La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), proyecta que para 2024 las necesidades brutas de financiamiento del gobierno central ascenderán a unos US$ 4.752 millones.
El reporte oficial publicado en las últimas horas explica que esa cifra incluye US$ 2.068 millones para cubrir amortizaciones de bonos y préstamos, pagos de intereses por US$ 2.080 millones, déficit primario de US$ 415 millones, y US$ 189 millones de acumulación estimada de activos financieros.
Hay aproximadamente US$ 3.925 millones qué tendrán como fuente la emisión de títulos en el mercado doméstico y el mercado internacional. La otra fuente de financiamiento será el desembolso de créditos de organismos internacionales por unos US$ 616 millones.
El total de endeudamiento neto, proyectado para este año (esto es, deduciendo las amortizaciones de títulos y acumulación de activos financieros), se estima en aproximadamente US$ 2.284 millones. El límite fijado por ley para 2024, bajo la regla fiscal, es US$ 2.300 millones, según detalla el informe del MEF.
Según se explica, la UGD evaluará diferentes opciones de monedas y plazos para la emisión de deuda en los mercados internacionales, como pesos nominales, Unidades Indexadas y dólares, tanto en el tramo intermedio como largo de la curva soberana.
“La decisión tendrá en cuenta, entre otros: la preferencia de inversores residentes y no residentes por tipo de moneda, liquidez y duración; y el objetivo del gobierno de reducir el costo de fondeo esperado, manteniendo un perfil de vencimientos bien distribuido. Asimismo, el gobierno tiene previsto continuar fortaleciendo el relacionamiento con la base inversora de Japón”, dice el reporte.
Esto se complementa con emisiones domésticas de Notas del Tesoro en pesos, UI y Unidades Previsionales, que en el primer semestre tienen un monto base de US$ 500 millones.
Los últimos antecedentes internacionales
El último antecedente de Uruguay en los mercados de deuda internacional se remonta a noviembre del año pasado cuando se realizó la reapertura del bono global en dólares indexado a Indicadores de Cambio Climático (bono verde), con vencimiento final en octubre de 2034. La operación fue por el equivalente a US$ 700 millones, y a una tasa de 5,6% anual, correspondiente a un diferencial de 95 puntos básicos respecto al bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos.
En julio se había realizado una colocación de un nuevo bono global en pesos nominales a tasa fija (sin indexación a la inflación) con vencimiento en 2033, a una tasa nominal de 9,75%, por unos US$ 1.000 millones.
Nuevo préstamo con objetivos ambientales
Por otro lado, Uruguay se encuentra trabajando en un préstamo vinculado con objetivos ambientales con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dentro del programa piloto Clima, recientemente lanzado por el organismo.
Este programa “es un marco innovador que recompensará a los países con una bonificación sobre el capital prestado por alcanzar metas climáticas y/o basadas en la naturaleza”, dice el reporte de deuda.
El préstamo en el que trabaja Uruguay incorporará metas de eficiencia energética, y es emprendido conjuntamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y la compañía estatal UTE.
Al cierre del cuarto trimestre de 2023 los activos líquidos del gobierno eran de US$ 1.759 millones y las líneas de crédito con organismos multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento y Fondo Latinoamericano de Reservas) sumaban US$ 1.139 millones.
La deuda uruguaya cuenta con nota de grado inversor por parte de las cinco calificadoras de riesgo. Las agencias R&I y S&P la colocan dos escalones por encima del mínimo (BBB+) con perspectiva estable, mientras que Moodys (Baa2) y DBRS la ubican un escalón por encima del mínimo con perspectiva “positiva” En tanto, Fitch Rating también la ubica en el mismo nivel (BBB) con perspectiva estable.
Por otro lado, el riesgo país actualmente en el eje de 80 puntos básicos se ubica en los niveles más bajos de la historia, y es la mejor reputación crediticia entre 17 países de América Latina, según el indicador de bonos de mercados emergentes que calcula JP Morgan.