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Caja Bancaria: gobierno garantizará hasta US$ 400 millones para solventar rescate financiero
Una asamblea de AEBU aprobó este martes la propuesta que permite el rescate financiero de la Caja Bancaria. Las tres partes involucradas –el Poder Ejecutivo, los bancos privados y el sindicato- acordaron realizar aportes equitativos para el salvataje estimado en US$ 900 millones. En el caso del gobierno será a través de la emisión de una garantía soberana de hasta US$ 400 millones.
El encuentro de trabajadores y jubilados se desarrolló en el Antel Arena, duró aproximadamente cuatro horas y tuvo una participación de más de 3.300 afiliados, entre activos y pasivos, de un total de aproximadamente 14 mil habilitados para votar.
Se presentó un documento elaborado por el Consejo Central de AEBU –órgano de conducción del sindicato- en el que se detalló todo el proceso de negociación entre las partes y el preacuerdo para la solución financiera para la Caja Bancaria.
También se leyó un informe elaborado por la minoría en el Consejo Central y posteriormente se ampliaron datos sobre la propuesta oficial que luego se sometería a votación de los presentes.
Originalmente estaba prevista una lista de 33 oradores. Pero solamente lo hicieron seis. Y allí quedaron expuestas las diferencias internas.
La presidente del Consejo del Sector Financiero Oficial, María Estoup, dijo que había que defender el preacuerdo al que se había arribado. Complementó la consideración responsable que hizo el sindicato del contexto y de lo que estaba en juego determinó que la negociación fuera llevada adelante con cautela y con inteligencia.
“El adversario está afuera, afuera de este sindicato”, expresó.
Previamente había hablado Lorena Lavecchia, otra integrante de ese consejo y dirigente del sector compuesto por cuatro listas (emparentadas a la izquierda radical). “Si está planteando (la posición mayoritaria del sindicato) que la unidad es para rebajarnos el salario, trabajar más años y para cargar con un impuesto a los trabajadores ya jubilados, discúlpenme pero para eso no quiero unidad”, afirmó.
El último orador fue Leonardo Di Doménico, representante de los trabajadores en el Consejo Honorario de la Caja Bancaria. Después de su oratoria se presentó una moción para cortar la lista de oradores que fue votada por la mayoría de los concurrentes.
Luego del corte de oradores se procedió a la votación. La relación fue de siete a tres a favor del informe presentado por la mayoría de Consejo Central, según comentaron a El Observador participantes de la asamblea.
El rescate para la Caja Bancaria
El documento aprobado indicó que el rescate financiero para la Caja Bancaria cumple con el objetivo de que las contribuciones de las tres partes involucradas sean equitativas.
En el caso del gobierno el aporte será sobre la base de emitir una garantía soberana para que la Caja Bancaria pueda acceder a financiamiento de hasta US$ 400 millones. La propuesta general debe convertirse en proyecto de ley por el Poder Ejecutivo y ser aprobada por el Parlamento antes del 30 de octubre.
El objetivo es que la Caja Bancaria pueda emitir bonos antes de fin de año contando con la garantía del gobierno. Esa garantía le dará credibilidad a la emisión, dijo a El Observador una fuente consultada.
El texto añadió que la contribución de los bancos, todavía en discusión, alcanzará otros US$ 400 millones. “Existe el compromiso del gobierno de que esa contribución representará ingresos genuinos para la Caja, y que podrá incluir la Prestación Complementaria Patronal (PCP)”, explicó.
La PCP fue creada en la reforma de 2008. En ese momento se estableció que los bancos realizaran una contribución de 4 por diez mil de los activos financieros, con autorización al Poder Ejecutivo de fijarlo por debajo de ese porcentaje. Hasta ahora, la contribución ha sido de 2,5 por diez mil.
En tercer lugar, el aporte de los trabajadores incluye un proceso de transición básico, evitando afectaciones excesivas.
AEBU indicó que ante la propuesta de aumento inmediato a 63 años e incremento a 65 en tres años se construyó un sistema que mantenga los parámetros de la ley 18.396 (que plasmó la reforma de 2008) para quien postergue su edad jubilatoria.
El texto expresó que para quienes se jubilen con la edad mínima se aplicará un Salario Básico Jubilatorio y una Tasa de Reemplazo que llevan a una jubilación entre 8% y 15% menor, según el caso individual. A su vez, los que son alcanzados por el máximo jubilatorio (tope) tendrán una rebaja que puede llegar hasta un 20%.
También señaló que el plan original del Poder Ejecutivo implicaba un incremento a partir de los nacidos en 1964 hasta llegar a los 65 años en los nacidos en 1971. Para los jubilados se acordó un impuesto de 4%.
La moción que acompañó el documento (que fue la votada por la mayoría de la asamblea) planteó que las soluciones son las alcanzadas hasta el momento y que se continuará proponiendo alternativas en todas las etapas posteriores. Eso incluye al Consejo Honorario de la Caja Bancaria, el contenido del proyecto de ley que cuente con la iniciativa del Poder Ejecutivo y el proceso hasta su aprobación parlamentaria.
En otro pasaje marcó la necesidad de seguir “impulsando acciones junto al movimiento sindical, que a partir del diálogo social y convocando a grandes mayorías, construyan un sistema de seguridad social humano, justo y solidario”.
En contrapartida, la moción presentada por la minoría fue crítica con las actuaciones de la dirigencia mayoritaria. “La obsecuencia de las corrientes mayoritarias del PIT-CNT como en nuestro sindicato es otra cuestión que se mantiene inamovible”, sostuvo.
Solicitó la creación de un nuevo ámbito de negociación que fuera acompañada de una movilización masiva y general. Ese proceso debía incluir ocupaciones totales o parciales y paros escalonados. Y si la situación se mantenía incambiada convocar a una nueva asamblea general que considere ingresar a la huelga general.
La posición de los bancos privados
Mientras se realizaba la asamblea la Asociación de Bancos Privados emitió un comunicado.
En el escrito expuso que el Estado contribuirá con la garantía a los bonos a emitir por la Caja Bancaria, mientras que las empresas lo harán a través de un aumento de la PCP y en el caso de los bancos se agrega, por ocho años un tributo que debe crearse.
“Para los bancos privados, el aporte adicional en este período superará los US$ 175 millones. Ello representa un esfuerzo extraordinario que las instituciones asumen para garantizar el pago de las pasividades”, aseguró.
“Hace muchos años que los bancos veníamos advirtiendo que el creciente déficit de la Caja Bancaria desembocaría en una crisis como la que ahora, contra reloj, toda las partes han debido encarar”, dijo.
