Aunque el caso Pluna aún no está cerrado, surgen agujeros en la indagatoria llevada a cabo hasta ahora, interrogantes sobre decisiones tomadas y otras que no se tomaron por el fiscal Juan Gómez y la jueza Adriana de los Santos, personas que extrañamente no se indagaron, y polémicos conceptos manejados por ambos magistrados en el dictamen y el auto de procesamiento del exgerente general de Pluna, Matías Campiani, y sus socios Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez, que siembran dudas acerca de cuán concluyente es la prueba recabada.
El titular de BQB, Juan Carlos López Mena, y el delegado de Cosmo, Hernán Calvo, declararon como testigos pero nunca fueron indagados aunque había elementos para hacerlo (ver recuadros en páginas 2 y 3).
En definitiva, en mayo la indagatoria sobre el aval estaba concluida y a partir de ese momento el fiscal pudo pedir el procesamiento de Lorenzo y Calloia. Pero como los expedientes estaban unidos a las dos causas de Campiani, el pronunciamiento se alargó sin que quede claro con qué objetivo.
Señal para los empresarios
En el dictamen por el que pidió los procesamientos de los socios de Pluna, Gómez afirmó que Campiani, Hirsch y Álvarez “conformaron un grupo criminal organizado con la finalidad específica de cumplir las maniobras”. Entre esas maniobras, el fiscal mencionó que “adquirieron en la República de Panamá la sociedad denominada Leadgate Investiment Corp (...) poco tiempo antes de ser seleccionada por Ficus Capital”. Agregó que ya desde el principio, “la mencionada empresa inicia una serie de oscuridades”.
Entre esas oscuridades, el fiscal sostuvo que “emerge ampliamente probado que la finalidad de los indagados, siempre fue la de tomar una empresa con dificultades como lo era Pluna, mejorarla y de inmediato vender su participación, obteniendo de tal forma pingües beneficios”. Esta es una operativa común en este tipo de empresas.
A continuación, citó declaraciones de Álvarez, quien dijo: “Sabíamos cómo reestructurar empresas que andaban mal, mejorarlas y a través de eso, por el aumento de valor de la empresa, hacer nuestra ganancia. Para conseguir tal objetivo era necesario presentar balances que no correspondían a la realidad, hacerlos tardíamente, retacear la información a los directores públicos y contratar consultas con especialistas que reflejaban visiones parciales”, agregó.
Jorge Barrera, defensor de los procesados, expresó en sus alegatos que “poseer una sociedad panameña por sí no constituye ningún ilícito (...) poseer una sociedad panameña lejos de ser una oscuridad es una herramienta jurídica legal, acertada y divulgada en Uruguay y en el mundo entero”.
“Es más, el Estado uruguayo tenía pleno conocimiento de todas las sociedades y de todo el entramado jurídico que formaba parte de la actuación de mis patrocinados y jamás siquiera objetó ni formal ni informalmente el uso de esas estructuras jurídicas”, agregó.
Barrera expresó que “intentar vender una empresa como Pluna a un valor importante, no es la obtención de un provecho indebido para el Estado, sino que aumenta el valor de las acciones del Estado”.
Estas apreciaciones del fiscal llevaron a empresarios a advertir un mensaje “injusto” para los empresarios. El ejecutivo tecnológico Pablo Brenner tuiteó el día de los procesamientos: “...Mi sensación es que a Campiani y Cía. los agarraron de chivos expiatorios, no veo qué delito cometieron”. “Si es así no solo es inmoral e injusto, además es un muy mal mensaje para el empresariado e inversores”, concluyó.
