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Intendencia de Colonia auditará costos de corrupción en Florencio Sánchez para presentar demanda
Hubo materiales de construcción públicos desviados para el beneficio propio, pasajes de ómnibus para funcionarios, partidas para combustible, compensaciones por trabajos no realizados, boletas de pago con destinos fantasma, y más. El caso de corrupción que terminó con el alcalde de Florencio Sánchez condenado con prisión junto con otras ocho personas vinculadas a la administración municipal implicó dinero de todos los colonienses.
Por eso la Intendencia de Colonia auditará cuánto puede haberle costado a la comuna estos recursos malversados, y así presentar una demanda civil, según indicó el intendente Carlos Moreira ante la Junta Departamental. "Me parece absolutamente conveniente hacerlo", sostuvo el jerarca sobre las acciones legales, ante la consulta de ediles del Frente Amplio.
La comuna dispuso la realización de auditorías en los once municipios del territorio ante el escándalo de Florencio Sánchez, que significó el cierre de una investigación que seguía su curso desde 2018. Moreira apuntó durante su comparecencia en la junta que la herramienta permitiría dilucidar cuál es el monto que le corresponde percibir a la intendencia: "No lo podemos todavía cuantificar", afirmó.
El alcalde nacionalista Alfredo Sánchez fue condenado a dos años de prisión efectiva y uno bajo libertad vigilada por delitos de asociación para delinquir, fraude y concusión. También recibieron sentencia dos de sus hijos, su esposa, un empresario de la construcción de Juan Lacaze, su secretaria personal y otros tres funcionarios, como resultado de la operación Corruptio.
Los recursos públicos malversados implican, por un lado, la entrega de pasajes de ómnibus, combustible y materiales de construcción a nombre de funcionarios de la alcaldía para personas particulares con el fin de obtener votos, según surge de las escuchas telefónicas detalladas por Fiscalía.
El ministerio público dio cuenta de que el alcalde y sus allegados "planificaban todas las actividades que podrían realizarse con dinero de la alcaldía y siempre intentaban que parte de dicho dinero pudiera quedar en sus manos para poder disfrutarlo en su provecho personal", tal como el pago de compensaciones por trabajos no realizados.
Sánchez y su secretaria sugerían a una funcionaria municipal que le aumentarían el sueldo a través de partidas varias, una parte de las cuales debería entregar a la propia allegada al alcalde. La funcionaria —seleccionada, según surge de las escuchas, por ser "medio ignorante en el tema"— recibiría un porcentaje de dichas compensaciones por el "favor" a los superiores.
Otra empleada del municipio "emitía distintas boletas por conceptos de pagos que hacía la alcaldía a particulares", en donde "inventaba el motivo del pago", "el cual no se correspondía" con su dirección final. En las interceptaciones de la investigación también surgen conversaciones entre el alcalde Sánchez y su hijo en que el jerarca le explicaba "qué es lo que debe de hacer para poder cobrar más dinero" en su calidad de empleado público. Entre los dos trasladaban con vehículos oficiales materiales de construcción comprados por la comuna para ser utilizados en "obras propias" del hijo del jerarca.
Ante esa situación, los investigadores también constataron en 2019 que había una persona con maquinaria contratada por la intendencia vertiendo parte del balastro adquirido por el municipio en los caminos internos de uno de los inmuebles del hijo de Sánchez. A ese entorno llegaban además canastas de alimentos de parte del centro comunal a pesar de no cumplir con los requisitos para poder percibirlas.
Por otro lado, el municipio abonaba a una empresa tercerizada por la realización de obras que al final "no se llevaban a cabo, y si se realizaban en ningún caso se llamaba a licitación", a lo que el dinero se repartía entre ambos partícipes. Asimismo, el alcalde prometía a los vecinos cortarles el pasto y hacerse de leña de predios municipales siempre y cuando se comprometieran a votarlo.
"Nos burlaron a todos"
Durante la comparecencia del jueves en la junta departamental el intendente Moreira aseguró no estar al tanto de las maniobras del alcalde de su partido, a pesar de haberse respaldado mutuamente en sus respectivas candidaturas en los últimos comicios. El jerarca reelecto expuso que hay "responsabilidades compartidas en el contralor", pudiendo haber intercedido tanto el concejo municipal en primera instancia como la junta departamental. "Los controladores somos varios, y nos burlaron a todos", declaró el intendente ante los ediles.
Moreira enfatizó que el modus operandi de Sánchez "constituyó una verdadera coraza para no poder tomar conocimiento de los hechos", lo que llevó a que incluso los dos concejales no implicados en los delitos de sus pares "ni se enteraran" de las circunstancias. El intendente argumentó que los fondos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) provistos para el municipio conllevaron a una "dilapidación de recursos muy importante".
Ante reiteradas consultas, el flamante reintegro del Partido Nacional —luego de su renuncia por la polémica de los audios y las pasantías— sostuvo en todo momento que nunca recibió denuncias sobre las irregularidades en Florencio Sánchez.
"Que los blancos no se saquen el lazo porque sabían", contrarrestó por su parte el concejal frenteamplista del período pasado, Ricardo García, quien fue uno de los testigos para la causa. En diálogo con El Observador, el dirigente planteó: "Es muy difícil controlar cuando vos sos uno y ellos cuatro". La actual concejal por el Frente Amplio, María Duarte, señaló por su parte que "en las pocas sesiones que hubo" en este período —a raíz de la pandemia— no vio "ninguna irregularidad". "Hicieron las cosas de tal forma que nos burlaron a todos", aludió.
