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Cláusula habilita a UPM a retirar la inversión por “conveniencia”
Luego de casi tres años de negociaciones, la empresa finlandesa UPM anunció este martes la instalación de su segunda planta de celulosa en la zona de pueblo Centenario en Durazno, donde invertirá US$ 3.000 millones, la más grande de la historia del Uruguay.
Antes de anunciar la decisión, la empresa y el gobierno firmaron el 15 de julio un "contrato complementario" que le permite a los finlandeses retirarse por "conveniencia" y a su "entera discreción" siempre y cuando avise por escrito un año antes. El abogado Hoenir Sarthou, integrante de uno de los colectivos que se oponen a la planta dijo que esta cláusula era una "trampa" que explica por qué la empresa "aceptó anticipar la decisión de invertir, haciéndole una gauchada electoral al partido de gobierno".
La empresa tenía hasta febrero de 2020 para anunciar su inversión, de acuerdo con el contrato de inversión firmado en 2017, pero decidió hacerlo varios meses antes con el objetivo de no quedar inmiscuida en el ciclo electoral firme.
Entrevistado en Informativo Carve, Sarthou dijo que el acuerdo le permite a los finlandeses rescindir el contrato en cualquier momento, “sin pagar multa o indemnización”. “El gobierno está interesado en presentar esto como un avance, cuando en realidad UPM no quedó más comprometida”, dijo. "Ahora se entiende por qué", señaló.
Fuentes judiciales consultadas por El Observador dijeron que es normal que en contratos grandes se establezcan cláusulas específicas que son negociadas entre las empresas y los gobiernos.
El texto fue firmado el 15 de julio por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, el prosecretario Juan Andrés Roballo y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, que habían sido designados por el Consejo de Ministros, mientras que por UPM participaron el vicepresidente del proyecto Javier Solari y el director de desarrollo de negocios, Gonzalo Giambruno.
Entre los tres mecanismos que establece para finalizar el contrato, el segundo permite a UPM hacerlo por “conveniencia” y a su “entera discreción”, siempre y cuando avise por escrito un año antes.
En este caso, no tendrá derecho a recuperar los costos asumidos y deberá devolver los costos que ya haya recuperado por la contratación de los servicios del proyecto ferroviario.
Esa decisión hará que Uruguay le revoque todos los “derechos y beneficios otorgados”, incluyendo las extensiones de los plazos de la autorización de explotación y los contratos de usuarios de la Zona Franca explotada por UPM en Fray Bentos.
El acuerdo exime a la empresa finlandesa de “responsabilidad adicional” aunque no excluye la reparación de otros perjuicios que sus actos puedan ocasionar al Estado uruguayo.
Los otros dos mecanismos son si se producen “incumplimientos”. En ese caso, tanto la empresa como el gobierno pueden rescindir el contrato si se producen incumplimientos “graves y sustanciales” que no sean subsanados en 180 días.