KPGM auditó balances pero no se la llamó
Entre las conductas “oscuras” por las que Campiani y sus socios cometieron el delito continuado de estafa, la jueza y el fiscal hicieron hincapié en que presentaron balances que no eran tales. Sin embargo, el defensor de los imputados, Jorge Barrera, alegó que los estados contables fueron auditados “con informes sin salvedades, emitidos por KPMG”. “KPMG audita a múltiples empresas privadas de Uruguay y también estatales, por lo que llama la atención que KPMG tolere lo manifestado” por el fiscal. “No fue consultado ni llamado a declarar ningún representante de KPMG que pudiera avalar estas conclusiones que desde nuestro punto de vista no tienen sustento fáctico”, apuntó Barrera. Por último, el defensor expresó que no surge de la investigación que se entregaran balances “que no correspondían a la realidad”. Aseguró que “hay prueba abundante del desarrollo de una actitud conforme a la realidad y al derecho”.
Infidencia del fiscal de Corte en el caso Pluna está prohibida por la ley
Entre los aspectos irregulares que rodearon el caso Pluna en el ámbito del sistema de Justicia está la revelación conocida en las últimas horas acerca de que dos o tres días antes de que se conociera el pedido de procesamiento por parte del fiscal Juan Gómez contra el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y contra el presidente del Banco República, Fernando Calloia, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, fue a la Presidencia a informárselo al presidente José Mujica.
Según las fuentes de El Observador, esta visita del fiscal de Corte ocurrió el jueves. El miércoles, según Búsqueda, que sin mencionar a Díaz, lo consignó así: “Operadores judiciales de primer nivel le habían informado a Mujica que en el marco de la causa por los negocios vinculados a la exaerolínea Pluna el fiscal del caso pediría el procesamiento no solo de los empresarios vinculados a la última gestión de la compañía sino también del ministro de Economía Fernando Lorenzo y del presidente del Banco República, Fernando Calloia”.
El anuncio pudo permitirle a la defensa de ambos jerarcas perfeccionar o delinear una estrategia para presentar en el juzgado que no tuvieran prevista.
Los fiscales que dependen jerárquicamente del Ministerio de Educación y Cultura tienen independencia técnica, según establece la ley orgánica del Ministerio Público. En su artículo 33 esa ley prohíbe al fiscal de Corte y a los fiscales “dar a publicidad o facilitar de cualquier modo la difusión de antecedentes e informaciones sobre cuestiones o asuntos de cualquier naturaleza que conozcan, o en que intervengan o hubieran intervenido en razón de sus funciones”. En este caso por tratarse de un juicio que estaba en etapa de presumario era reservado.
Pero además de violar esa ley podría haberse incurrido en el delito de “revelación de secretos”, comprendido en el artículo 163 de la ley anticorrupción que castiga “al funcionario público que con abuso de sus funciones, revelare hechos, publicare o difundiere documentos, por él conocidos o poseídos en razón de su empleo, que deben permanecer secretos”.
El Observador intentó ayer sin éxito comunicarse con Díaz.
López Mena mencionó al presidente en el juzgado, pero el fiscal lo dejó a un lado
En aquellos días en que el gobierno trataba de encontrar un comprador a los aviones de Pluna, en horas de la madrugada, el empresario Juan Carlos López Mena compartía un vino con un par de amigos cuando le sonó el celular. Atendió e inmediatamente puso cara de hastío. Tapó el micrófono y les dijo a sus acompañantes: “Es Mujica”. El presidente lo llamaba por enésima vez para pedirle que se hiciera cargo del problema. En aquellos días no solo Mujica, otras figuras del gobierno presionaban al dueño de Buquebus para que se hiciera cargo del negocio. Ya sobre el final no les importaba la forma porque López Mena era el único en el horizonte que les podía sacar las castañas del fuego, y así se fraguó el engaño del testaferro y la subasta con Cosmo de por medio.
¿Toda esa incidencia que el mandatario tuvo no es motivo suficiente para que el fiscal o la jueza lo citaran a declarar? El fiscal dijo en los últimos días que nadie había mencionado al mandatario y que el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, había blindado al mandatario al hacerse cargo de toda la operativa que terminó por exponerlo a un pedido de procesamiento por abuso de funciones, que quedó en suspenso ante un planteo de inconstitucionalidad.
