Los gigantescos niveles de corrupción en la Argentina kirchnerista y el Brasil del Partido de los Trabajadores (PT) obligan a Uruguay a precaverse del contagio de este cerco regional, para evitar lo que ya nos pasó con el dengue. La comparecencia del poderoso expresidente Lula ante el juez, en medio de un aparatoso despliegue policial, reavivó el escándalo en torno a Petrobras, que sigue cobrando víctimas e incluye también denuncias contra la presidenta Dilma Rousseff. Y la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en silencio desde su derrota electoral en diciembre, irá a declarar ante el juez, junto con sus principales asesores económicos, por una vasta tramoya en la venta de dólares a futuro.
En Brasil se tambalean el gobierno actual y las perspectivas de que el PT logre un quinto período en el poder. Antiguos aliados de Lula y de Rousseff los acusan de haber estado al tanto, y supuestamente beneficiarse, de las coimas por miles de millones de dólares distribuidas a cambio de contratos sobrepreciados de la petrolera estatal con diferentes empresas. En medio de la grave crisis recesiva que atraviesa el país, Rousseff enfrenta un posible juicio político para destituirla. Lula, por su parte, desafiante ante la acción de la Policía y la Justicia, anunció que se postularía para volver al gobierno. Pero no solo arrecian las protestas populares contra el PT y sus líderes. Sorprendió que, en medio de la batahola, subieran fuertemente la Bolsa de San Pablo y hasta los títulos de Petrobras, por aparente presunción de que se acerca la pitada final a la corrupción y al manejo ineficiente de la economía.
En Argentina ese proceso de limpieza ya ha comenzado desde la asunción del nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri. La expresidenta, su ministro de Economía, Axel Kicillof, y su presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, comparecerán en abril ante el juez Claudio Bonadío para responder por la venta fraudulenta de dólares a futuro, un negociado que produjo cientos de millones de dólares que nadie sabe donde fueron a parar. No es la única pesadilla judicial de Cristina Fernández. La Justicia, libre ahora de las trabas que le imponía el absolutismo kirchnerista, la investiga también por los oscuros negocios hoteleros en su feudo provincial de Santa Cruz y por su cuantioso enriquecimiento. En esta área está involucrada con Lázaro Báez, otro repentino millonario que manejaba los negocios del matrimonio Kirchner, incluyendo operaciones ramificadas a Uruguay. Y como si fuera poco, la roza ahora la renovada investigación por la muerte, probable asesinato, del fiscal Alberto Nisman hace un año, por denuncias del exjefe de Inteligencia Antonio Stiuso y la diputada Elisa Carrió contra ella y su entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Uruguay por ahora se mantiene al margen de estos escándalos. La corrupción de personalidades uruguayas ha estado limitada al caso Figueredo en el mundo del fútbol y a algunos funcionarios y profesionales de distintas áreas en los últimos años. Pero nuestros dos grandes vecinos están demasiado cerca como para pensar que somos inmunes al contagio. Ya existen indicaciones de que algunos negocios turbios, especialmente del kirchnerismo, han involucrado a actores domésticos. Esto impone redoblar la vigilancia para evitar que nos llegue la infección que ha empezado a curarse en Argentina pero que todavía perdura en Brasil.
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