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26 de julio 2017 - 5:00hs
La campaña de recolección de firmas que inició un grupo de jubilados apunta a la realización de un plebiscito que elimine los impuestos a las jubilaciones y pasividades. De prosperar la propuesta, tendrá un costo de unos US$ 200 millones al año para el Estado –es lo que se recauda por tributos a pasivos– y los beneficiados serán solo uno de cada cuatro jubilados, que son a los que les corresponde pagar el impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).
Según el Informe de resultados de IRPF-IASS de 2015 de la Dirección General Impositiva (DGI) –últimos datos que tiene el organismo–, el 23% de los jubilados uruguayos paga este tipo de impuestos. La cifra se desprende de las declaraciones juradas del IASS y los organismos previsionales, tanto el Banco de Previsión Social (BPS) como de las cajas paraestatales, explicaron a El Observador fuentes del organismo.
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En total hay 711.646 los jubilados uruguayos pero solo 165.557 de ellos tributan el IASS.

Para que un jubilado tenga que pagar este impuesto su ingreso mensual debe superar las ocho bases de prestaciones y contribuciones (BPC). El valor actual de la BPC es de $ 3.611, por lo que todos aquellos jubilados que ganan menos de $ 28.888 están exonerados de pagar el IASS. El representante de los jubilados en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Sixto Amaro, dijo a El Observador que son cerca de 90 mil las personas que entran dentro de la primera franja del IASS, la cual grava con una tasa del 10% a todos aquellos que perciben ingresos mensuales de entre 8 y 15 BPC; es decir entre $ 28.888 y $ 54.165.

Amaro quitó importancia a la cantidad del dinero que ello significa para los contribuyentes, ya que, sostuvo, muchos de ellos no pagan más que $ 120. Según cálculos hechos por El Observador, el IASS adquiere un costo de más $ 1.000 para jubilados que perciben ingresos cercanos a los $ 40 mil.
A quienes más afecta este impuesto es a los jubilados que integran la franja siguiente y por lo tanto perciben entre 15 y 50 BPC, es decir entre $ 54 mil y $ 180 mil. Estos deben pagar una tasa de 20%. Según Amaro, son cerca de 32 mil los que están en esta franja y son 129 los que superan los $ 150 mil de ingresos.

Frente a este panorama, el dirigente de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) manifestó su rechazo a la propuesta de un plebiscito. De todas formas, recordó que en varias oportunidades la Onajpu solicitó al Poder Ejecutivo que se modifique el mínimo no imponible del IASS para exonerar del pago a todos los jubilados que perciban menos $ 32 mil. Según Amaro, esta iniciativa tuvo el apoyo del Poder Legislativo pero aún sigue pendiente. "El Poder Ejecutivo no ha hecho usufructo de esta herramienta que le da el Poder Legislativo para que el impacto sobre las jubilaciones sea menor", expresó. Otro de los reclamos es que se deduzcan del IASS los gastos por alquiler y por tenencia de menores a cargo, tal y como sucede con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). "Estas son las cosas que queremos que se corrijan a efectos de que sea más equitativo", concluyó Amaro.

Momento oportuno

En 2016 la DGI acumuló $ 6.575 millones (precios corrientes) por la recaudación del cobro del IASS a jubilados del BPS y las cajas paraestatales, según el informe mensual publicado en su sitio web. La cifra supera los US$ 200 millones (cotización de diciembre) y confirma una tendencia creciente que parecería no ser la excepción este año, ya que, según los informes mensuales, entre enero y junio de 2017 la DGI recaudó $ 12.599 millones.

Al ser consultado por El Observador, el doctor en Economía y especialista en temas de seguridad social Álvaro Forteza opinó que si bien los montos de recaudación "no son tan grandes" y podrían eliminarse, "no es el momento más adecuado" para impulsar este tipo de reforma, ya que, recordó, el país enfrenta un déficit fiscal "preocupante que hay que ajustar".

De todas formas, dijo que es una cuestión sobre la que habría que "tener cuidado" a futuro para garantizar que no se cobre dos veces el impuesto sobre el mismo tipo de ingreso a las generaciones que sí pagaron IRPF. En ese sentido, dijo que el impuesto "se puede ajustar" sin necesidad de impulsar una reforma constitucional. "No he visto argumentos convincentes para imponer esa rigidez", concluyó.
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