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Crisis de 2002 y "generadores de odio": los cruces en debate del Presupuesto
El equipo económico compareció ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de la Cámara de Senadores para defender el proyecto de Presupuesto enviado al Parlamento que, desde este lunes, se analiza en la Cámara Alta.
La discusión dejó en claro las diferencias que existen entre el oficialismo y la oposición respecto al rol que el Estado debe jugar en el desarrollo de la economía nacional. Mientras que desde el oficialismo defienden que es momento de que el sector público haga el ajuste porque el privado lo hizo en los últimos años, desde la oposición cuestionaron esta visión.
“No compartimos la orientación del presupuesto; creemos que va por un camino equivocado. No compartimos esa visión negativa del rol del sector público, que se lo considera como un obstáculo para el desarrollo”, dijo el senador frenteamplista, Charles Carrera, según consta en la versión taquigráfica.
Y a lo largo del debate se dieron distintos cruces entre integrantes del equipo económico y senadores de la oposición e incluso entre los senadores oficialistas y opositores que subieron el tono del debate.
Fractura y odio
Una de las primeras discusiones que se dio este lunes fue protagonizada por los senadores Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Óscar Andrade (Frente Amplio).
El líder de Cabildo Abierto realizó una intervención en la que pidió a los legisladores de la oposición darse un “baño de realidad”. “El país que nosotros vimos el 1º de marzo de este año no era el país de las maravillas, sino que ya estaba en una profunda crisis económica, lo que, indudablemente, condiciona este presupuesto”, afirmó.
Manini Ríos aseguró que este Presupuesto “tiene que atender al país real y no al país de las estadísticas” que dicen, según el senador, que “acá no había pobreza, que acá estaba todo bien”. A partir de ahí, el excomandante en jefe del Ejército señaló que en febrero existía desempleo de dos dígitos, que el déficit fiscal era de más del 5%, que “había más asentamientos que nunca en la historia del Uruguay”, hizo referencia a la informalidad, la deuda externa, y aseguró que había gente “comiendo de la basura y durmiendo en la calle”.
“No quiero poner calificativos como hipocresía, etcétera, porque no quiero ser hiriente con nadie. El 1º de marzo de 2020 el país estaba en una profunda crisis”, apuntó.
El primero en recoger el guante fue el senador comunista que pidió “ser precisos” acerca de las “valoraciones políticas de determinadas circunstancias”.
“No es cierto que el Uruguay esté más endeudado que nunca a partir de los quince años de gobierno del Frente Amplio. No es cierto que se tengan los mayores niveles de informalidad; no es así, ni de cerca y saco la crisis de 1999, donde había un 40%. Tampoco es cierto que fue el proceso en el que se incrementó de mayor manera la carga impositiva, porque entre 1990 y 2006 aumentó mucho más la presión fiscal, y no es cierto que sea el momento de explosión del problema de los asentamientos. Cualquier estudio riguroso demuestra que el período que va de 1985 a 1999 fue cuando se triplicaron –o algo más– los asentamientos irregulares (…) Está bueno que documentemos nuestros planteos con alguna fuente”, apuntó Andrade.
Ante la intervención de Andrade, Manini Ríos aseguró que “lo que es sí cierto” es que “la situación del país al 1º de marzo se dio luego de la mayor bonanza económica existente luego de la segunda guerra mundial”.
Manini Ríos dijo que no se puede “eludir la realidad” y es necesario dejar el discurso para la tribuna. “Hay que hablar desde la sinceridad, dejar de lado el discurso para la tribuna, para dar manija a la gente y para generar fractura y odio que nos enfrenta a todos”, apuntó.
Fue entonces que Andrade contestó que resulta “curioso” que cuando se intenta establecer que “algunos de los supuestos que se dijeron no son ciertos” la respuesta sea que quieren “generar odio”. Ahí, el senador comunista volvió a repasar números y otros elementos para contrarrestar las afirmaciones de Manini.
Crisis 2002
Luego de una larga intervención del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, para responder distintas preguntas planteadas por los integrantes de la comisión, fue el senador del Frente Amplio Carrera el que lo cuestionó.
“Quiero realizar una afirmación. Escuché con mucha atención las afirmaciones y proyecciones del contador Alfie y espero que, por el bien del país, no se equivoque, porque él fue uno de los protagonistas de la crisis del año 2002. Quería dejar esa constancia, señor presidente”, dijo.
Luego de responder otras inquietudes, Alfie volvió sobre el tema y le “recomendó” a Carrera leer el mensaje del Poder Ejecutivo de la Rendición de Cuentas del año 2004. El director de la OPP le dijo que se fijara “qué dice acerca de la gestión del equipo” que él tuvo “el honor” de encabezar.
“No me tiene que recomendar nada”, fue la respuesta de Carrera.
Alfie fue un poco más allá y recordó algunas negociaciones que se realizaron en 2005 porque, según dijo, “había una orden” de no votar la salida de la crisis y la reprogramación de los depósitos. “Todavía no tengo Alzheimer y entonces me acuerdo de esas cosas. Me las acuerdo bien”, apuntó.
Inconstitucionalidad
Uno de los artículos del Presupuesto que tuvo más discusión fue el número siete. Ese pasaje faculta al Poder Ejecutivo a “establecer límites de ejecución de créditos destinados a gastos de funcionamiento e inversiones” cuando “exista riesgo de no cumplimiento de la meta indicativa del resultado fiscal”. Es decir, le da la potestad al gobierno de establecer límites de gasto cuando no se cumplan con las proyecciones de déficit.
En la discusión del Presupuesto de 2005, el gobierno frenteamplista había introducido una herramienta similar a la que Alfie, en aquel momento, se opuso por ser inconstitucional.
En realidad fue el senador blanco, Francisco Gallinal, el que expuso sus argumentos contrarios y luego Alfie respaldó esa postura.
“Ahí sí permítame, señor ministro, hacerle una objeción al artículo 32: es inconstitucional. No puede permitirse que quede en el Presupuesto Nacional una norma que le autorice al Poder Ejecutivo, por sí y ante sí, por más plausible y meritoria que pueda ser una intención de esas características, a realizar un recorte o establecer un límite de ejecución en los Incisos que van más allá del 15”, dijo Gallinal en aquella sesión de 2005 según la taquigráfica que leyó Andrade en comisión.
Tras respaldar la postura de Gallinal, Alfie volvió sobre el tema y dijo que “no se puede dejar en manos del Poder Ejecutivo la posibilidad de que se afecte (con sus decisiones) a otros poderes del Estado”.
La norma, que ahora pretende aprobar el gobierno, incluye a la administración central y los incisos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución (entes autónomos, servicios descentralizados, TCA, TCR) pero exceptúa al Poder Judicial, a la Universidad de la República y a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Para defender su cambio de postura el director de la OPP apuntó a “las dos bibliotecas” y a que las “doctrinas van mutando”.
En 2000-2005, según Alfie, el Poder Ejecutivo entendía que era necesario que para la reducción de créditos presupuestales para los incisos fuera de la administración central se precisaba una autorización especial y así lo hizo el gobierno en 2002. “Yo reiteré (en 2005) la posición que se había mantenido”, dijo.
Sin embargo, finalmente el Parlamento votó la propuesta del Frente Amplio en 2005 y, según la visión del economista, el Poder Legislativo le delegó atribuciones al Poder Ejecutivo y “pacíficamente se aceptó”.
“La posición que trae el Ministerio de Economía y Finanzas está acorde con, diríamos, la nueva institucionalidad, o la teoría más admitida en estos momentos”, aseguró el director de OPP.
