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Fuga de narcos: indagan si peritos estatales participaron en la maniobra
La Fiscalía y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTI) investigan si, al menos, un perito del Instituto Técnico Forense actuó en connivencia con los narcos que se fugaron tras obtener la prisión domiciliaria. Esos informes cuentan con firma digital, por lo que son difíciles de falsear, y es por eso que indagan sobre la posibilidad de una asociación, señalaron fuentes al tanto de la causa a El Observador.
También investigan el vínculo de los peritos con una de las clínicas privadas en la que estuvo internado uno de los narcos.
Este jueves se sumó un nuevo caso a la lista cuando el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó que el condenado por narcotráfico Miguel Ángel Leal Da Costa Porto se había fugado de la prisión domiciliaria. "Es muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Muchos recursos, escuchas y seguimientos para presentar a la justicia pruebas contundentes, para que luego se determine prisión domiciliaria SIN TOBILLERA. No es falta de prudencia. No es invadir competencias. Es indignación", tuiteó.
Pese a que en febrero de 2022 había sido condenado a una pena de 4 años y siete meses de prisión, solo estuvo tres meses preso, dado que después la jueza de Crimen Organizado Adriana Chamsarian aceptó su solicitud de prisión domiciliaria por tener graves problemas renales. Se investiga si para eso utilizó, al igual que en otros casos, un certificado con datos que no eran reales.
Durante su prisión domiciliaria, cambió varias veces de domicilio de referencia. En un principio manifestó vivir en Villa Española, después en una casa a pocas cuadras del Hipódromo de Maroñas y, por último, en Aguas Dulces (Rocha). Ahora, por oficio judicial se dispuso su conducción y, al ir a su casa, no estaba.
En la audiencia en la que se tomó la decisión –cuyo registro fue declarado reservado por la jueza Chamsarian– estuvo presente como público Matías Campero, el líder de la maniobra de las falsificaciones. El exabogado del narco, Juan Barca Berón, así lo confirmó a Telemundo. Hizo lo mismo este año, cuando la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard tomó la misma decisión respecto del narco González Bica.
Según reconstruyó El Observador, en la maniobra, Campero se ocupaba de cerrar la gran mayoría de los flancos. Se presentaba como abogado, firmaba como tal y se encargaba de la mayoría de las gestiones. En el caso del narco de Villa Española que fue imputado por la maniobra (no se fugó), él aducía problemas de salud mental, pero –presuntamente– bajo la gestión de Campero se presentaron informes manifestando que padecía cáncer de próstata.
La Suprema Corte de Justicia ya comenzó la investigación administrativa sobre la fuga de González Bica y este jueves declararon ante el instructor José Gómez (ministro del Tribunal Penal de 3 turno) la jueza Mainard y la fiscal adjunta de Ferrero, Gabriela Fernández.
Además la Corte pidió informes a la jueza Chamsarian, a partir de los cuales definirá si extiende también la investigación administrativa a su juzgado.
El vocero de la Corte, Raúl Oxandabarat, dijo a Subrayado que aunque el Estado "tiene derecho a castigar al delincuente" y ello consiste en "la privación de libertad", pero "todos los demás derechos humanos de la persona que ha delinquido, se mantienen intactos". "Por lo tanto, los calificativos como peligroso o porque hacía esto era horrible o me indigno por esto otro, en realidad no cuentan, cuando lo que tenemos que hacer es argumentar de forma racional si la persona va a ser objeto de pena y si esa pena se limita solamente a la privación de libertad por el tiempo marcado por el juez", indicó.
A su vez, insistió en que la principal preocupación es comprobar que no fuera un "modus operandi" utilizado en varios casos.
