todas las situaciones en las que se contravenga el artículo 35 del decreto 30 del 2003 –la norma que prohíbe el acceso a oficinas públicas de familiares del jerarca dentro del segundo grado de consanguinidad–.
Sin embargo, cuando se realizó el cambio de mando, según la versión de Nahabetian, Gerardo Peña se estaba desempeñando en el mismo cargo
Convocado
El intendente García deberá comparecer ante la Junta Departamental para dar explicaciones por la compensación que le otorgó a su hermano.
El llamado fue propuesto por el edil Mauro Álvarez y contó con el respaldo de 13 ediles. Acompañaron la iniciativa los siete del Frente Amplio, los tres colorados y tres blancos, según informó La Diaria.
Álvarez realizó un pedido de informes en febrero donde solicitó todas las resoluciones de la Intendencia de Lavalleja desde la asunción del nuevo intendente. Sin embargo, ese pedido no fue contestado y el edil lo reiteró en mayo.
Hace tres días finalmente llegó la respuesta con todas las resoluciones. El gobierno departamental no publica en el sitio web ni envía a la Junta las resoluciones tal como establece la ley.
Desde el gobierno departamental aseguran que no pueden cumplir con la normativa por dos motivos. Por un lado, según explicó Nahabetian, el sistema informático es totalmente “deficitario” y “obsoleto” y no permite subir las resoluciones.
El otro problema es que debido a dos decretos de la administración anterior, es necesario enviar las resoluciones a la Junta en los diez días posteriores al cierre del mes en la que fueron firmadas pero con copia autentificada por un escribano público y en papel notarial.
Sin embargo, desde el Frente Amplio aseguran que esta es una interpretación del gobierno departamental y que no es necesario imprimir en papel notarial.
La Intendencia de Lavalleja está trabajando con la Agencia de Gobierno Electrónico (Agesic) para mejorar el portal web y estiman tener una nueva página en unos dos meses.
