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Ciudadanos desplazados en la antigua Alemania Oriental luchan por ser compensados
Marie-Luise Troebs era una niña de 10 años cuando en 1961 su familia fue obligada a abandonar su casa y la ciudad de Geisa en la República Democrática de Alemania (RDA), nombre oficial de la Alemania del Este, dentro de la órbita de la Unión Soviética.
De aquella época sólo le quedan tristes recuerdos y un mueble en miniatura de su casa de muñecas, que también perdió para siempre.
Más de seis décadas después, Troebs finalmente ve un “destello de esperanza” en su lucha sin fin por recibir una compensación del gobierno.
El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), del canciller Olaf Scholz, quiere ampliar el número de alemanes orientales calificados como víctimas de injusticias a manos de las autoridades comunistas con derecho a ser indemnizados.
En 1945 y 1961, unas 12.000 habitantes de las zonas limítrofes entre la RDA y la República Federal de Alemania (RFA) fueron alejadas de la frontera. De esas 12.000 sobrevive solamente un millar.
Las autoridades justificaron las acciones al señalar que necesitaban espacio para construir infraestructura en la frontera y remover personas consideradas una amenaza al orden y la seguridad en la zona limítrofe.
Policía armada
En la mañana del 3 de octubre de 1961, Troebs y su familia, de regreso de la iglesia, recibieron la orden de hacer las maletas y subirse a un camión estacionado frente a su casa.
“Nos llevaron a la calle delante de todos, como si fuéramos criminales”, cuenta Troebs a AFP entre lágrimas en su casa actual en la ciudad de Erfurt, a unos 130 kilómetros de Geisa.
“Mi padre se preguntó hasta el día en que murió qué habíamos hecho de malo”, contó.
Inge Bennewitz, de 82 años, era estudiante en Potsdam cuando sus padres fueron expulsados de la aldea de Doemitz, a orillas del río Elba.
El trauma dejó “una cicatriz que nunca sanó” en sus vidas, dice.
En su nueva casa más al oeste, en Zoelkow, “sólo había dos pequeñas habitaciones, sin cocina y el inodoro estaba en el patio”, recuerda. “De repente, no teníamos nada”. Su familia fue calificada como “incorregible” por un diario local.
“Nunca fui al centro del pueblo por miedo de que me escupieran en la cara”, relata Bennewitz, quien dirige un grupo de investigación sobre desplazados por la fuerza.
“Este trauma debe ser reparado por la sociedad, de lo contrario no tendremos paz”, dice Troebs, dirigente de una asociación de exciudadanos de la RDA que reclaman compensación.
Solicitan reparaciones por € 20.000 euros (US$ 21.700) para cada víctima.
Carga de la prueba
Alemania comenzó en 1992 a compensar a las víctimas de injusticias cometidas por el gobierno de Alemania del Este, como exprisioneros, trabajadores forzados y personas separadas de sus hijos.
Pero no a los desplazados por la fuerza. Debido a que no fueron identificados como un grupo específico, el proceso para solicitar compensación fue complejo y exige una elevada carga de prueba.
“Los eventos de 1952 y 1961 fueron hace mucho tiempo y los documentos de la época están incompletos”, explica Evelyn Zupke, principal autoridad gubernamental a cargo de compensar las injusticias de ese período.
Personas desplazadas por la fuerza fueron excluidas también de la pensión mensual, actualmente de 330 euros, que se paga desde 2007 a las víctimas de persecución política en Alemania Oriental.
Electa al cargo en 2021, Zupke trabaja con legisladores y asociaciones para ampliar el alcance de las leyes de compensación.
“Yo les diría a los políticos que realmente debemos apurarnos y honrar a las personas desplazadas que aún están vivas”, sostiene Zupke, quien celebra la iniciativa del SPD y urge tener una ley para este año.
(Con información de AFP)