El propio presidente de la República alentó esa tesis ayer en Búsqueda: “Soy responsable de la línea general, sin duda. Me hago cargo de haber dado los lineamientos generales. No estaba al tanto de los detalles finos de la instrumentación., como la forma en que se otorgó el aval”, afirmó.
Sin embargo, el 21 de diciembre de 2012 El Observador informó que en su comparecencia ante el juzgado del Crimen Organizado López Mena sí mencionó a Mujica (ver facsímil).
Pero lejos de ejercer presión sobre la Presidencia, desde la Fiscalía lo que pareció haber fue un intento de colaborar, tanto que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se dirigió dos días antes del fallo del fiscal Juan Gómez para informarles a funcionarios oficiales que el magistrado iba a pedir el procesamiento de Lorenzo y del presidente del BROU, Fernando Calloia.
El abogado penalista Miguel Langón dijo que existe lo que se llama “dominio del hecho” y que está presente en asuntos como las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, en la que fueron procesados militares que no estaban necesariamente presentes en el lugar donde se estaba torturando pero que eran responsables del cuartel donde eso ocurría, o el debate que está planteado con la responsabilidad penal de los empresarios por los accidentes laborales de sus empleados. “Hay una línea jerárquica que no requiere que alguien mencione al jerarca en el juzgado para que el fiscal lo cite; si no lo hizo él sabrá por qué. Pero acá se trata de algo tan sonado, tan manifiesto que parece lógico que por lo menos podría haberlo citado para averiguar qué ocurrió”, dijo el penalista.
Calvo solo fue citado como testigo
El escribano Pablo Seitún fue procesado sin prisión por la jueza Adriana de los Santos, a pedido del fiscal Juan Gómez, por el delito de falsificación de documento público. Al profesional se le imputa haber estampado en los documentos de la subasta el nombre de Antonio C. Sánchez al representante de la firma española Cosmo, cuando en realidad este tenía un pasaporte donde se leía otro nombre: Antonio Calvo Sánchez.
Fue el propio Sánchez quien le pidió al escribano que lo registrara con ese nombre, a lo que el profesional accedió. La Asociación de Escribanos avaló lo actuado por Seitún en aquella subasta. Pero lo que quedó flotando en el aire es por qué razón, si Seitún cometió un delito al haber estampado un nombre que no correspondía, el responsable de haber pedido que cometiera tal acción, el español Sánchez Calvo nunca fue citado a declarar como imputado en ninguna instancia del proceso judicial.
El dueño de Buquebus estaba detrás de todo y no se lo indagó
El empresario Juan Carlos López Mena fue la figurita repetida en todo el episodio del aval de Pluna. Quedó demostrado que estuvo detrás desde el primer momento. Sin embargo, declaró una vez como testigo y a nadie se le ocurrió indagarlo. Antes de la subasta del 1 de octubre hubo contactos entre él, el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del BROU, Fernando Calloia. La historia es conocida: Lorenzo llamó a Calloia y le pidió que acelerara el aval, Calloia le ordenó a un funcionario del BROU que hiciera el documento y López Mena casi le dictó el aval. López Mena era además cliente de Boston Seguros, la aseguradora argentina que otorgó el aval. Pero no terminó ahí su participación. El vínculo entre Cosmo y López Mena se confirmó en la famosa foto del almuerzo del 3 de octubre que compartieron Lorenzo, López Mena y Hernán Calvo. Dos días después, se supo que Calvo había trabajado para el empresario y era amigo de su hijo. El 31 de octubre, al terminar el plazo para que Cosmo pagara los US$ 137 millones que ofertó por los aviones, Calloia acompañado del secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, concurrió a la sede de Buquebus para comunicarle la decisión de cobrar el aval. Finalmente el empresario pagó el aval. Dijo que lo hizo para “no perjudicarse” empresarialmente.
