Compromisos laborales

En relaciones laborales, se aguarda que se lleven a la práctica, los compromisos asumidos en el documento Compromiso por el país (Compromiso). En él se expresa: “Nuestro compromiso es desarrollar un sistema de relaciones laborales que atienda a los legítimos intereses de todas las partes, y que favorezca la búsqueda de acuerdos como alternativa a la cultura del conflicto”.

El primer compromiso es restablecer el equilibrio en el tratamiento de los intereses laborales, tal como estaba en los programas de gobierno de los partidos opositores. Estos partidos dijeron que el gobierno tuvo sus intereses primordialmente focalizados en favorecer a los sindicatos, no guardando el equilibrio que se esperaba.

Los partidos coaligados asumieron el deber de tener una actitud de atenta escucha a lo que dicen los actores sociales, y de aportar propuestas favorecedoras de acuerdos razonables y equilibrados. El gobierno es un actor político cuyo rol debería ser el de ayudar, facilitar, colaborar, trabajar en equipo con los actores sociales, para lograr que éstos, con sus propias herramientas de diálogo y negociación, alcancen consensos.

El segundo compromiso refiere a la negociación colectiva. Van a continuar funcionando los Consejos de Salarios (CS), “(…) como pieza clave del sistema uruguayo de relaciones laborales”. Este es un órgano de integración tripartita (gobierno y actores sociales), donde se fijan los aumentos de salarios y los salarios mínimos por categorías, y la licencia sindical. Allí también, los actores sociales pueden acordar el resto de las condiciones de trabajo.

Según el Compromiso, la idea es “(…) defender el poder de compra del salario, y en particular, de los salarios sumergidos”. El gobierno pondrá a consideración de los actores sociales, lineamientos generales para la negociación colectiva de salarios, los que podrán ser ajustados en función de la realidad económica de cada sector.

En este marco, se propone crear un Consejo Técnico tripartito, que provea de información sobre el estado de situación económica de cada sector. Este insumo permitirá negociar salarios más acordes a cada realidad, de manera de proteger el empleo.  El propósito es “(…) avanzar hacia convenios sectoriales que reflejen la diversidad de situaciones y las condiciones económicas particulares de los diferentes sectores”.

Se sostiene que para que el salario real crezca en forma sostenible, se tendrían que mejorar los niveles de productividad. Opino que los actores sociales deberían acordar sobre cómo se resuelve este tema, contando con estudios técnicos independientes, respecto a su viabilidad para un sector de actividad, entre otros puntos. Para que esto funcione, se requiere un gran compromiso, que pasa por hacer realidad el trabajo en equipo, sin apego a ideología o preconcepto alguno. Debe practicarse el trabajo colaborativo entre empleadores y trabajadores, que prevalece en los países inteligentes y desarrollados. Todos tienen que empujar el carro hacia adelante y no dar pasos para atrás o trabar su andamiaje.

El tercer compromiso es levantar las observaciones de la OIT a la ley de negociación colectiva. Para ello, se debería consensuar un proyecto de ley con los actores sociales. Si no hay acuerdo, igual el gobierno podría enviarlo al Parlamento. Si esto ocurre, el tránsito legislativo será trabado, donde el FA se coaligará con la central sindical para que no se apruebe, generándose un clima complicado.

Para cumplir en forma integral con la OIT, habría que cambiar la matriz de la negociación colectiva. Se debería sustituir la negociación tripartita en los Consejos de Salarios, por una negociación colectiva bipartita. Transitar este cambio, que es posible si hay voluntad de los actores sociales, no será fácil. Existe una historia consolidada de negociación colectiva tripartita. Innovar en una cultura laboral conservadora como la nuestra, comporta riesgos de alteración de la paz laboral y social.

El cuarto compromiso es “(…) legislar para crear Tribunales de Conciliación y Arbitraje, e incorporar en la legislación mecanismos supletorios de resolución de conflictos”. En este punto anoto que en el 2014 propuse crear un centro privado de Conciliación y Arbitraje, con financiación de los actores sociales, con una dirección técnica profesional, y con un equipo de conciliadores y mediadores. Este centro significaría una buena solución para la gestión de los conflictos laborales, con la participación de expertos independientes, sin injerencia del gobierno.

En el Compromiso no figura la derogación del Decreto 165/2006, que legitimó las ocupaciones. Sin embargo, en los programas de gobierno de los partidos coaligados, se propuso derogarlo. Opino que la justicia ya laudó en no admitir esta medida de hecho ni los piquetes. Es hora de dar una señal de que en Uruguay se respetan los derechos humanos fundamentales reconocidos en la Constitución (libertades de trabajo y de empresa y derecho de propiedad), que son vulnerados con estas medidas de hecho