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Villas miserias asentadas en la ciudad de Buenos Aires.

Economía y Empresas > Argentina

Con 40% de pobres, hay pelea interna en el peronismo sobre cómo gestionar la asistencia estatal 

El sector tradicional apuesta al rol de los intendentes para reforzar el vínculo con el electorado. Pero los piqueteros reclaman un “salario universal” y cambiar planes sociales por empleo.

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03 de octubre de 2021 a las 05:00

El calendario de datos estadísticos reservó para esta semana uno de los momentos más amargos del gobierno argentino: la difusión del dato de pobreza. Y si bien el número dio una leve mejoría respecto del semestre anterior, la cifra sigue siendo impactante: un 40,6% de pobres, con el agravante de que subió a 10,7% la cantidad de indigentes -es decir, gente que no tiene ingresos suficientes como para pagar una canasta alimentaria-.

Puesto en números, son más de 18 millones de pobres. Si se focaliza la incidencia de la pobreza en la población infantil, se llega a la impactante cifra de 54,3%.

Siempre la difusión de este dato significa un golpe para los gobiernos, pero si se trata de un gobierno peronista, el impacto es mayor aun, porque pega en la línea de flotación del discurso. El peronismo es el partido que basa su apoyo social en la distribución de la renta y en las políticas que priorizan el ingreso por encima de otras variables económicas.

Para peor, son días de cierre de la campaña para las elecciones legislativas, y los datos demostraron que allí donde la pobreza se agravó hubo un revés electoral. Esto incluyó a provincias históricamente peronistas, como Chaco o Entre Ríos, donde la estadística reveló niveles de pobreza superiores al 50%.

Pero, más allá de la contundencia de los números, lo que acaso preocupe más al gobierno de Alberto Fernández es que estas cifras -correspondientes al primer semestre del año- se dan en simultáneo con un fuerte rebote de la economía.

Es por eso que no hubo amagos de festejo por la leve mejoría -el dato anterior había dado 42%-. El año pasado, el agravamiento de los índices sociales quedaba “justificado” por las consecuencias económicas de la pandemia, que hicieron perder empleo y hundieron al PBI un 9,9%.

Pero ahora, cuando el gobierno proyecta que el año terminará con una recuperación de 8% y con industrias que ya superaron su nivel de actividad previo a la pandemia, el hecho de que la pobreza se mantenga en esos niveles desnuda falencias para lograr que la recuperación llegue a los estratos más bajos de la sociedad.

Acusaciones cruzadas en la coalición peronista

Ese es el debate que está en el centro de las peleas internas de la coalición gobernante. Una facción cree que la mejora en los indicadores vendrá naturalmente como consecuencia del crecimiento económico. Básicamente el ministro de economía, Martín Guzmán, es quien lidera esa postura, apoyado por el sector más “centrista” del peronismo.

Pero enfrente, el núcleo duro del peronismo cree que faltó firmeza para “captar rentas” de los sectores más favorecidos, así como para expandir el gasto público en una política de redistribución. La propia Cristina Kirchner le recriminó en público a Guzmán -lo cual implica, indirectamente, una crítica al presidente Fernández- por haber sub-ejecutado el presupuesto, donde se preveía un déficit fiscal de 4,5% pero todavía no se llegó a un 3%.

Esto dio lugar a un inédito debate entre miembros del propio gobierno respecto de si se está aplicando una política de ajuste fiscal. El ministro alega que, lejos de ser austero, él expandió el gasto, pero el déficit se achicó como consecuencia de la gran recaudación tributaria, a la que contribuyeron los altos precios internacionales del agro y la instauración de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas.

Pero la explicación no termina de conformar a los kirchneristas más preocupados, que sienten que el gobierno está traicionando sus principales postulados. Es así que se cuestiona el hecho de que se haya adoptado medidas para favorecer a la clase media alta, como la exoneración del impuesto a las ganancias para los asalariados que cobran más de US$ 1.700. En la Argentina de hoy, ese segmento es una minoría, la “crema” de la pirámide asalariada, en un contexto de informalidad laboral que supera un 30%.

Los críticos recuerdan que mientras el ministro Guzmán avalaba esa medida pro-clase media, se oponía a continuar con la asistencia que se había dado el año pasado a los segmentos más pobres, con el argumento de que la emergencia económica del covid ya había pasado y que no se podía financiar ese gasto fiscal.

