El gobierno y la Fiscalía General del Estado de Bolivia anunciaron por separado que activaron juicios contra el expresidente Evo Morales.
El ejecutivo informó este viernes que inició un proceso judicial contra el exmandatario asilado en México acusándolo de sedición y terrorismo.
"Estamos pidiendo la máxima pena", afirmó el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, quien añadió que también se presentó una demanda contra Juan Ramón Quintana, uno de los principales miembros del gabinete de Morales.
https://twitter.com/MindeGobierno/status/1197905875811405824
Evo Morales se encuentra en México -país que le concedió asilo político- desde el pasado 12 de noviembre, dos días después de haber presentado su renuncia a la presidencia de Bolivia.
La salida del político de la primera magistratura del país se dio después de una ola de protestas y denuncias de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre.
Horas antes de abandonar su puesto, Morales había perdido el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que se amotinó unos días antes.
Una auditoría a la votación del mes pasado realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que el proceso electoral tuvo serias irregularidades y recomendaba que se realizara una nueva votación.
El gobierno interino encabezado por Jeanine Áñez anunció que el principal motivo de la demanda judicial contra Morales es una grabación atribuida al expresidente en la que supuestamente se le escucha ordenar la realización de un cerco a La Paz para impedir la entrada de alimentos a la ciudad.
El video fue presentado el miércoles por Murillo, quien aseguró que su autenticidad estaba verificada y acusó al exmandatario de conspirar desde territorio mexicano.
"Este señor quiere dejar sin comida a la ciudad. Eso es terrorismo", afirmó la autoridad boliviana.
https://twitter.com/MindeGobierno/status/1197259414773911557
Desde Ciudad de México, Morales dijo que el video es un montaje y que forma parte de la persecución que el nuevo gobierno despliega contra él y sus colaboradores más cercanos.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció este viernes que la entidad que lidera abrió una investigación "de oficio" contra el expresidente por la aparición de la grabación.
Las figuras penales del proceso abierto en la Fiscalía boliviana también son sedición y terrorismo.
Bolivia lleva más de un mes de crisis política y casi dos semanas de protestas y bloqueos de caminos realizados por los seguidores de Morales que denuncian que fue víctima de un golpe de Estado.
Además de los procesos judiciales en Bolivia, el gobierno interino también anunció que llevará la demanda hasta la Corte Penal Internacional de La Haya (Países Bajos).
"La próxima semana vamos a presentar una demanda internacional. La presentaremos por crímenes de lesa humanidad (...) esto no puede quedar así, tiene que haber un precedente en el país y en el mundo, no puede ser posible que un expresidente que decía amar a su pueblo le haga eso a su gente", declaró el ministro Murillo.
El ejecutivo boliviano sostiene que como Morales ya no ostenta ningún fuero especial será procesado como un ciudadano común.
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