A partir del anuncio del presidente Yamandú Orsi, el Estado uruguayo firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) con Solaria para el desarrollo de un centro de datos de gran escala e inversiones en generación solar fotovoltaica.
El documento fija la hoja de ruta con los hitos a cumplir y desemboca en la firma definitiva del contrato con la compañía española en mayo de 2027 como fecha tentativa. Se detalla además que la primera fase será el desarrollo de un centro de datos de 200 MW en Canelones con su respectiva zona franca para 2029. La segunda etapa será en San José con 300 MW en centros de datos, cuya construcción caerá durante el siguiente gobierno.
El MOU también fue remitido a UTE y suscrito ese mismo día mediante resolución de la presidenta Andrea Cabrera, bajo la premisa de que no era posible aguardar a la próxima sesión de directorio y por tanto dio cuenta a los directores para ratificarlo en ese ámbito la semana que viene.
La autorización de la jerarca de UTE se sustentó en un informe técnico de la delegación de gerentes que participó en las negociaciones, según consta en la documentación revisada por El Observador. La información en poder de la empresa pública da cuenta de las inversiones que se deberán hacer para atender la demanda que tendrá Solaria y también justifica la firma del MOU en base a la “oportunidad relevante” que supone para UTE el megaproyecto privado.
Por un lado, la empresa pública tendrá que “instalar a su cargo” una planta de generación térmica de al menos 100 MW de potencia para tener de respaldo. Fuentes al tanto explicaron que para eso hará una ampliación de la central en Punta del Tigre.
Central de UTE en Punta del Tigre.
Foto: Leonardo Carreño
Por otra parte, tendrá que generar “una o más plantas eólicas” con una potencia total de hasta 300 MW, algo que según las fuentes estaba proyectado en el largo plazo y que ahora se adelanta en el tiempo.
Además, UTE deberá “adelantar un año” las obras ya previstas en las subestaciones de 500 kilovoltios (kV) en Cardal y Chamberlain. La estatal había lanzado la licitación el mes pasado para construir lo que será el tercer corredor de transmisión.
Estos movimientos implicarán a UTE hacer un nuevo estudio sobre su plan de expansión, más allá de considerar que el megaproyecto de Solaria “está en línea” con esta apuesta de la empresa pública.
La revisión implicará contar con valores más ajustados sobre las potencias a instalar de modo de “optimizar” la generación complementaria por parte de UTE a la capacidad que tendrá la compañía española con su propio parque de fotovoltaica en Cardal. La empresa pública también estima que será necesario iniciar procesos licitatorios en enero de 2027, “condicionando la adjudicación a la decisión final y firma de contratos” de Solaria.
Ante la consulta de El Observador sobre cuál será la inversión de UTE en las instalaciones de respaldo, desde la empresa pública indicaron que eso estará contenido en la revisión del plan de expansión. A eso agregaron que no implicará un ajuste de las tarifas.
El esquema previsto por la estatal establece que el objetivo es “coordinar la conexión de la generación fotovoltaica con la contratación de potencia por parte del centro de datos, reduciendo el riesgo de desalineación entre la energía adquirida por UTE y la nueva demanda asociada".
Es decir, que el Estado no quede comprometido a comprar grandes excedentes sino que en general Solaria pueda abastecerse a sí misma con su propia inversión de US$ 200 millones en generación solar. En esta línea, desde el gobierno han esbozado que el acuerdo con la compañía española es que le venderán la energía a un precio similar al pactado con Google años atrás.
Ese precio era originalmente de US$ 73,5 el megavatio hora. Como se ajusta de forma anual, hoy está en el entorno de entre US$ 80 y US$ 85, según pudo saber El Observador.
Al anunciar la noticia, la ministra Fernanda Cardona aclaró en sus redes que ya hay acuerdo con Solaria en torno a los precios.
Parque de 700 hectáreas en Cardal
El informe técnico en poder de UTE detalla “ventajas” que tendría para la empresa pública el desarrollo previsto por Solaria en Florida, Canelones y San José.
A entender de los técnicos, una de ellas es la posibilidad de “poner en valor terrenos de UTE” a través de “comodato” a favor de la compañía española. Esto se debe a que la planta de fotovoltaica de Solaria “se localizaría inicialmente en terrenos de UTE en Cardal y Chamberlain sobre una superficie aproximada conjunta de 700 hectáreas”.
Por la “inversión energética y tecnológica de largo plazo” en la zona –sujeta a una ampliación a futuro del parque previsto de 350 MW– esos terrenos aumentarían su valor, entienden en la UTE.
Por otro lado, la primera etapa del data center en Canelones se conectará en 500 kv y para eso Solaria tendrá que pagar el peaje por potencia contratada. Ese precio se facturará en pesos uruguayos. Por eso, los técnicos de UTE proyectan ingresos tanto por suministro de energía como por el uso de la infraestructura de transporte.
El megaproyecto supone que la generación solar en Cardal se integre al Sistema Interconectado Nacional de UTE y que por esa red abastezca a los centros de datos.
En este sentido, Solaria también se haría cargo de la conexión en 150 kV de su parque de fotovoltaica a la línea de alta tensión de UTE, con la estación asociada dentro del paquete. Una vez culminadas, las instalaciones “pasarían a propiedad de UTE”, lo que los técnicos defienden como una incorporación de “activos relevantes para el sistema eléctrico” de la empresa pública y su infraestructura de transmisión.
Además, Solaria suministraría el transformador para concretar esa conexión. Si bien UTE está licitando para adquirir este equipamiento, de concretarse la megainversión se cancelaría la compra pública.
El MOU implica por otro lado que Solaria aporte información societaria, financiera y de cronograma, así como los estudios necesarios para viabilizar el proyecto. Por su parte, UTE integraría un “Comité de Alto Nivel” y un “Comité Técnico y Comercial” dirigido por Presidencia de la República.
El acuerdo por 20 años
Si bien se habla de “esquema preliminar”, la UTE defiende que el proyecto supone “elementos favorables” para la empresa pública, entre ellos “un diferencial nominal positivo entre los precios base de compra y venta”. Es decir, que proporcionaría la energía para Solaria a un valor más alto de lo que le costará comprarla.
El modelo supone la suscripción de un Power Purchase Agreement (PPA). UTE compraría la energía generada en el parque de Solaria y a la vez le facturaría la energía que demande de la red pública.
Todos los contratos entre las dos partes serán por 20 años y con extensión automática por períodos adicionales de 20 años si se mantiene la demanda.
Eso conlleva la posibilidad de “penalización” a Solaria por “terminación anticipada del contrato de demanda”. Los informes descartan ese escenario bajo la premisa de que solo la primera fase –con el data center en Canelones– “es del orden de US$ 4 mil millones” y que “no es viable hacer una desinversión” de esa envergadura.
El MOU contiene además la proyección de que una vez que estén los contratos definitivos se establecerá un “compromiso anual de energía” y un “criterio de correlación entre un nivel mínimo de demanda y la capacidad de generación instalada”. Esto, según la UTE, es algo positivo porque “procura evitar” que la empresa pública “asuma obligaciones de compra de energía” a Solaria “sin una demanda suficientemente asociada”.
