Todo empezó en “tono de broma” en un grupo de Whatsapp de una veintena de trabajadores del colegio Santa María, Hermanos Maristas. Era una charla descontracturada, recayendo en los “lugares comunes sobre masculinidades”. Uno de los participantes, catequista de la institución, quiso escribirle por privado a otro colega que aflojaran, que “hay gente ahí (en el grupo de Whatsapp) que le puede molestar”. Y por error envió a todo el grupo:
“Acordate que hay una docente que se llama X que es catequista y que se come la empanada”. En el mensaje, nombra a la docente a la que hacía referencia.
Según relató el núcleo sindical del colegio, en un comunicado al que accedió El Observador, el “hostigador” enseguida se percató del error, borró los mensajes y pidió disculpas. Pero el daño estaba hecho, y el inicio del conflicto ya se había desatado.
Porque un integrante del grupo de Whatsapp, quien había leído los mensajes antes de que fueran borrados, advirtió a la dirección del colegio lo que había pasado. La institución activó el protocolo de discriminación —el que había sido acordado entre el sindicato, sociedad civil organizada y la directiva—, estuvo unas tres semanas investigando lo sucedido, recolectó testimonios y a fines de mayo decidió el cese del catequista “hostigador”.
¿Un despido por un insulto del que se disculpó? La magnitud de la medida “ejemplarizante” sorprendió al sindicato. Porque si bien los trabajadores organizados condenaron “el mensaje emitido por el trabajador por considerarlo discriminatorio y porque expone la orientación sexual de la compañera”, entienden que el procedimiento acabó maximizando el problema y que la sanción “no debió jamás ser la de despido”.
El director general del colegio, Adrián Arias, lamentó que “una investigación interna, en que se usó el protocolo” acabara exponiendo “todavía más a las partes”. Pero aclaró que la medida impuesta al trabajador “tiene que ver con las valoraciones y el rol de quien cometió la falta”.
Un catequista, encargado de la enseñanza de los principios católicos, se supone debía obrar de una manera ética y respetuosa con sus colegas. Incluso por privado. Ese fue el razonamiento.
En su comunicado, los trabajadores sindicalizados expresaron: “La distorsión ocasionada por la amplificación de los relatos y valoraciones de múltiples interlocutores que participaron durante el proceso, llevó a que no solo se difundieran versiones sobre el mensaje (que reiteramos fue borrado por su autor y por tanto dejó de existir en calidad de tal) con modalidades lingüísticas, discursivas y de contenido mucho más groseras, agresivas y discriminativas que el original, sino también a que se expidieran juicios de valor sobre la acción del trabajador (“X cometió un hecho gravísimo”), aún a estudiantes, en calidad de información oficial, en tanto fue transmitida dentro de la institución, a nivel intra y extra-áulico”.
El conflicto en los Maristas “de la Unión”, como le dicen a esta sede por su ubicación geográfica, no generó impacto en los estudiantes y padres. Pero algunos actores involucrados reconocen que abrió varios debates: ¿por qué persiste la discriminación por orientación e identidad sexual? ¿Cómo se sanciona una discriminación? ¿Cómo se lidia con los grupos de Whatsapp? ¿Cuál es el límite entre la esfera pública y privada? ¿Cómo reacciona un sindicato que ve vulnerado derechos de hostigador y hostigada? Y un largo etcétera.
