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Cambios para uno de los "buques insignia" de Tabaré Vázquez

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Buscan que programa Ibirapitá pase a ser una “red social” y exploran acuerdo con privados para hacerlo “sustentable”

El BPS busca que deje ser der un “programa de distribución de tablets” y que “no le genere egresos al Estado”.  

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22 de julio de 2021 a las 05:04

La Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento, en su artículo 272, introduce sustanciales cambios en el Programa Ibirapitá, uno de los “buques insignia” del último gobierno de Tabaré Vázquez y cuya finalidad era facilitar la inclusión digital de los adultos mayores de bajos recursos.

Según el articulado, dejará de ser una "herramienta de distribución de tabletas" para asemejarse en buena parte a una "red social", que distribuirá contenidos para la tercera edad. 

Así lo explicó ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Hugo Odizzio. La ley de Presupuesto vigente, en su artículo 762, le transfirió al BPS las competencias sobre el programa, que hasta entonces estaban asignadas al Centro Ceibal. 

Ahora se plantea que Ibirapitá deberá promover la “integración cultural y social de los titulares de las prestaciones de retiro de todos los sistemas de seguridad social”, sin mencionar específicamente a ningún sector en particular. 

En concreto, todos los pasivos sin importar su ingreso podrán ser incorporados al programa, con lo que la población objetivo podría llegar a las 500 mil personas. 

Las últimas cifras, correspondientes a 2019, indican que el Ibirapitá tenía 215 mil usuarios registrados. 

Para cumplir con los nuevos fines, el programa podrá proveer o subsidiar, de acuerdo a los ingresos del beneficiario y su situación económica, los dispositivos o canales de transmisión de información disponibles en su plataforma tecnológica. 

También podrá efectuar acuerdos con “actores del sector público o privado” para el mejor cumplimiento de sus cometidos, así como integrar “componentes de promoción y divulgación de terceros” destinados a favorecer el desarrollo y sustentabilidad del programa. 

En ese marco, la Rendición de Cuentas lo autoriza a celebrar acuerdos con “instituciones de la sociedad civil” para “promover, difundir y extender el uso de aprovechamiento de los beneficios” del plan. 

Al respecto Odizzio mencionó un proyecto sobre telemedicina, ya aprobado, por el cual los beneficiarios podrán recibir indicaciones de su médico, reportar síntomas o tener algún tipo de soporte domiciliario. 

Según afirmó, el 80% de las personas que utilizan hoy la plataforma lo hacen para acceder a contenidos multimedia o redes sociales como Facebook. 

“Más que tratar de imponer a las personas lo que deberían hacer con el dispositivo estamos tratando de comprender qué es lo que hacen y para qué lo usan”, dijo. “Nos preocupa que sean dispositivos a futuro que tengan capacidad de reproducir videos de manera muy eficiente, algo que hoy no se logra porque los primeros vienen de hace cuatro años”. 

Antel destinará a un equipo de diez personas de su Departamento Técnico y Comercial para brindar apoyo al programa. La idea, dijo Odizzio, es que el proyecto “no genere un egreso para el Estado”.

Justamente, uno de los puntos de discusión pasa por la financiación de Ibirapitá. La ley de Presupuesto quinquenal le otorgó una partida de $ 180 millones desde Rentas Generales para este ejercicio. 

De esa cifra, el BPS derivó $ 30 millones al Centro Ceibal, que es el que provee el personal y el soporte de los dispositivos. 

Pero reponer las tabletas costaría $ 240 millones anuales, con lo que en el actual panorama la sustentabilidad estaría lejos. 

Dar a una persona que tiene una jubilación de casi $ 40.000 una tablet, cuando esa persona tiene un plan de datos y un teléfono inteligente y lo paga como parte de sus gastos mensuales, no sé si es justicia social”, señaló el presidente del BPS. 

El texto subraya que todos los organismos de seguridad social estarán obligados a brindar información requerida por el banco para conformar una base de beneficiarios del programa y establecer su nivel de ingresos, por todo concepto, para definir las coberturas previstas. 

Odizzio ratificó que el programa seguirá llamándose Ibirapitá. “Ese fue el nombre que se nos trasladó y creo que es una imagen con la cual se asocia a este programa de integración digital para los adultos mayores”, dijo. “Nadie en ningún momento se planteó un cambio de nombre”, agregó. 

Según explicó, la diferencia está en que si el programa estuvo en un principio dirigido a promover la inclusión digital, “ahora vamos a un escenario de promover el bienestar digital”. 

Portabilidad numérica y la LUC

Odizzio advirtió que una de las “ventajas” del plan proyectado podría verse frustrada si prospera la derogación de parte de la ley de Urgente Consideración (LUC). Es que uno de los 135 artículos que se pretenden derogar es el 474, que consagra la “portabilidad numérica” en la telefonía móvil. 

Esa normativa, precisó, le permitirá a cualquier persona, con cualquier operador, acceder a los beneficios del Plan Ibirapitá, porque podría pasarse a Antel para obtener esos beneficios, que es con la empresa con la que se negocia el programa. 
 

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