Sala de abogados tiene su informe final.

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Colonización y el campo de Manini: un informe y una definición política laudará la polémica

Directorio recibió informe final de la sala de abogados y dictamará sus conclusiones.
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06 de noviembre de 2022 a las 05:00

El Instituto Nacional de Colonización (INC) se apresta a definir en las próximas semanas una polémica que acaba de cumplir un año y que, sea cual sea su determinación, traerá efectos políticos. El directorio de la institución laudará si el senador y líder de Cabildo Abierto, encaminado ya a una nueva candidatura presidencial, es o no colono. La intención es cerrar este asunto - que se ha dilatado en el tiempo y que ha sumido en dificultades varias al organismo- antes de fin de año. 

El tema se acerca a la etapa de definición. Fuentes de la institución confiaron a El Observador que la sala de abogados del INC tiene pronto su informe final. Ese documento - que se maneja en forma absolutamente reservada-será elevado en los próximos días a consideración del directorio que, de todas formas, no está obligado a seguirlo y cuya definición será, también,eminentemente política. 

El tema está sobre la mesa desde octubre del año pasado, cuando el semanario Búsqueda reveló los resultados de una inspección técnica efectuada a un predio de 2.856 hectáreas en Artigas, que pertenecen a una sociedad integrada por Manini, su esposa Irene Moreira y su suegro, el coronel retirado Roque Moreira. Todos, indicó ese estudio, son "colonos propietarios" por lo que deberían trabajar en forma directa el campo y residir allí. 

Se trata de un proceso que, según pudo saber El Observador, ha sido seguido de cerca desde la Torre Ejecutiva. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, llamaba habitualmente a los directores para saber "cómo venía el tema". y cuándo habría una definición. 

El Poder Ejecutivo viene siguiendo en forma discreta pero atenta el tema. En junio de este año el presidente Luis Lacalle Pou había considerado “razonables” las explicaciones públicas de Manini sobre el tema, aunque destacando que esperaba el dictamen oficial del INC. Un tibio respaldo que generó veladas críticas del líder de Cabildo, para quien el mandatario "pudo haber sido mucho más contundente" en sus declaraciones. 

"Las presiones políticas son insoportables" había asegurado por su parte, por la misma fecha, el director opositor en el INC, Andrés Berrteche. 

Las demoras obecedieron a varias razones. Más allá de tratarse de un asunto complejo y delicado - y que además un integrante de la sala se fue de licencia-, hubo varios recursos que los abogados de Manini y familia presentaron y que fue necesario atender. El senador pidió una extensa diligencia de pruebas ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relativas a los registros ante la Dirección de Contralor de Ganado (Dicose). Ese secretaría demoró 40 días en entregar la información. Luego de eso se abrió un período en el se dio vista a Manini para acceder y analizar esos informes. 

Las dos posturas

Tanto a favor como en contra de los intereses de Manini existen una serie de informes que - a su modo - son concluyentes. En junio de este año la asesoría letrada de Colonización ratiticó los resultados de una inspección efectuada por técnicos del organismo en octubre del año pasado  y que detonó todo el asunto. La conclusión, difundida por el semanario Búsqueda, indicó que Manini, su esposa y su suegro tienen la condición de colonos, al estar afectado el predio en cuestión las obligaciones previstas en la ley. 

Manini, en cambio, optó por anexar como descargo un documento de 38 páginas que le encargó a Enrique Guerra Daneri, excatedrático de Derecho Agrario de la Universidad de la República. En ese documento, que fue revelado por El Observador, el especialista afirmó que el INC cometió en su momento dos "claros equívocos" que termimaron provocado los "problemas y confusiones" que hoy existen sobre el tema.  El primero, que el organismo adquirió en su momento un campo que no tenía condiciones para ser colonizado. El segundo, que después se lo terminó vendiendo a personas que por su situación económica no podían ser colonos, pero que igual fueron integrados al régimen colonizador. 

Para demostrarlo también se anexa una profusa documentación. Por ejemplo en enero de 1975 se optara por "rectificar el error" y firmar un nuevo compromiso compra-vemta en donde los predios en cuestión aparecen bajo el amparo del artículo 127 de la ley de Colonización por lo que - según la interpretación de la postura de Manini - allí no se debía cumplir con las obligaciones de un colono. 

 Para Colonización, sin embargo, eso no le da razón automáticamente a Manini. "Es un artículo que genera diferentes interpretaciones" había dicho en marzo a El Observador el presidente del INC, Julio Cardozo. 

La interpretación del alcance jurídico de esta norma definirá el destino del asunto. 

En el medio está el fallo de un tribunal de honor del Ejército que en 1974 determinó una sanción al entonces teniente coronel Roque Moreira por habe cometido una "falta grave con agravantes" al haber efectuado una compra de tierras que "tuvo que ser realizada" con las condiciones que debían reunir los aspirantes a colonos. Sus camaradas consideraron que Moreira actuó allí con "imprudencia" al firmar un compromiso compra-venta que sabía no podía cumplir, "comprometiendo con ello el prestigio" de la fuerza. 

Más allá del dictamen de la sala de abogados del INC, por mayoría el directorio decidió contratar una consultoría externa que también deberá expresarse sobre el asunto. Según pudo saber El Observador, la opinión de esa consultoría será considerada al margen del dictamen que emitan los profesionales de la institución. El argumento por parte del oficialismo es la necesidad de "otorgarle todas las garantías" a Manini en el proceso. 

Al tratarse de de un suceso ocurrido hace medio siglo, el relevamiento de la documentación representó un severo desafío. Muchas partes del expediente, afirmaron las fuentes, resultan ilegibles o directamente están destruidas. 

Con todo, el informe final no tiene carácter vinculante para los directores del INC, que no estarán obligados a seguir lo indicado en el dictamen. Con solo tres votos de cinco, la definición si Manini es o no colono será definida por mayoría simple. 

Si Manini y su núcleo familiar resultan ser colonos, el tema derivará en previsibles consecuencias políticas, ya que el líder de Cabildo Abierto habría incurrido en varias irregularidades. La principal sería haber votado en 2020 los artículos 357 y 358 de la ley de Urgente Consideración. Por esa vía se desafectaron de la órbita del INC los campos provenientes de colonias del Banco Hipotecario, y se flexibilizaron además las condiciones a cumplir por los colonos en cuanto a trabajar la tierra en forma directa o residir en el predio. Se trata de cambios que, eventualmente, habrían beneficiado a Manini en forma directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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