Un proyecto de decreto que envió la Dirección Nacional de Energía (DNE) para lanzar una licitación para la compra de biomasa, encendió la polémica con el representante del Partido Nacional, Luis Eduardo Pereira, en el directorio de UTE y también generó cuestionamientos de un grupo de técnicos del ente. El jerarca advirtió que si la empresa no analiza con más detalle esta iniciativa, se podría transformar en un “negocio ruinoso” para el Estado, teniendo en cuenta el excedente de gas para generar energía eléctrica que tendrá UTE una vez que esté en funcionamiento la planta regasificadora.
El borrador del decreto de la DNE al que accedió El Observador argumenta la necesidad de realizar un llamado para que UTE firme contratos de compra de energía para centrales de biomasa de entre 20 y 60 megawatts (MW) cada una, en virtud del “crecimiento de la demanda energética y, por consiguiente, la necesidad de incorporar potencia de generación eléctrica, dinamizando las formas alternativas de generación y fomentando el desarrollo tecnológico nacional asociado”. Indica que en función de la Política Energética 2005-2013 “exista la voluntad de diversificar la matriz energética, principalmente con la incorporación de energía renovable a partir de fuentes autóctonas en general y de fuentes renovables no convencionales”.
Además, la DNE argumenta que la generación de energía eléctrica a partir de biomasa “puede contribuir al desarrollo tecnológico, industrial y de servicios nacionales asociados, consolidando además ciertas cadenas productivas”. Añade que en virtud del reglamento para la gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, esta fuente energética “constituye una alternativa medioambientalmente conveniente para tal fin”.
El artículo 2 del proyecto de decreto establece un proceso competitivo para proyectos que cuenten con una oferta mínima de 20 MW y un tope de 60 MW –no pone un tope de adjudicación total–. El generador deberá hacerse cargo de todos los costos de conexión, precisa. El plazo de contratación de UTE con los privados será de 20 años con un pago anual que contempla un ajuste en función de una paramétrica. El plazo para poner en funcionamiento las centrales a biomasa será de 36 meses y cada oferta deberá ofrecer a UTE una declaración de componente nacional superior o igual al 30% de la inversión realizada.
Dudas
El proyecto de decreto que envió la DNE a UTE encontró reparos en un grupo de trabajo de siete técnicos que designó UTE para analizar la viabilidad de esa iniciativa. Según el documento al que accedió El Observador, el borrador “presenta una serie de ambigüedades y contradicciones en su redacción que van a generar dificultades interpretativas para su aplicación”. Entre algunos aspectos, cuestiona la “estructura del contrato propuesto” que establece que UTE debe efectuar un pago anual fijo y otro variable por la cantidad de energía comprometida a un precio dado. “El pago de la energía se abonará aun en el caso que no sea tomada. Por tanto, ese contrato implicará para UTE asumir el pago de costos fijos”, alertaron los técnicos del ente en su informe.
Además, advierte que el decreto interpreta que la energía adicional asociada a la potencia contratada, “se comercializará dentro del contrato a un precio igual a la semisuma (promedio)entre el costo variable declarado por el generador y el precio spot. De esta forma, el generador percibe un beneficio adicional que dada la incertidumbre de captarlo, no lo trasladará a una reducción de los precios del contrato, encareciendo también por esta causa la energía para el sistema”.
Pero además de los cuestionamiento técnicos, el director blanco en UTE dejó en claro su preocupación en la sesión del pasado directorio sobre la iniciativa que promueve la DNE. Según afirmó Pereira en el directorio, el ente no debe “salir corriendo a comprar energía proveniente de biomasa sin tener en cuenta la debida comparación de ofertas y características. Con una decisión como la que se nos pide que tomemos, ¿no le estaremos dando un ‘golpe de gracia’ a Gas Sayago, transformándolo en un negocio ruinoso para las arcas del Estado?”, cuestionó el jerarca.
Pererira recordó que la inversión en la planta regasificadora ascenderá a US$ 1.250 millones, de los cuales el beneficio por su utilización para la generación de energía eléctrica será de US$ 450 millones. En ese sentido, alertó que esos beneficios “disminuirán” cuando se incorporan proyectos de biomasa como los que se proponen en el llamado que planteó la DNE, ya que UTE reducirá la utilización de gas natural para la generación de energía eléctrica con sus centrales térmicas.
Para el jerarca, al no contar con la certeza sobre la venta de excedente de gas natural a Argentina ni la puesta en marcha del proyecto de la minera Aratirí, la incorporación adicional de biomasa “puede perjudicar sensiblemente la apuesta de UTE en la regasificadora” donde el ente asume el 90% de la inversión frente a un 10% de ANCAP. A su vez, Pereira cuestiona la atribución que se le otorga a la DNE para fijar el “valor de conveniencia” para la compra de energía que deberá pagar UTE por los contratos con los privados. El Observador intentó comunicarse con el director de Energía, Ramón Méndez, pero no logró ubicarlo.
Pereira cuestionó visión de Méndez
El director nacionalista, Luis Eduardo Pereria, dijo a El Observador que no comparte la visión del director Nacional de Energía, Ramón Méndez, sobre que en Uruguay “no se hizo nada” en materia de energía renovables antes de 2005. El jerarca recordó que las primeras mediciones de vientos comenzaron en 1998 en Sierras de los Caracoles, en una experiencia desarrolla por UTE y la Faculta de Ingeniería. Además, dijo que en la llegada de los inversores eólicos a Uruguay incidió la baja en los precios de los fabricantes de esa industria y las oportunidades de financiamiento de la banca internacional.
Los que están
Según la Administración del Mercado Eléctrico (ADME), actualmente hay ocho generadores de biomasa en servicio que pueden ofrecer a UTE una potencia de hasta 300 megawatts.
