China y Hong Kong se pelean por la ley de extradición

Los activistas llegaron a tomar oficinas gubernamentales, además de detener el transporte público y hacer una sentada en el aeropuerto para “concientizar” a los turistas. Durante las últimas semanas los conflictos violentos entre manifestantes y policías se agravaron, por lo que la conducta de los agentes es un tema central debido a la fuerza que utilizan contra quienes protestan.

La ley de extradición establece que los sospechosos de haber cometido un delito que residan en Hong Kong pueden ser extraditados a China continental. China sostiene que esta ley es clave para garantizar que Hong Kong no sea un refugio para los delincuentes. Pero para los manifestantes esta ley podría convertirse en una herramienta para que las autoridades de la República Popular tengan el poder de extraditar a sus opositores políticos para que sean juzgados en China continental, donde no está garantizado el respeto de sus derechos.

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A los protestantes les preocupa que la reforma marque el fin de la política de “un país, dos sistemas” y sea el fin de los derechos civiles que tienen los residentes de Hong Kong desde que la ciudad dejó de estar bajo control del Reino Unido en 1997. Según publicó el medio digital El Diario de España, un 99% de las personas juzgadas en China son declaradas culpables.

La diferencia entre Hong Kong, un centro financiero internacional ubicado en la costa sur de la República Popular, y China son las libertades que se le niegan a los ciudadanos en el continente, como la libertad de expresión y el acceso a internet. Hong Kong cuenta con sus propias leyes, sistema de gobierno y fuerza policial.

Las masivas manifestaciones –de aproximadamente dos millones de personas– consiguieron que el Ejecutivo de Hong Kong suspendiera temporalmente el polémico proyecto de ley y que la jefa del gobierno local, Carrie Lam, pidiera disculpas por haber provocado “conflictos y disputas”. La inmensa mayoría de los manifestantes se vistió de negro en señal de duelo por la pérdida de libertades que, a su juicio, está viviendo la ciudad en los últimos años y que se terminó de concretar el proyecto de ley impulsado por Lam. Para la jefa ejecutiva el proyecto era necesario para poder garantizarles justicia a las víctimas, y explicó que la ley se propuso por el caso de un hombre acusado de asesinar a su pareja en Taiwán y luego haber huido a Hong Kong para evadir la justicia.

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Casi una semana después de haber iniciado las protestas, Lam anunció que el criticado proyecto estaba “muerto”. En sus declaraciones más conciliadoras desde el inicio de las manifestaciones, hace un mes, la jefa del gobierno admitió que los intentos de su Ejecutivo para aprobar el proyecto de ley resultaron ser "un fracaso total".

La última jugada de los manifestantes, luego de dos meses de protestas y conflicto con la policía, fue hacer una sentada multitudinaria en el aeropuerto de Hong Kong, el número ocho en el mundo.

El aeropuerto suspendió todos los registros de pasajeros debido a las manifestaciones que generaron el caos por la cancelación de cientos de vuelos que llevó a la jefa del ejecutivo local a denunciar el riesgo de abocar a la ciudad a un "camino sin retorno". Esta actividad fue una manera para los manifestantes de sensibilizar a los viajeros extranjeros en su causa, que lleva más de 5.000 activistas. Por la noche, en las afueras del aeropuerto, un grupo de policías antidisturbios utilizó gas pimienta contra algunos manifestantes, mientras trataban de escoltar a un hombre trasladado en una ambulancia, para despejar el camino, según explicó un periodista de la AFP. 

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la situación en Hong Kong es "muy difícil" pero que esperaba que se pueda resolver de forma "pacífica", sin que nadie "muera". 

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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también expresó su preocupación por la represión de esas protestas y reclamó una "investigación imparcial" en la excolonia británica.

China dirigió su advertencia más dura desde el inicio de la movilización hace diez semanas, a través de videos difundidos por sus medios oficiales en los que se muestra a las fuerzas del orden preparándose en la frontera de la región semiautónoma.

Con información de agencias