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Caso Manini Ríos: las dudas de Colonización, un documento que no prueba nada y expedientes que "apenas se pueden leer"
El Instituto Nacional de Colonización (INC) comenzó a relevar decenas de documentos que le permitan determinar la situación legal del inmueble que tiene inscripto con el número 511, ubicado en el departamento de Artigas. El organismo busca determinar, lo más rápido posible, si el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y su esposa, la ministra de Vivienda Irene Moreira —propietarios de esa tierra— revisten la condición de colonos. La clave: determinar si incumplen la ley, al no residir en el predio ni tampoco explotarlo en forma directa.
Es una tarea que aparece compleja y que viene marcando el debate político en los últimos días. El relevamiento va desde 1970, cuando el INC adquirió ese campo, hasta 1997, cuando Manini Ríos se integró como propietario de una fracción a través de una sociedad anónima.
En el medio, hay una “enormidad de situaciones” que habrá que analizar para definir si esa propiedad sigue o no estando afectada a la ley de Colonización. Entre ellos hay unos 15 expedientes, algunos de los cuales —sobre todo algunos de los primeros años de la década de 1970—“apenas se pueden leer”. Así se lo dijo a El Observador el presidente de Colonización, Julio Cardozo.
Hasta ahora lo único que hay es un documento puesto sobre la mesa por el senador involucrando, en el que se indica que el inmueble “no es apto para Colonización, ni el comprador tiene perfil de colono”. Se trata de un escrito que le fue entregado a su suegro, Roque Moreira, cuando en 1971 adquirió el bien a través de una licitación abierta por la institución.
La interpretación que hace Manini Ríos es que ese papel demuestra que el campo en cuestión dejó de estar afectado a Colonización desde su venta. Sin embargo, jurídicamente, no es concluyente. Entre otras cosas porque, según explicó Cardozo, carece de la firma de los directores del instituto, condición indispensable según la normativa para determinar que un predio fue desafectado del organismo.
Sigue faltando, por tanto, la documentación que “realmente demuestre” que Colonización desafectó el predio referido. A partir del escrito aludido por Manini Ríos, precisó el director, ninguna transacción vinculada al campo pasó por el instituto.
Cardozo planteó algunos aspectos que “llaman la atención” sobre el proceso. El principal: que el INC en 1970 haya decidido comprar un campo de 2.500 hectáreas para, pocos meses después, venderlo al considerar que no tenía condiciones para ser colonizado. “Nosotros, cuando compramos un campo, lo revisamos a fondo a ver si tiene aptitudes para ser colonizado”, dijo el actual director.
Del otro lado, señaló que en 2014 el INC actualizó todos sus estados contables. Para eso, se realizó un relevamiento de todas las propiedades del instituto. Por ese mecanismo, agregó, quedó ajustado el registro de todos los colonos propietarios. A partir de esos resultados, precisó, jamás hubo advertencia sobre la situación legal de Manini Ríos. Ante cualquier sospecha de irregularidad, remarcó, “el Directorio de la época debería haber actuado, haciendo notar que ese predio estaba afectado a Colonización”.
Sumado a eso, consideró, está el hecho de que el actual senador fue durante cuatro años, entre 2015 y 2019, comandante en Jefe del Ejército. “Nadie notó que era colono”, sostuvo.
Se perdió la confianza
Tomando como bueno lo que afirma Manini Ríos, en el INC están "por el camino del medio, buscando que esto se aclare lo más rápido posible”, dijo Cardozo, que lamentó “el momento” en que esta discusión se generó. “Se interpreta con otras intenciones”, apuntó, en referencia a que el tema cae en plena recta final de la campaña por el referéndum sobre la ley de Urgente Consideración (LUC).
A través de sus abogados, Manini Ríos pidió por su parte acceso completo a todos expedientes vinculados al caso para efectuar, eventualmente, sus descargos. Deberá esperar que la asesoría jurídica del INC termine de analizar los resultados de la inspección efectuada en el campo. El trabajo comenzó este lunes y tiene 20 días de plazo.
El Directorio, en tanto, se reunirá este miércoles para discutir la "filtración" de los contenidos de esa inspección que, según Búsqueda, determinó que Manini Ríos y Moreira son colonos y por lo tanto incumplieron la ley. En el oficialismo se apuraron a aclarar que ese resultado no fue avalado por el organismo y que lejos está de constituir un dictamen final.
En la sesión, Cardozo declarará que “perdió la confianza” en la funcionaria a cargo de esa inspección, realizada por orden del director en representación del Frente Amplio, Andrés Berterreche. Lejos de atribuirle responsabilidad a su colega, el presidente remarcó que la inspectora “era la que tenía en custodia” el informe.
