No logró que las cámaras de los canales de televisión ni las de su equipo de defensa se colaran en los tribunales para poder convertir a toda la sociedad en testigo de su declaratoria ante la Justicia, pero sí consiguió que varios militantes lo acompañaran y vitorearan como a una estrella de rock que parte de gira, al menos a su llegada, porque al rato de iniciarse la comparecencia el circo político ya se había desmontado. La declaración como indagado por el caso Ciccone del vicepresidente Amado Boudou ante la Justicia duró casi seis horas y los próximos días serán claves para la definición del caso. El juez deberá luchar para conservar su puesto, mientras el oficialismo intenta dilatar los tiempos a la espera del Mundial.
Luego de la maratónica declaración, el vicepresidente argentino se encontró con los medios y continuó mostrándose confiado. “Lo que se abordó fue el análisis técnico-jurídico de la causa. Voy a ampliar mi declaración, me guardé cuestiones políticas para las próximas declaraciones”, afirmó Boudou para luego agregar: “Pude exponer cada uno de los puntos y respondí las preguntas que tanto el juez como el fiscal me querían hacer (...) Voy a pedir ampliar esta declaración para abordar las cuestiones políticas”.
En la declaración de este lunes, Boudou "se refirió al papel de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el salvataje a Ciccone pero, al salir, su defensa quiso aclarar que no se dijo que (el titular del ente, Ricardo) Echegaray hizo algo mal, y explicó que Boudou deslindó su responsabilidad como ministro de Economía en las facilidades de plan de pago para la empresa", informó El Cronista.
Por primera vez en la historia argentina, un vicepresidente en ejercicio acudió al edificio de Comodoro Py en calidad de indagado. Boudou es sospechoso de abuso de funciones y enriquecimiento ilícito en el caso de la eximprenta Ciccone, una firma que estaba al borde de la quiebra y él, en esos momentos ministro de Economía, intervino para que fuera rescatada por la AFIP.
Desde que el caso saltó en 2012, el hoy vicepresidente niega haber actuado en beneficio propio y asegura que lo hizo para salvar a la imprenta de la quiebra. Los magistrados investigan su aparente vínculo con Alejandro Vandenbroele, presidente de la firma que se hizo con la imprenta donde más tarde se harían las listas de votación del oficialismo y los billetes. Ayer, el vicepresidente reiteró que no conocía al empresario.
Sin embargo, pese a la confianza que mostró el funcionario, ayer llegaron malas noticias para Boudou. La Cámara Federal rechazó el pedido de nulidad de dos testimonios que comprometen al vicepresidente. Los abogados defensores había pedido la nulidad de los testimonios de Nicolás Ciccone, exdueño de la empresa, y a su yerno, Guillermo Renwick. La decisión de la cámara no hizo más que confirmar al juez federal Ariel Lijo al frente del expediente, a quien los abogados de Boudou querían quitar del caso.
Las claves de la defensa
Esta semana otros personajes de la trama prestarán también declaraciones ante el magistrado, que a partir del viernes tendrá 10 días hábiles para decidir si procesa o no al vicepresidente.
Ese fallo se conocería, pues, el 27 de junio, cuando se esté disputando en pleno el Mundial y la opinión pública podrá estar un poco distraída. En efecto, el 25 es el último partido de Argentina por la fase de grupos ante Nigeria y el 1º de julio se supone que jugará en octavos de final contra el segundo clasificado del Grupo E (Suiza, Ecuador, Francia, Honduras).
Pero la estrategia del Mundial no es del todo efectiva y ayer quedó claro, pues los canales de televisión se centraron por unos momentos en la partida de su selección rumbo a Brasil, pero después volvieron a poner imágenes de sus móviles apostados en la puerta de los Tribunales y redireccionaron el foco hacia el tema que los había ocupado durante la mañana.
Comienza la nueva estrategia
En parte por esto y en parte por otras razones, los periodistas argentinos más informados de la interna en la política de su país se arriesgaron ayer a asegurar que la próxima jugada del oficialismo será en contra el juez Ariel Lijo, para desacreditarlo y forzar su apartamiento del caso.
“La estrategia del cristinismo es terminar con Lijo. Tal vez no porque esté convencido de la defensa de Boudou ni tampoco porque desconfíe tanto de Lijo. Se trata de una estrategia política. Apartar a Lijo significaría el arribo de un nuevo juez, que necesitaría de muchos meses para volver a poner en funcionamiento el expediente de Boudou. Es lo que ocurrió cuando se fue el primer juez, Daniel Rafecas, y lo sucedió Lijo. Esos meses por delante le permitirían a Cristina Kirchner ir llegando al final de su mandato sin tener que despedir a su vicepresidente”, consideró en un editorial de La Nación el columnista Joaquín Morales Solá.
Algo similar apareció en la sección En Foco del diario Clarín. Allí se citó al legislador oficialista Carlos Kunkel, quien declaró que si Lijo no actuara “correctamente”, podía quedar expuesto a una acusación concreta en el Consejo de la Magistratura.
“En momentos de fortaleza, la primera ofensiva de Boudou dejó en la banquina al juez Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo. También provocó la caída del procurador general, Esteban Righi, un histórico del peronismo y figura asociada precisamente a la breve e intensa presidencia de Héctor Cámpora: no hubo simbolismo que valga”, se podía leer en ese mismo texto.
Ante este panorama, tal vez lo único que salve al juez sea el consuelo de las palabras que le destinó desde el Vaticano el papa Francisco. “Rezo por el magistrado que vimos por última vez”, escribió el pontífice en un correo que le envió al legislador porteño Gustavo Vera, en clara alusión al juez Lijo, con quien estuvo el pasado 6 de mayo.
