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La JND remató un total de US$ 857.694 en bienes decomisados a personas detenidas por delitos relacionados al tráfico de drogas y lavado de activos en los últimos dos años

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Bienes decomisados al narcotráfico: ¿cuánto se recaudó y en qué se utilizó el dinero?

En 2021 se adjudicaron US$ 1.118.072 a varias organizaciones del Estado

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18 de enero de 2022 a las 11:23

La Junta Nacional de Drogas (JND) adjudicó 75 vehículos al Ministerio del Interior (MI) entre 2020 y 2021, con dinero proveniente del Fondo de Bienes Decomisados (FBD), por un valor total de US$ 982.100. Además, adjudicó ocho vehículos a Presidencia en el mismo periodo, con un valor de US$ 260.500, según la respuesta a una solicitud de acceso a la información pública a la que accedió El Observador.

La JND remató un total de US$ 857.694 en bienes decomisados a personas detenidas por delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de activos en los últimos dos años, US$ 148.573 en 2020 y US$ 709.121 en 2021. Del FBD obtuvo unos ingresos totales de US$ 428.458 en 2020 y US$ 5.038.612 en 2021, aunque el informe aclara que no todos esos fondos estuvieron disponibles para la junta debido a que se asigna un límite de crédito presupuestal.

Desde el ingreso de la nueva administración en 2020 se realizaron adjudicaciones a varios organismos del Estado por un valor de US$ 1.357.572. En 2020 fueron adjudicados US$ 239.500, de los cuales US$ 99.000 fueron para comprar cuatro vehículos, y fondos para "compra de equipamiento tecnológico" del MI y US$ 130.000 fueron para la compra de cuatro vehículos para Presidencia, según la respuesta al pedido realizado por Milton Romani, ex secretario general de la Junta. 

Además, se adjudicó la suma de US$ 10.000 para la compra de "mobiliario y equipamiento" en la Secretaría Nacional de Deporte (SND), y los US$ 500 restantes fueron para el dispositivo Ciudadela, de Ciudad del Plata, con el fin de adquirir "celulares y vestimenta".

En 2021 se adjudicaron US$ 1.118.072. El MI recibió la mayoría de esos fondos —US$ 893.100—, repartidos en 70 vehículos terrestres de un valor total de US$ 853.100, un vehículo marítimo de US$ 30.000 y un apartado que ingresó dentro de la categoría "electrodomésticos, comedores y leña" por US$ 10.000. También Presidencia recibió fondos para otros cuatro vehículos, por un valor de US$ 130.500, y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) adquirió dos vehículos terrestres por un precio de US$ 20.000 con ese dinero. 

También el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) obtuvo un vehículo de valor US$ 12.400, y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) recibió US$ 15.000 para la contratación de consultoría.

Falta de actas

El exsecretario de la JND Romani indicó a El Observador que la JND no le entregó ninguna acta que explique el porqué de algunas adjudicaciones, e hizo especial hincapié en los ocho vehículos entregados a Presidencia. "El Fondo de Bienes Decomisados fue hecho para generar fondos para lo que tenga que ver con la política de drogas, y excepcionalmente a otra cosa, bien fundamentada", indicó, y aseguró que no entiende qué rol cumplen estos vehículos entregados a Presidencia en el motivo principal de la FBD.

Romani explicó que en los bienes decomisados "desfila mucha guita", y que en el mundo hay "mucha corrupción" con el manejo de estos casos. Por esto, aseguró que es importante que las adjudicaciones estén bien reglamentadas y fundamentadas, y que la JND estaría incurriendo en una "falta grave" si no existen actas para justificarlas.

En la web del gobierno se define al FBD como "el órgano encargado de la recepción, inventario y administración de los bienes incautados y decomisados en causas por narcotráfico y lavado, para el fortalecimiento de las Políticas de Drogas y Lavado de Activos".

Sus fondos deben ser destinados a "la financiación de programas que procuren la prevención del consumo de drogas, tratamiento y rehabilitación de personas afectadas por dicha problemática y al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y de la interdicción del narcotráfico y el lavado de activos", asegura la página.

Los organismos que pueden ser beneficiarios de estos fondos son aquellos "encargados de la ejecución y seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas nacionales e internacionales en esta materia", y también las "instituciones públicas o privadas que persigan fines de interés público en conformidad con este reglamento".

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