Comisión sumó casi 450.000 firmas para el referéndum contra la LUC a dos meses de que venza el plazo

Aunque aún restan otras 229 mil firmas para llegar a las 675 mil necesarias para convocar el referéndum, el sindicalista valoró que los representantes se hayan dado "maña" para conquistar una "magnitud muy importante" de adhesiones pese al contexto pandémico. Si bien dijo que la recolección "no ha sido fácil", aseguró que ve con optimismo y asume con una "dosis de energía positiva" el plazo restante de 60 días para llegar al 25% del padrón electoral requerido.

De mantener el ritmo actual, la comisión no alcanzaría las firmas necesarias para convocar la consulta antes del 9 de julio. Desde el pasado 18 de marzo, las organizaciones que la impulsan adelantaron 192.806 rúbricas y ahora le restan 229.474, por lo que deberían acelerar su adhesión de 3.637 en promedio por día a 3.824.

"Nos quedan 60 días para facilitar que el pueblo se pronuncie, para ir a un mecanismo de democracia directa. Lo que estamos proponiendo es que, efectivamente, el cuerpo electoral y la expresión de la ciudadanía puedan expresarse en breve sobre una ley que, consideramos, es retrógrada, injusta y que no debería estar vigente en nuestro derecho hoy. Por eso es que promovemos un reférendum", explicó durante la conferencia el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien animó a "redoblar" el esfuerzo en el tiempo restante.

Su discurso fue precedido por el de Ignacio Errandonea, representante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que en esa misma línea expresó: "Llamamos a todas y a todos a participar este 20 de mayo en la Marcha del Silencio, que va a ser virtual, pero, a su vez, hará un esfuerzo grande para seguir juntando firmas".

Por su parte, la integrante de la Intersocial Feminista, Soledad González, señaló que la LUC "perjudica especialmente a las mujeres" y, aunque dejó entrever que tenía varios puntos para desarrollar, prefirió enfocarse en los desalojos y en aquellas que sufren violencia de género.

"Me gustaría poner sobre la mesa un tema que afecta a una población muy vulnerada, que son las mujeres que tienen a sus parejas privadas de libertad y muchas veces, bajo extorsión, entran a la cárcel 10 o 15 gramos de marihuana, que cualquiera puede tener de forma legal en la vía pública en este país, y terminan presas durante cuatro años sin poder reducir pena. Eso es una tremenda injusticia y una bestialidad", señaló.