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Casaravilla declaró como indagado por regasificadora: "Fue un intento que no salió bien" y "fracasó por el Lava Jato"
El expresidente de UTE Gonzalo Casaravilla compareció "con la mano en el corazón" a declarar en calidad de indagado ante la Justicia por la denuncia que las actuales autoridades de esa empresa presentaron ante la sospecha de irregularidades en el fallido proceso de construcción de la planta regasificadora gestionada por la paraestatal Gas Sayago.
"Fue un intento que no salió bien", sostuvo el exjerarca al término de una extensa declaración, en la que justificó el proyecto a la vez de relativizar el impacto de las pérdidas económicas del proyecto, que según las estimaciones superaron los US$ 200 millones.
Casaravilla llamó a reconocer que en torno a la denuncia "hay un tema político" y dijo tener el profundo convencimiento de que, en este proceso, "siempre se hizo lo mejor para el país" y aventuró el verdadero motivo del resultado: "el proyecto fracasó por el Lava Jato", afirmó.
Se refería al megaproceso judicial que en Brasil derivó en la condena por corrupción de cientos de políticos vinculados a los sobornos de la empresa Odebrecht. Entre ellos, el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva.
Es una de las involucradas en el escándalo por OAS, la firma que había sido contratada para la construcción del gasoducto subacuático vinculado a la regasificadora.
Casaravilla habló sobre los efectos que, indicó, pueden tener las denuncias sobre jerarcas que en su momento gestionaron proyectos similares. "Estamos arruinando la posibilidad de que las empresas públicas se puedan desarrollar con competencia técnica", valoró. "Habrá que sentarse a reflexionar seriamente qué se quiere hacer. Si seguimos por este camino, no habrá nadie que tome una decisión, por los riesgos que podría implicar".
El expresidente de UTE remarcó que, en 2016, todos los informes técnicos indicaban la viabilidad del proyecto y estimaban en "millones" de dólares los beneficios que podría obtener Uruguay al contar con gas en su matriz energética.
Consultado, el exjerarca se refirió a los altos salarios y los gastos generados por Gas Sayago para su funcionamiento, objetados a nivel político. "No vi nada diferente de lo que sucede en el mundo empresarial", afirmó.
Casaravilla sostuvo que, más allá del fracaso del proyecto, del que recordó surgió de un acuerdo multipartidario, el gas seguirá siendo un complemento interesante para la matriz energética nacional. Según relató, el año pasado UTE debió invertir US$ 100 millones para hacer funcionar sus centrales térmicas. Si se hubiera contado con gas, la mitad de ese monto se hubiera ahorrado.
Por su parte, el abogado penalista Jorge Barrera ratificó que “lo planteado por UTE tenía fundamento”, en referencia a la denuncia por presuntas irregularidades. “Se va dejando claro que aquí existió una pérdida millonaria, y que los fondos son públicos”, hubo “una sucesión de actos arbitrarios” aun “cuando se pudo discontinuar el proyecto”, expresó.
Sin embargo, “la voluntad prioritaria del organismo era votar a tapa cerrada (…) Se insistió, con arbitrariedad” en que el proyecto de Gas Sayago debía seguir adelante, pese a informes técnico que advirtieron en cuatro oportunidades que “se iba perdiendo”. Pero “se persistía”, dijo.
Para el defensor, “la utilización de esos fondos públicos no es racional” y la “actividad fue deficitaria”. “No estamos hablando de sumas chicas de dineros”, recordó.
