El gobierno de Lugo está a punto de conseguir que Brasil le triplique el pago anual por la cesión de energía de la represa binacional
El presidente Fernando Lugo está al borde de una conquista histórica que ningún otro mandatario paraguayo logró en las últimas décadas: que Brasil aumente de 120 a 360 millones de dólares anuales la compensación por la cesión de energía excedente de la hidroeléctrica binacional Itaipú.
El problema es que los líderes campesinos —sumergidos en la pobreza y a la espera de que Lugo cumpla con su promesa de campaña de hacer una reforma agraria— ya comienzan a planear cómo gastar el dinero entrante comprando tierras cuando el opositor Partido Colorado anunció que la plata tendrá que pasar obligatoriamente por el Congreso para su control.
"Hasta el momento desconocemos cualquier proyecto agrario de Lugo", dijo a la Associated Press Lilian Samaniego, presidenta de los colorados. "En su campaña electoral prometió la reforma, pero desde que asumió el mando no elaboró aún un plan. Si el Senado de Brasil llegara a aprobar el incremento de compensación, ese dinero sólo podrá ser utilizado si el Congreso lo aprueba tras analizar los proyectos ya sean de compra de tierras, construcción de caminos, escuelas, puestos de salud, viviendas, adquisición de semillas y otros".
El problema de la concentración de tierra en Paraguay es enorme. Belarmino Balbuena, líder del Movimiento Campesino Paraguayo e integrante de la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas, de izquierda, cree que "el 80% de las tierras productivas está en manos del 2% de la población y el 42% de la población (unas tres millones de personas) vive en zonas rurales en extrema pobreza".
La agencia estatal Indert dedicada al desarrollo rural dice que Paraguay tiene sólo 74.000 campesinos sin terreno propio y no 300.000 como se creía.
Lugo, ex obispo católico, ganó la presidencia en 2008 para gobernar hasta agosto de 2013 con el 40% de los votos, desalojando del mando al Partido Colorado que llevaba 61 años en el poder.
Sin embargo, no consiguió mayoría parlamentaria por lo que los colorados, desde la oposición en el Congreso, son clave para tomar decisiones y para la gobernabilidad de Lugo.
Pero la diputada Blanca Lila Mignarro del oficialista Partido Liberal, y presidenta de la comisión bicameral de presupuesto, dice que no necesariamente el destino de los dineros excedentes tendría que pasar por el Congreso.
"Como Itaipú es una (empresa) binacional, sus finanzas no son controladas por el Congreso sino por una auditoria interna o externa. Entonces podría realizar donaciones al gobierno para gastarlas en los planes agrarios", dijo.
La usina sobre el río Paraná es administrada por ambas naciones pero Paraguay —que solamente consume el 10% de la energía que generan las turbinas que le corresponden— está obligado a ceder (no vender) el 90% de la electricidad únicamente a Brasil hasta 2023. Itaipú paga a Paraguay, como compensación, 120 millones de dólares anuales por ese excedente.
La usina fue construida mediante un convenio bilateral firmado en 1973. El acuerdo implicaba que Paraguay ponía el territorio y el agua mientras que la inversión y el aval para los préstamos internacionales le correspondió a Brasil.
La cámara de diputados de Brasil aprobó hace dos semanas el pedido paraguayo de aumentar la compensación económica y el cual fue entregado en de julio de 2009 por Lugo a su entonces colega Luiz Inácio Lula da Silva. Aún falta el acuerdo de los senadores brasileños que podrían aprobar la solicitud en unos treinta días.
El día de la aprobación, el congresista de la oposición Eduardo Sciarra escribió en el diario La Folha de Sao Paulo, uno de los más influyentes del país, que no había ninguna razón económica y estratégica para que Brasil le diera a Paraguay semejante "regalo".
"Para que fuera posible ese gigantesco proyecto —el costo total de la construcción fue de 27.000 millones de dólares— gracias a la mega financiación asumida enteramente por Brasil", escribió.
