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Caja de Profesionales: el otro rescate que debe definir el gobierno y que también tiene plazo
El rescate financiero de la Caja Bancaria aportó una solución para un colectivo de jubilados, pero ese no el único problema previsional pendiente que tiene el Poder Ejecutivo. La Caja de Profesionales también necesita asistencia y maneja los mismos plazos que en el caso anterior para que el proyecto de ley que se la otorgue sea aprobado en el Parlamento.
En los últimos días las miradas se centraron en la Caja Bancaria. Este miércoles, una asamblea de AEBU aprobó el proyecto de rescate financiero de aproximadamente US$ 900 millones. Para salvar a la institución habrá aportes del Poder Ejecutivo, la Asociación de Bancos Privados (ABPU) y el sindicato bancario (AEBU). Un equipo de trabajo conformado por las tres partes elaboró la propuesta que ahora debe transformarse en proyecto de ley para ser discutido y aprobado en el Parlamento.
Así se apagó una primera luz de alerta, ya que la institución podía cumplir con sus obligaciones y pagos de jubilaciones hasta fin de año. Pero todavía queda otra luz: la Caja de Profesionales.
En este caso, el grupo que trabaja en la solución financiera está conformado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Trabajo y representantes de la institución.
A fines de junio, el Poder Ejecutivo anunció que el proyecto de rescate para este caso se enviaría al Parlamento en las próximas semanas. Pero hasta ahora eso no ocurrió.
Consultado por El Observador, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que aún no hay una fecha prevista para remitir la propuesta. Agregó que todavía no terminó la discusión en el grupo sobre algunos temas puntuales.
La presidenta de la Caja de Profesionales, Virginia Romero, recordó a El Observador que el directorio presentó un anteproyecto de solución al gobierno en diciembre de 2022.
A ese planteo propuesta hubo que realizarle ajustes a partir de la aprobación de la ley 20.130 (de la reforma de la seguridad social). “Nos pidieron cálculos, los llevamos al grupo de trabajo, pero el tiempo pasa y no nos convocaron más”, dijo.
Los números de la Caja de Profesionales
El salvataje para la Caja de Profesionales, al igual que en el caso de la Bancaria, tiene un plazo. La Constitución establece una fecha límite para que el Parlamento apruebe proyectos de ley que contengan cambios impositivos y previsionales. Ese plazo se vincula con las elecciones nacionales y en esta oportunidad vence el 30 de octubre.
Romero cree que como la situación de la Caja Bancaria era más grave –podía pagar las jubilaciones hasta fin de año de año-, el Poder Ejecutivo priorizó su solución. Más allá que la Caja de Profesionales no tiene los mismos tiempos, también maneja una fecha tope. Las reservas alcanzan para abonar obligaciones y jubilaciones hasta diciembre de 2024.
Datos cerrados a julio muestran que la caja tiene 63.500 afiliados activos. Además hay 100.000 profesionales con declaración jurada de no ejercicio. Cuenta con 14.600 jubilados y 5.000 pensionistas. Las reservas actuales son de $ 6 mil millones. Romero explicó que el déficit operativo mensual es de $ 150 millones. Por eso todos los meses deben vender reservas.
“La asistencia financiera del Estado va a venir. No sabemos bien cómo”, reconoció la presidenta de la institución. La primera estimación que había realizado la Caja marcaba que la cifra debería rondar los US$ 500 millones para un período de 10 años.
El pedido principal es que el Poder Ejecutivo envíe cuanto antes el proyecto de ley con el rescate financiero cuanto antes.
Romero comentó que el directorio mantuvo reuniones con distintas bancadas parlamentarias. “Todas nos han dicho que esperan el proyecto porque sin eso ninguna bancada se puede pronunciar. No pueden hacer valoraciones”, dijo.
“Con el tema de la Caja de Profesionales no está todo mundo de acuerdo; por eso el Poder Ejecutivo tiene que mandar el proyecto al Parlamento porque no creo que lo vayan a aprobar a tapas cerradas”, concluyó la presidenta de la institución.
