Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana

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Blancos rechazan transformar al Parlamento en un "tribunal" por denuncias contra Santiago González

El FA dijo estar en "shock" por el testimonio del principal acusador contra el jerarca, que no se presentó ante la Justicia ni ante Fiscalía
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21 de abril de 2022 a las 05:04

El Partido Nacional rechazó avanzar en el Parlamento  en torno a las seis denuncias sobre homofobia, misoginia y violencia privada que pesan públicamente sobre el director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, Santiago González, y, en la práctica, negó los intentos del Frente Amplio de investigar a fondo la situación, además de poner en tela de juicio al principal acusador del jerarca. 

Así sucedió este martes en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Allí se recibió a Martín Correa, trabajador del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) desde 2009, y que actualmente se desempeña como "coordinador nacional de personas extranjeras privadas de libertad en Uruguay", un programa que viene desarrollándose desde 2015.

Correa había pedido en setiembre del año pasado ser atendido por el Parlamento. Es en ese momento es en que comenzaron a surgir los testimonios en contra de González. La conversación se tensionó cuando el funcionario alegó temer por su seguridad personal  ante las declaraciones del director ministerial, que en una entrevista televisiva había aludido a “lo fácil que era acceder o tener acceso a un sicario si se tenía alguna vinculación con personas que tuviesen alguna relación con el narcotráfico”.

Ante estas declaraciones reaccionó el senador nacionalista Jorge Gandini, que cuestionó que Correa realice una acusación tan grave y conjeture que González estaba decidido a actuar en su contra por lo dicho en una entrevista de prensa, y  "se erice pensando que su vida corre peligro"  ante un comentario que el jerarca "hizo en forma genérica".

El funcionario justificó su acusación al recordar que los dichos de González fueron realizados en el marco de una entrevista en la que se estaba hablando de las denuncias y en donde el director lo mencionó "con nombre y apellido".  De todas formas y ante una consulta del nacionalista Diego Etcheverría, Correa admitió que no había presentado denuncia a nivel judicial por las supuestas amenazas. "Desde mi conocimiento y mi formación, que no es legal, activé los mecanismos gubernamentales de protección",  indicó. Entre ellos la Institución Nacional de Derechos Humanos. También señaló que está en "conversaciones informales con organismos internacionales" ante la necesidad de asesoramiento en su caso. 

Etcheverría insistió en si había ido a Fiscalía. "No tengo formación legal y cuando me habla de fiscalía, no sé ni cuando se llega a la fiscalía", fue la respuesta del invitado. 

Ante la comisión, presentó una serie de videos como prueba referencias a las denuncias de otras cinco personas contra Santiago González. Entre ellas Milena Más, exsubdirectora técnica del INR, que aseguró  que "a una compañera homosexual" el jerarca la denominaba "tortillera" y a los varones homosexuales los llamaba "putitos", entre otros hechos que planteaban un "círculo de violencia solapada y constante". 

El funcionario mencionó el caso de la periodista Denisse Legrand, una de las responsables de Nada crece a la sombra,  que alega que tuvo que pedir la intervención del entonces ministro Jorge Larrañaga para "mantener a distancia" a González, al que acusó de intentar entrar a un consultorio ginecológico en la cárcel de mujeres para revisar una historia clínica. 

Otra denuncia fue presentada por Omar Vera, exdirector de la Unidad 6 de Punta de Rieles, que acusó al jerarca de "instigación" y "acoso laboral". La denuncia de Vera, afirma Correa, fue derivada a la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior que, dada la posición de González, "vicia de nulidad lo que debe ser un proceso de investigación". Verá sí presentó una denuncia en fiscalía contra González y Mendoza, según supo El Observador

Correa relató también situaciones personales. Según dijo, a comienzos de 2020 hubo una reunión entre autoridades policiales y civiles de los centros penitenciarios. Allí, dijo, González se burló públicamente de un supervisor penitenciario presente, al que definió como "inútil" y del que aseguró desprestigiaba el trabajo en las cárceles. 

La reacción de Correa, contó el involucrado, derivó en que pocos días después fue llamado al despacho del director del INR, Luis Mendoza, que le planteó "a dónde quería irme, porque allí no me querían". 

Ante los legisladores, Correa presentó un dictamen del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que sobre su caso concluyó que "de la aplicación de cuestionarios específicos se desprenden algunos elementos que nos orientan a la existencia de conductas que podrían interpretarse como violencia en el lugar de trabajo, alto agotamiento emocional y valores medios de despersonalización". Más, apuntó el denunciante, es funcionaria de confianza nombrada por el Partido Nacional, lo que descartaría la acusación del jerarca de estar frente a una "opereta política". 

Correa pidió este martes que el  Parlamento investigue formalmente si González no violó con su conducta la ley que pena el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación. 

El testimonio de Correa dejó "shockeada" a la senadora frenteamplista Sandra Lazo, que pidió que la comisión siguiera el tema e invitara a todos los denunciantes aludidos. Gandini le advirtió que, si así fuera, también deberían ser convocados aquellos que puedan aportar una "campana distinta" de la situación. "Nos transformaríamos en un tribunal, que no somos", dijo. 

Salir llorando del ministerio 

En la comisión, ocupando una banca como suplente por el Movimiento de Participación Popular, estuvo este martes Graciela Barrera, una de las principales referentes de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide) que relató su visión de lo que fue la "convivencia" con González mientras fue presidenta de esa organización. 

Citada un día a una reunión en el ministerio, contó, González se enojó por su decisión de concurrir, sin avisar, con otra persona vinculada a la temática. Luego de haberlos "hecho esperar una hora y media", el director comenzó a golpear violentamente su mesa y afirmarle que toda la culpa era de "su" Frente Amplio. "Impedía que la otra persona hablara y gritaba", dijo Barrera. "En un momento dado, se levantó y nos fuimos, porque allí nos dejó". 

Barrera asegura haberse ido llorando del ministerio. Un posterior contacto con el senador nacionalista Carlos Camy ayudó a "diluir" las cosas. "Yo lo tomé no solo como un malestar hacia nuestro trabajo, sino que lo que él más me recriminaba era que todo era culpa de mi Frente Amplio", dijo. "Eso me dolió mucho". 

 

 

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