Laura Raffo, presidenta de la Departamental del Partido Nacional en Montevideo

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Aunque no fue consultada, Laura Raffo apoya a ediles en el pedido de juicio político contra Carolina Cosse

A pesar de que no hubo una "consulta partidaria orgánica", Raffo dijo que los legisladores departamentales están en su derecho
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10 de octubre de 2022 a las 13:58

La presidenta de la Departamental del Partido Nacional en Montevideo, Laura Raffo, no participó en la decisión de promover un juicio político contra Carolina Cosse, pero dijo a El Observador que apoya la medida.

Raffo consideró que la decisión de los ediles –oposición en Montevideo– responde al "desgaste acumulado" y "comprensible" a lo largo de dos años, en los que "no se habían presentado pedidos de informes" y en los que "no se había presentado a sala la intendenta".

"(Los ediles) me llamaron para decirme que estaba toda la oposición de acuerdo, que este informe había sido la gota que rebalsó el vaso", indicó Raffo y destacó que la decisión se tomó de forma "autónoma" y sin una "consulta partidaria orgánica".

Los ediles de la oposición aprobaron en la Junta Departamental el inicio de un juicio político contra Cosse luego de que no compareciera el pasado viernes a un llamado a sala, aunque en su representación fueron el prosecretario general, Daniel González, y el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi.

Para que el juicio político prospere en el Senado se necesitan dos tercios de los votos, cifra con la que no cuenta el oficialismo. 

El edil nacionalista Javier Barrios Bove dijo a El Observador que es la tercera vez que la jerarca se ausenta en este tipo de instancia. En su oratoria ante la Junta, pidió que se someta a votación su propuesta, ya que, según su bancada, este hecho constituye una "violación del artículo 285 de la Constitución". Para aprobar el pedido de juicio político eran necesarios 11 votos y la oposición lo hizo con 13.

Según Barrios Bove, en esta gestión se contestaron un total de 275 pedidos de informes: 31 en el plazo de tiempo establecido, y 244 fuera de fecha. Además, el edil en su informe también señala que hubo 88 pedidos de informe que no fueron respondidos, incluso aquellos que fueron reiterados una vez vencido el plazo. El estudio estima 363 pedidos de informe al 20 de julio de 2022.

Por su parte, la intendencia sostiene que “respondió el 100% de los pedidos de informes solicitados por la Junta Departamental”.

Para la excandidata a intendenta se "sumaron dos factores" para llegar a este pedido, uno "humano" (el desgaste) y otro "normativo", ya que entiende que este pedido es una "herramienta válida" para "dar a conocer a la opinión pública lo que están viviendo".

"Esto lo que muestra es la importancia de la separación de poderes, el respeto del Poder Ejecutivo por el Poder Legislativo. Cuando se vota un gobierno departamental se vota un intendente y una Junta Departamental. Esto demuestra la importancia de ser transparente, de presentar la información", valoró Raffo.

La nacionalista respondió a Cosse, quien indicó que el pedido de la bancada opositora es un "atropello republicano": "Precisamente preservar una relación republicana es que el Ejecutivo escuche y respete al Legislativo, algo que en el caso de la intendenta Cosse no sucede".

Consultada sobre las recientes críticas a la decisión de los ediles por parte de integrantes de la coalición de gobierno, la presidenta de la Departamental nacionalista dijo que "los ediles fueron electos por voto popular y son los que conviven con este tipo de administración que no les permite gobernar, y por lo tanto son ellos los que tienen derecho a activar estas herramientas o no".

En las últimas horas, varios legisladores e integrantes del Poder Ejecutivo criticaron la medida de los ediles opositores: el ministro de Defensa, Javier García, aseguró que fue una "medida extrema" que no fue consultada al Partido Nacional; el senador cabildante Guillermo Domenech dijo por su parte que la decisión lleva a "enzarzar" la discusión "en un circo mediático, porque la intendenta es arrogante y no quiere contestar los pedidos de informes"; el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, expresó que el pedido fue "desproporcionado".

Raffo también descartó que este pedido de juicio intente desviar la atención ante problemas del gobierno como el de Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, detenido por formar parte de un grupo que falsificaba documentos de ciudadanos rusos para que obtuvieran documentación uruguaya. "No tiene absolutamente nada que ver —criticó—. Esto viene desde que asumió la intendenta, no cita a reuniones a la oposición, cada pedido de informes no se presenta completo".

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