Nacional > Dinasla
Crean aplicación para que quienes cometen delitos leves no deban presentarse en la comisaría
Pese a que la prisión domiciliaria está en tela de juicio, luego de que se descubriera una maniobra para liberar a narcos con certificados médicos adulterados, el director nacional de Supervisión de la Libertad Asistida, Fabián Rosano, reivindica ese beneficio para quiénes realmente se ajustan al perfil. Esa oficina, que depende del Ministerio del Interior, viene reformulando el trabajo con los imputados para ayudarlos a reinsertarse en la sociedad además de controlar que cumplan la medida que le impone la Justicia.
Rosano, que tiene 23 años de servicio en el Instituto Nacional de Rehabilitación, lidera desde enero la dirección que cambió de nombre –antes era la OSLA- y de enfoque. “Hemos empezado a trabajar con el Ministerio del Interior para darle una nueva mirada, no sólo de control. Queremos que la medida alternativa sirva como intervención. Así como la cárcel por si sóla como lugar de encierro no sirve, tampoco sirve que sólo cumplan con el encierro domiciliario”, dijo el jerarca a El Observador.
En ese sentido, están trabajando en varios frentes. Uno de ellos es facilitar que quiénes cumplen medidas alternativas a la prisión puedan tener una vida lo más normal posible para que puedan trabajar o estudiar. En ese sentido, se está creando una aplicación para que las personas ya no tengan la obligación de presentarse en la comisaría y puedan ser controladas desde su celular.
Rosano explicó que el perfil promedio de las personas que tienen bajo supervisión es gente joven, pobre, con bajo nivel educativo, sin inserción laboral, con adicciones y familias disfuncionales. Ese perfil varía entre quienes cometen faltas que son mayoritariamente personas que cometieron un accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol y se trata de personas de otras clases sociales. Actualmente hay 2.434 personas cumpliendo una pena por faltas, del total de 10 mil que atiende la Dinasla.
En ese sentido atendiendo al perfil del promedio, vienen trabajando es establecer convenios con otras dependencias para que las personas que sufren adicciones puedan ser tratadas, si son mujeres que han sido liberadas para tener a su hijo que puedan tener todo lo que necesitan y sacarle la cédula al recién nacido, o si están en situación de calle puedan ir a un refugio. “Muchas veces los jueces nos manden personas en situación de calle. Difícilmente va a poder cumplir con la prisión domiciliaria y tener una tobillera, porque no todos los refugios aceptan a personas con tobillera o con prisión domiciliaria, además de que la mayoría sólo dan alojamiento en la noche”, contó.
Estas personas por lo general cometen delitos como hurtos, o hurtos en grado de tentativa, o estafa y son primarias, entonces se evita enviarlas a la cárcel.
Para cumplir con esa tarea social y darle a cada uno lo que requiere, la Dinasla cuenta con un área social integrada por psicólogos y asistentes sociales que se va a ampliar. En marzo la dirección recibió 65 funcionarios nuevos con los que duplicaron el personal con el que contaban.
Además de tener convenios con otras áreas del Ministerio del Interior, como Identificación Civil para que puedan tramitar documentación que no tengan, también se han ampliado los convenios con el Mides, el Correo, y las intendencias. En este caso para que las personas que son condenadas por delitos leves o faltas trabajen en la limpieza de baldíos, podas, arreglos o limpieza de espacios públicos, entre otras tareas.
Las medidas que se aplican
Las medidas alternativas a la prisión pueden ser privativas de libertad o no privativas. Actualmente 1.189 personas que cometieron delitos cumplen medidas privativas de libertad. De ellas 877 son controladas por planilla y 312 por tobillera. Las controladas por planilla son supervisadas por dos móviles policiales, cada uno integrado por tres personas, que recorren Montevideo y hasta 40 kilómetros alrededor de la ciudad. En el interior la supervisión está a cargo de las jefaturas departamentales.
Teniendo en cuenta que hay disponibilidad de muchas más tobilleras y que ahora son menos estigmatizantes por su tamaño, Rosano dijo que se debería ampliar el número de tobilleras y tener ese equipo para otras tareas.
A esas personas se suman 8.706 que cumplen medidas no privativas de libertad por lo que en total la Dinasla atiende a 10.000 personas actualmente aunque en todo el año llegaron a ser unas 20.000. Esas personas tienen que acreditar que cumplen con alguna medida social, educativa o laboral. Son los casos de libertades a prueba (4.204), libertad vigilada (284), suspensión condicional del proceso (1.784) que se suman a las tareas comunitarias por ley de faltas (2.434).
Según afirmó Rosano, se estima que unas 1.000 personas más que están en la cárcel podrían cumplir su pena en libertad bajo este régimen y serviría para descomprimir más el hacinamiento.
Agregó que se están preparando para atender a un grupo de mujeres que están presas por ingresar droga a las cárceles a consecuencia de las penas incrementadas en la LUC, y que ante un proyecto legislativo que se presentó se espera que varias de ellas podrán cumplir penas alternativas. Se estima que podrían ser liberadas entre 180 o 200 presas.