Por otra parte, si bien es cierto el argumento de Guzmán en el sentido de que se expandió el gasto y que hubo una recuperación del salario, también es verdad que hubo sectores de la sociedad que sufrieron el ajuste por la vía inflacionaria. En particular, los jubilados, que por culpa del cambio de la fórmula indexatoria perdieron poder adquisitivo. Visto de otra forma, el fisco se “ahorró” un 9% de gasto en masa de jubilaciones respecto del año pasado.

La nueva categoría: asalariados pobres

Lo cierto es que la pobreza pasó a ser el centro absoluto del debate político en el país. Y el dato que alarma a todos es que ser pobre ya no es sinónimo de vivir en los barrios marginales y dedicarse a tareas informales y de baja calificación. Por el contrario, hoy hay asalariados del sector formal que han caído en la pobreza.

Para ponerlo en números, un hogar promedio en el que haya dos ingresos de salario mínimo y dos asignaciones por hijo no llega a cubrir los US$ 680 (convertidos al tipo de cambio oficial) que cuesta una canasta básica.

Esta situación llevó a los politólogos cercanos al peronismo a diagnosticar que la derrota electoral en las primarias se debía a la caída de esa clase media-baja. Se trata de un 40% de la población que no es lo suficientemente rico para cubrir sus necesidades, pero tampoco lo suficientemente pobre como para ser beneficiarios de la ayuda directa del Estado.

Todos estos debates llevaron al gobierno a la consigna de dar una respuesta contundente. Tras el recambio de gabinete, se nota un esfuerzo por mostrar hiperactividad, con una estrategia de anuncios cotidianos de medidas económicas. Ya sea medidas sobre el agro, el comercio, el empleo o la cuestión social, el denominador común es “poner plata en el bolsillo de la gente”.

Los economistas ya advirtieron alarmados que esto implicará una expansión monetaria de un billón de pesos, y todos apuntan a que no solamente se quebrará la tendencia descendente de la inflación sino que se están generando las condiciones para una crisis devaluatoria el próximo verano.

Pero hoy, para el gobierno peronista, el verano es largo plazo. Antes hay que pasar el trance de las elecciones legislativas de noviembre -y las primeras encuestas arrojan proyecciones de una derrota aun más aguda que la registrada en las primarias-. Y, sobre todo, hay que recomponer una mística de gobierno que ahuyente los fantasmas de una ruptura de la coalición.

Entre el reclamo piquetero y el debate presupuestal

Pero aun con ese convencimiento, el gobierno no se libra de las discusiones internas. Ocurre que no todos concuerdan sobre cómo se debe repartir los fondos.

El nuevo jefe de gabinete, Juan Manzur, es gobernador de la provincia de Tucumán, es un típico representante del peronismo clásico. Y, como tal, cree en el poder de los “intermediarios”: quiere que sean los intendentes, que conocen el terreno y tienen el trato personal con el electorado, quienes gestionen el reparto. Prefieren esa tradición clientelar antes que el frío mecanismo de las tarjetas y los planes sociales que resultan más impersonales.

Pero hay aliados que están en contra de ese mecanismo. Y no son aliados menores: las organizaciones piqueteras, que han superado incluso a los sindicatos en grado de influencia y de movilización callejera, se erigieron en los principales rivales de los intendentes.

No solamente reclaman un rol protagónico en la gestión de la ayuda social, sino que declararon caduco al viejo esquema asistencialista que siempre caracterizó al peronismo. Su consigna principal es la conversión de los planes sociales en trabajo. Es decir, que los millones de desempleados que hoy reciben una ayuda pasen a ser asalariados de derecho pleno, con trabajos co-gestionados por el Estado y con créditos subsidiados.

Alegan tener incluso el apoyo del Papa Francisco, quien dio un guiño favorable al pedido de un “salario universal”. El gobierno, atento a ese reclamo, está tratando de extender la ayuda social a un universo de tres millones de trabajadores, incluyendo a quienes ya cobran un salario en sectores como la construcción, la gastronomía y tareas rurales.

Uno de los principales problemas -aunque no el único- es, naturalmente, la limitante fiscal. Guzmán calcula que dar cumplimiento a un salario universal implicaría un costo de 2,9% del PBI, aunque hay organizaciones piqueteras que afirman que se puede financiar con un tercio de ese monto.

En todo caso, este debate es lo que hace que el escenario de las peleas internas se haya trasladado en los últimos días al Congreso, donde se dan retoques finales al presupuesto 2022. Y ocurre la situación insólita de que el proyecto elaborado por el ministro Guzmán tiene más apoyo de la oposición que del propio kirchnerismo, que lo cuestiona por “amarrete” con el gasto público.

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