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Cómo trabaja el órgano que da directrices a los fiscales y se quiere derogar
Establecer qué delitos son más importantes y priorizar su persecución penal; fijar criterios a los fiscales a la hora de otorgar beneficios a los imputados dispuestos a aceptar su culpa y pactar una resolución alternativa de su caso; o definir líneas precisas de actuación en las investigaciones preliminares. Esas son algunas de las funciones que tiene el Consejo Honorario de Instrucciones Generales, un órgano que hoy es cuestionado por el gobierno y que comenzó a discutirse este miércoles en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, con la comparecencia del fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien defendió la existencia de este órgano.
En los hechos –pese a que no hay consenso en la coalición de gobierno al respecto– el Poder Ejecutivo planteó en el proyecto de ley de presupuesto la derogación de este ámbito y, según dijeron fuentes políticas a El Observador, de no prosperar la iniciativa se planteará otro proyecto de ley para modificar su integración.
Se trata de un consejo que fue creado por ley en 2016 y en donde tiene representación el gobierno, la Fiscalía General de la Nación, la Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica, el Colegio de Abogados –como sociedad civil–, y la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. La ley marca que haya un representante por cada actor, pero es frecuente que en las sesiones –que tienen una frecuencia mensual– asistan más de una persona por institución.
Todos ellos deliberan de acuerdo a los intereses que representan, y acuerdan –siempre por mayoría absoluta, como marca la ley– las instrucciones que luego deben seguir los fiscales en su trabajo diario.
Por Fiscalía asiste siempre Jorge Díaz; por el gremio de los funcionarios acuden el secretario general, William Rosa, y la vicepresidenta, Patricia Rodríguez; por la Udelar suelen ir los abogados Florencio Macedo –penalista reconocido por defender a Martín Mutio, el imputado por las 4,5 toneladas de cocaína incautadas en Alemania en 2019–, y el procesalita Gabriel Valentín; y en representación del Colegio de Abogados es habitual que asista su presidente, Diego Pescadere.
El cambio de gobierno en marzo de este año tuvo como consecuencia natural el cambio de los representantes del Poder Ejecutivo, pero también se sustituyó el organismo representado. Entre 2017 –cuando comenzó a funcionar el Consejo Honorario– y principios de 2020, por el gobierno solían ir el entonces secretario y prosecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma y Juan Andrés Roballo.
Sin embargo, según indicaron a El Observador participantes del ámbito, desde que Jorge Larrañaga asumió como ministro del Interior asisten al órgano representantes directos de la cartera de seguridad –aunque en una ocasión también asistió el actual prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés–. A las últimas sesiones fueron el subsecretario de la cartera, Guillermo Maciel, el director general de la Secretaría, Luis Calabria, el director nacional de la Policía, Diego Fernández, y el subdirector Héctor Ferreira, entre otros.
La presencia del Ministerio del Interior en el consejo generó cambios en las discusiones regulares, como la solicitud realizada en una de las últimas sesiones, en la que la secretaría de Estado planteó la priorización de cinco delitos en particular, como informó El País semanas atrás. Los ilícitos que Larrañaga pidió priorizar –tema que todavía está pendiente definir– son el abigeato, el narcomenudeo o microtráfico de drogas, receptación, delitos de violencia sexual y lesiones graves y gravísimas.
Antecedente polémico
Las fuentes consultadas coincidieron en que en la dinámica de funcionamiento no se imponen "visiones" particulares de los actores que participan del órgano, pese a que haya algún caso que contradiga la regla, como ocurrió en junio del año pasado.
En ese momento, Toma y Roballo promovieron una resolución por la cual se definió enfatizar la persecución del delito de defraudación tributaria, en base a dos casos concretos que habían tenido alcance mediático, uno de los cuales tenía como protagonista al hoy diputado blanco Rodrigo Blas. El también actual candidato a intendente había sido acusado por la Dirección General Impositiva de ser parte de una maniobra para evadir impuestos que correspondían a la venta de terrenos de una empresa de la que es apoderado, Javipark SA, pero su caso había sido archivado porque no había tenido avances significativos luego de cuatro años de indagatoria.
La investigación no se retomó porque fue archivada con anterioridad a la nueva resolución que otorgaba interés público al delito de defraudación tributaria, pero el argumento presentado por Presidencia fue entonces criticado por otros integrantes del consejo –como el fiscal Rosa–, y por dirigentes como el colorado Pedro Bordaberry, que por esos días publicó en Twitter que "el cambio de instrucciones a los fiscales promovida por Presidencia es gravísimo".
En rueda de prensa luego de la comisión, Díaz señaló que derogar este órgano supondría "un daño tremendo al funcionamiento de la Fiscalía", y que además significaría que "el sistema político se termine pegando un tiro en el pie, porque es a través de las instrucciones generales como se marca de alguna manera una política criminal hacia los fiscales".
Si la coalición no acuerda derogar el consejo, el Poder Ejecutivo tiene los planes de modificarlo de forma de aumentar la representación del gobierno e incrementar la incidencia en las decisiones que se toman allí. Esa idea, manejada por el Ministerio del Interior, ya fue trasladada a la bancada de diputados del Partido Nacional.
“El gobierno nos trasladó esa posibilidad. El Poder Ejecutivo, que es quien debe definir la política criminal, tiene una presencia casi testimonial en el Consejo Honorario”, dijo a El Observador el diputado blanco Juan Martín Rodríguez.
Consultado sobre la intención de los cambios, el penalista Macedo dijo por su parte que desde la Udelar se entiende "positivo" la existencia de un órgano "que se encarga de una regulación genérica en aras de que haya reglas claras y que se mantenga el principio de igualdad, sin quitarle la independencia técnica de los fiscales". Además, agregó que en todos los países en donde rige un sistema acusatorio, como ocurre en Uruguay desde noviembre de 2017, existe un consejo de este tipo.
Rosa sostuvo que los fiscales también apoyan la existencia del órgano, aunque entienden que necesita mayor representación del Ministerio Público.
