El revés electoral del kirchnerismo en las elecciones internas motivó una rápida reacción por parte de la presidenta Cristina Kirchner, que decidió “poner toda la carne en el asador” para atenuar la pérdida de votos. Con una serie de anuncios de alto impacto, intenta retomar la iniciativa y mostrarse con el control de la agenda política, algo que ya había hecho en otras oportunidades para iniciar una recuperación tras un mal resultado en las urnas. En esa estrategia, la medida más importante fue la exoneración del pago de un controvertido impuesto que originalmente había sido concebido para gravar a los individuos de muy altos ingresos y terminó afectando a gran parte de la clase media.
Se trata del impuesto a las Ganancias, que actualmente afecta a 2,4 millones de trabajadores, un 25% de los asalariados del sector registrado –se estima que una tercera parte del mercado laboral funciona “en negro”–. A partir de la medida decidida por la presidenta, quedarán exentos de ese impuesto todos los asalariados que cobren, en bruto, 15 mil pesos argentinos –en pesos uruguayos equivaldría a unos $ 40 mil–, una categoría que alcanza a un millón y medio de asalariados. Hacía dos años que este impuesto motivaba peleas, al punto que terminó siendo la principal diferencia entre Cristina y el líder sindical Hugo Moyano. Luego, todo el arco opositor aprovechó la situación para sumarlo a sus programas electorales y para pegarle al kirchnerismo donde más le duele: poniendo en duda su vocación para redistribuir la renta por la vía de mejorar el salario.
La crítica concreta que se le hacía al gobierno era que el “piso” a partir del cual se comenzaba a pagar el impuesto no era actualizado al mismo ritmo que la inflación, con lo cual ante cada ajuste salarial se iba sumando más gente a la categoría de los aportantes.
La presidenta siempre se había resistido a ceder a los reclamos, con el argumento de que el impuesto sólo afectaba a una minoría privilegiada de altos ingresos. Además, solía acusar de falta de solidaridad a quienes insistieran en este tema, porque gracias a lo recaudado con este impuesto podían solventarse programas de asistencia social para los sectores de bajos ingresos.
Durante toda la campaña electoral, acusó a los candidatos opositores de demagógicos e irresponsables por pedir el alivio en el impuesto sin tomar en cuenta las consecuencias a nivel fiscal. Sin embargo, en una nueva prueba de pragmatismo, dos semanas después de que su fuerza política fuera derrotada en las principales provincias, se anunció este alivio impositivo, que implicará poner en la calle el equivalente a US$ 700 millones en las próximas semanas. La mitad del costo fiscal será compensada por la creación de dos nuevos impuestos que gravan la compraventa de acciones y el reparto de dividendos empresariales.
La lucha por el “copyright”
La adopción de la medida generó una inmediata controversia con la oposición, que acusó al gobierno de “robar” una propuesta de los otros partidos, y de hacerlo además con una clara intención electoral. Se basan para ello en el hecho de que el decreto establece que, en los recibos de sueldo, el ingreso que antes iba al impuesto y ahora aparece como un aumento, aparezca discriminado en un renglón aparte, con la aclaración de que ese dinero corresponde a una medida gubernamental.
Muchos dirigentes optaron por celebrar el hecho de haberle ganado una pulseada al kirchnerismo. “¿Para qué sirvió el voto castigo del 11 de agosto? Para obligar al gobierno a subir el piso de Ganancias”, señala el senador radical Ernesto Sanz.En la misma línea, Martín Redrado, expresidente del Banco Central , afirmó: “Con el voto se pueden lograr las cosas que los argentinos estamos necesitando. Se le dobló el brazo a Cristina Fernández de Kirchner”.
Mientras que el diputado Facundo Moyano, hijo del dirigente sindical, aprovechó la situación para pasar facturas: “Lo que no se entiende es por qué utilizan el mismo discurso por el que nos decían ‘aristocracia obrera’”, escribió en Twitter. Desde las filas de Sergio Massa han desafiado al gobierno a sacar esta modificación impositiva por ley –y no por decreto– en la cual se establezca un mecanismo de indexación automática para que la inflación no termine neutralizando el beneficio. Plantean esa forma como “la prueba” de que la decisión de Cristina no estuvo motivada apenas por un “interés electoral”.
Más consumo y… ¿menos votos?
Lo curioso es que muchos analistas creen que todo el debate es en vano, porque el alivio en el impuesto no implicará cambios en las elecciones legislativas de octubre. En parte, argumentan que esto es por la reacción tardía del gobierno, y en parte porque el sector beneficiado es mayoritariamente antikirchnerista.
“El principal problema del gobierno en las PASO fue más bien haber perdido el voto del segmento de bajos ingresos, y no tanto el apoyo de la clase media. De manera que ahora este alivio en el impuesto a las Ganancias no llega a resolver ese tema, sino que puede apenas aportar algo marginalmente”, observa Alejandro Catterberg, socio de la consultora Poliarquía.
Para este politólogo, el efecto de la medida para el voto kirchnerista puede ser “entre neutro y moderado, pero de ninguna manera puede esperarse que altere la tendencia”. Curiosamente, quienes más coinciden con este argumento son los analistas cercanos al oficialismo, como Artemio López, quien tras el revés electoral del kirchnerismo en las primarias, propuso “dejar de mirar tanto a los sectores medios y a la opinión pública, y mirar más a las demandas de los sectores populares, que fueron históricamente más fieles”. Y sugiere poner el foco en mejorar la gestión de manera que los programas de asistencia social lleguen efectivamente a los beneficiarios del conurbano. Para peor, los economistas también son escépticos respecto de que los US$ 700 millones que el gobierno puso de golpe en los bolsillos de los asalariados puedan ser suficientes como para generar un shock de consumo y revitalizar una economía fría.
“En teoría esto puede contribuir a dinamizar la economía, pero hay que ver cuánto de esto se va a incorporar a la oferta efectivamente. Porque sospecho que buena parte va a ir a importaciones y que además también va a haber presión sobre la inflación”, afirma Gabriel Caamaño Gómez, economista jefe de la consultora Ledesma.
En la misma línea apunta Rodrigo Álvarez, economista de Analytica, para quien “será inevitable que una parte de este costo fiscal sea financiado con emisión monetaria, con lo cual algo de impacto inflacionario va a haber”. Mientras tanto, las encuestas siguen mostrando que la brecha entre Massa y el kirchnerismo se agranda con vistas a octubre. En definitiva, lo que los analistas empiezan a sospechar es que el uso de herramientas fiscales con finalidad electoral –algo que durante mucho tiempo le dio buen rédito al kirchnerismo– empieza ahora a resultar insuficiente. Una situación que, para algunos, refuerza el argumento sobre un fin de ciclo político.
La batalla por la deuda y los “fondos buitres”
El fallo de la corte de apelaciones de Nueva York a favor de los llamados “fondos buitres” le dio a Cristina Fernández de Kirchner la oportunidad para revitalizar su discurso nacionalista y, además, le brindó nuevos argumentos para criticar a los candidatos que proponen que Argentina vuelva a endeudarse en el mercado internacional de crédito. El revés judicial llevó a la presidenta a proponer la tercera apertura del canje de la deuda, para lo cual se necesita la aprobación parlamentaria. “Es una situación donde el gobierno aparece retomando la iniciativa política y donde además puede provocar cierta división de la oposición, ya que en el debate parlamentario va a forzar a que se adopten posturas respecto de si es correcto mostrar voluntad de pago de la deuda”, apunta Alejandro Catterberg, de la consultora Poliarquía.
