Veintisiete son los tipos diferentes de tortura que la organización Amnistía Internacional registró que hubo en el último año en todo el mundo. Palizas, posturas incómodas, choques eléctricos, incomunicación o degradantes condiciones de reclusión son apenas una parte de lo que la organización registró en 79 países. La publicación del informe coincide con el 30 aniversario de la Convención contra la Tortura de la ONU.
El documento fue firmado por 155 naciones pero a la organización internacional le consta que más de la mitad todavía cometen actos de tortura. Los casos emblemáticos son los de México, Filipinas, Marruecos, Nigeria y Uzbekistán, pero la organización denuncia “el escandaloso grado de generalización de que goza hoy día la tortura”.
Como muestra, Amnistía explica que en los últimos cinco años registró malos tratos en 141 países pero de todas formas aclara que nunca podrá tener una estadística real del asunto debido al secreto con que se padece esta práctica.
De acuerdo con el estudio divulgado ayer, si bien la tortura es una de las herramientas favoritas de las fuerzas de represión, “su uso no se limita a tiranos y dictadores ni es territorio exclusivo de la policía secreta”.
“Aunque muchos Estados se han tomado en serio la prohibición universal de la tortura y han hecho importantes progresos para combatirla, hay gobiernos de todo el espectro político y de todos los continentes que siguen permitiendo esta corrupción suprema de la humanidad: el uso de la tortura para obtener información, extraer confesiones o silenciar la disidencia o, sencillamente, como castigo cruel”, indica el informe.
Otros 40 países miembros de la ONU no firmaron la Convención pese a que hay una prohibición legal internacional de torturar.
La conclusión de la organización es que 30 años después de la Convención de la ONU, casi la mitad de la población mundial sigue sin sentirse a salvo de este abuso.
El caso uruguayo
Uruguay aparece mencionado solo una vez en el informe y a raíz de la Ley de Amnistía, considerada por AI como “un obstáculo para la investigación” de abusos cometidos en el pasado. El informe igual destaca que el gobierno “aún puede ordenar investigaciones sobre estos casos basándose en las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional”.
