Casa de Galicia: Cabildo, FA y dos blancos votarán mayor aporte del Estado, y queda en manos de Diputados
Entre los blancos y colorados manejan la posibilidad de no dar sus votos para ingresar como grave y urgente el proyecto en la Cámara de Diputados lo que podría trancar el proceso
Cabildo Abierto, el Frente Amplio y los senadores blancos Serio Botana y Juan Straneo darán los votos para aprobar un proyecto de ley para que el Estado destine US$ 30 millones para pagar las deudas a exfuncionarios de Casa de Galicia, un monto casi cuatro veces mayor al admitido por el Poder Ejecutivo en la iniciativa que envió semanas atrás al Parlamento.
El gobierno entiende que esta redacción -aprobada el miércoles en comisión tras un texto alternativo de la oposición al que se plegó la cabildante Irene Moreira- es "inviable", por lo que el presidente Luis Lacalle Pou vetará el proyecto de ley en caso de salir aprobado del Parlamento.
En el Partido Nacional y el Partido Colorado, no obstante, aspiran a que no deba llegarse a esa instancia, bajo la premisa de que primero los diputados deberán conseguir las firmas para dar ingreso al proyecto el jueves como grave y urgente. La iniciativa, por implicar un aumento del gasto, tiene plazo constitucional hasta el viernes para ser aprobado, a un año exacto de las elecciones de 2024.
Si bien la oposición y los cabildantes cuentan con los votos necesarias para aprobar el proyecto, precisan de los blancos y colorados para llegar a los dos tercios que se requieren para ingresar un texto como grave y urgente. En los partidos tradicionales manejan la posibilidad de no dar sus votos para no llegar a la instancia del veto.
El texto también establece que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) deba absorber en 60 días a los trabajadores que aun no consiguieron trabajo así como se le da potestades al Poder Ejecutivo para sancionar a las mutualistas que no hayan contratado a los trabajadores que les correspondía por los socios que obtuvieron.
En el gobierno entienden que también obligar al organismo a absorber a los exfuncionarios -más de 400, según los gremios- es "inviable" por razones presupuestales.
