Consultorio Jurídico de Udelar creará un área de atención específica para migrantes

A partir del próximo año, el consultorio que recibe a personas de bajos o nulos ingresos conformará un grupo de trabajo específico para atender las necesidades de los migrantes, junto al Instituto de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho.

Hugo Barone, director subrogante del consultorio, dijo a El Observador que la realidad de Uruguay "cambió de repente" y la población migrante "es un colectivo de interés". "El consultorio le toma el pulso a las necesidades, tenemos una población que lo demanda y está en una situación compleja", dijo en referencia a los extranjeros que arriban desde países latinoamericanos. En los últimos cuatro años, la nueva oleada de inmigrantes se conformó por venezolanos, cubanos, dominicanos y colombianos, según información de Cancillería.

En los últimos años, los inmigrantes acuden a la oficina que funciona en la Facultad de Derecho para recibir asesoramiento por varios reclamos. Uno de los que tuvo más peso fueron los desalojos. "Uruguay tiene una legislación muy extraña en arrendamientos, que resulta incomprensible para otros países", puntualizó el abogado.

En Uruguay, si el arrendatario de una vivienda es buen pagador, puede habitar un año más sin ser desalojado. "En otros países si se acabó su plazo se va ahora, no espera un minuto. Nuestra población, como son normas viejas, lo saben. Nuestros migrantes no. Hay formas que les pueden resultar reconocibles que son totalmente prohibidas acá", dijo.

Por esto, lo que puede ser común en sus países de origen -como tomar tres meses de depósito como garantía-, en Uruguay está prohibido, aunque algunos inquilinos migrantes son estafados y por eso recurren al consultorio en busca de ayuda. "Se aprovechan de la necesidad, son personas que vienen de condiciones muy humildes". explicó.

Por otra parte, las relaciones laborales también son un planteo que cargan los inmigrantes. "Conseguir un uruguayo que acepte no estar formalizado es muy difícil, porque hasta el servicio doméstico que era el que tenía mayor atraso en cuanto a la incorporación al sistema, ya está formalizado en su mayoría", consignó el director.

Sin embargo, la población que ingresa al país, de realidades muy diferentes, "desconocen sus derechos", según Barone.

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Otra de las consultas frecuentes se refiere al derecho de familia. "A veces viene la pareja, la abuela con una hija o con una nieta. Uno retorna y nos encontramos con situaciones muy complejas, ya que para poder salir precisan la voluntad de alguien que ya no está en Uruguay".

Barone mencionó un caso en el que a un inmigrante le escribieron mal su apellido antes de llegar a Uruguay y debía corregirlo para probar un vínculo con su hijo. "Ese tipo de cuestiones también desembarcaron y son las que más interesaron para este trabajo con el Instituto de Derecho Internacional", expresó.

Además, esta nueva área específica permitirá a los alumnos que cursan esta materia y a quienes en el último año cursan sus prácticas en el consultorio, aproximadamente unos 700 por año. 

Sin embargo, las demandas no son únicamente para inmigrantes, sino para uruguayos que retornan y deben resolver temas de herencias o régimen de visitas a los hijos, entre otras cuestiones.  "Irse de Uruguay a Estados Unidos, de vuelta a Uruguay y va dejando familias. Un padre queda aquí y el otro allá. No es lo mismo visitar de La Unión al Cordón que a España, son cuestiones muchas mas complejas de tratar", expresó.

En el Consultorio Jurídico trabajan cerca de 700 alumnos y 50 docentes por año, que manejan unos 4 mil casos que pueden resolverse durante el año lectivo, y que aportan a la formación de los futuros abogados, informó Barone.

En los últimos cuatro años el estado uruguayo concedió 51.440 residencias a extranjeros, lo cual representa el 1.5% de la población si se toma como referencia el censo de población hecho por el Instituto Nacional de Estadística en 2011.

De esas más de 50 mil residencias, el 71% fueron iniciadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el restante 29% por la Dirección Nacional de Migraciones.