19 de febrero de 2013 18:34 hs

A dos semanas de la interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la cartera elaboró un documento titulado “Acuerdo Cumplido” para repasar el estado de los acuerdos multipartidarios sobre seguridad que realizó el oficialismo con la oposición al inicio del período de gobierno. El Ejecutivo destaca el crecimiento de los salarios policiales y de las plazas carcelarias, aunque durante el último verano enfrentó motines en los principales centros de reclusión.

El Ministerio del Interior fortaleció los controles sobre los menores infractores y logró detener las fugas de los centros de reclusión del INAU. Si bien el gobierno destaca distintas medidas para luchar contra el delito (ver recuadros), el año 2012 alcanzó el record de homicidios: 267. El Ejecutivo entiende que para entender ese incremento es necesario discriminar los tipos de muertes. Además lleva adelante reuniones con dirigentes de la oposición para debatir sobre seguridad.

Menores infractores
En medio del debate planteado por el Partido Colorado y el Herrerismo para bajar a 16 años la edad de imputabilidad penal que será votada en plebiscito junto a las próximas elecciones, el gobierno reforzó los controles sobre los menores infractores, aunque rechaza bajar el límite de edad. Según el documento oficial, el Ministerio del Interior instaló cercos perimetrales en los centros de reclusión del INAU para reforzar su seguridad. El nivel de fugas de los hogares bajó, cuando al principio del período de gobierno eran diarias. El año pasado el Parlamento aprobó con votos del Frente Amplio y a instancias del gobierno aumentar a un año la pena máxima para menores infractores que cometan delitos gravísimos como homicidio, secuestro, violación, rapiñas y copamientos.

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Salarios
Una de las cartas que presenta el gobierno para defender la gestión de la actual administración es el avance de los salarios. Según el informe, un agente de Segunda ganaba (el menor grado en la escala) $12.102 en 2010. Para este año la prima proyectada es de $ 20.582 .

Víctimas
El gobierno impulsó una ley para la reparación de víctimas de delitos. También solicitó a la bancada del Frente Amplio que agilice el trámite para modificar el Código de Proceso Penal para acelerar los trámites de sentencia y evitar que haya inocentes privados de libertad.

Cárceles
El gobierno había prometido la construcción de nuevos establecimientos carcelarios “distribuidos territorialmente”, la creación de una cárcel de alta seguridad “para personas vinculadas a organizaciones delictivas de gran poder” y aumentar la seguridad dentro de los centros. El Ministerio del Interior cerró los centros de reclusión de Rocha y Minas para remplazarlos. Se agregaron al sistema las cárceles de Punta Rieles, El Molino y Las Rosas, y se crearán 1.000 plazas en el Comcar. La anunciada cárcel de alta seguridad no fue llevada adelante. La alternativa fue crear módulos especiales con esa finalidad en el Comcar y el Penal de Libertad. En esas cárceles fueron iniciados tratamientos especiales para drogadictos. Durante el último verano allí hubo motines.

Violencia doméstica
Los parlamentarios habían acordado establecer medidas puntuales contra la violencia doméstica y el maltrato. El gobierno había anunciado el uso de pulseras electrónicas para localizar a los hombres violentos pero recién estuvieron en funcionamiento en febrero.

Reestructura
El Ministerio del Interior realizó una reestrucutura de la Jefatura de Policía de Montevideo. Dividió el mapa delictivo en cuatro zonas. La nueva organización fue defendida por el ministro Bonomi, quien asegura que eso colaboró a bajar la cantidad de delitos.

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