"No hay justificación económica o financiera, ni razones de estado, seguridad nacional o caridad cristiana que puedan explicar un regalo de más de 3.100 millones de dólares para los paraguayos" que es lo que costará a Brasil el aumento, escribió en la columna.
Un estudio del gobierno paraguayo dice que el excedente le cuesta a Itaipú 120 millones de dólares anualmente. Pero Electrobras —la empresa de electricidad brasileña— vende dicha energía a sus consumidores a un costo superior: 2.200 millones de dólares al año.
En una reciente visita a Asunción para dictar una conferencia sobre integración regional, Lula reiteró que su sucesora Dilma Rousseff "está interesada en concretar el aumento del dinero a Paraguay porque creemos que los socios más pequeños del Mercosur deben tener los recursos para ir creciendo".
José Ledesma, gobernador del norteño departamento de San Pedro, el más pobre del país, cree que el estado "está en deuda con el campesinado pobre porque nuestro 'caballito de batalla' electoral con Lugo (principal promesa) fue realizar la reforma agraria".
Señaló que sin embargo, "en estos momentos el Presidente no tiene tiempo para ocuparse del asunto por lo que le pedimos en numerosas ocasiones la creación de una mesa multisectorial para llevar adelante la compra y distribución de tierras".
El gobernador es amigo personal de Lugo desde hace más de 20 años y aunque milita en el oficialista y conservador Partido Liberal Radical Auténtico se ha puesto al frente de manifestaciones y ha apoyado invasiones a fincas privadas "porque los líderes sociales tenemos que poner la cara y ayudar a los pobres con una acción política más humanista. Los ricos son autosuficientes, pero el pueblo humilde está totalmente desprotegido".
"Los 360 millones de dólares serán usados en la reforma agraria. Así se hará porque fue una promesa electoral. Ese dinero se invertirá, a través de donaciones de la Itaipú en la compra de tierras, construcción de escuelas y puestos de salud, habilitación de caminos de todo tiempo y para cubrir otras necesidades", añadió.
No obstante, reconoció que "la reforma no se hará en uno o dos años pero al menos Lugo debe dar el primer paso, poner en marcha el proceso".
Eugenio Alonso, director destituido del Indert cree que la reforma se estaba haciendo de forma pausada: "En dos años entregamos 75.000 hectáreas (130.000 títulos de propiedad legalizados) y llamé a licitación para la compra de 36.000 hectáreas, de acuerdo con el presupuesto disponible".
Ni Lugo ni vocero alguno del gobierno explicó la razones del relevo de Alonso.
El precio de cada hectárea, dependiendo de la calidad del suelo, varía entre 230 y 400 dólares.
Pero en realidad, la tarea más destacada de Alonso fue haber elaborado el primer censo rural definiendo la cantidad de campesinos sin terreno, de acuerdo con los registros oficiales del organismo.
Esta iniciativa fue elogiada por Juan Néstor Núñez, presidente de la patronal Asociación Rural.
"La tierra es fundamental pero al labriego hay que respaldarlo con asistencia técnica, créditos blandos y servicios públicos", dijo Alonso.
Su reemplazante Marciano Barreto condicionó la entrega de tierras a la existencia del dinero.
"La pobreza es nuestro principal enemigo", dijo Barreto. "Si hay dinero, compraremos tierras, si no lo tenemos, seré sincero con los campesinos para no ilusionarlos con promesas".
"Si llegare el dinero de Brasil y existiere decisión política de Lugo, en 6 meses se puede poner en marcha la reforma porque muchos latifundistas y terratenientes quieren vender sus propiedades, pero estoy observando que líderes de diferentes organizaciones políticas involucradas en la problemática campesina, al parecer intentarán adjudicarse los dólares", dijo Balbuena. "Entonces, tengo derecho a dudar de sus verdaderas intenciones".