La política resulta un factor clave en el proceso de selección de los jerarcas de los máximos órganos de la Justicia y de la Fiscalía
Por mucho que se hable de la independencia de la Justicia del poder político, los cargos de los jerarcas que dirigen la Suprema Corte y la Fiscalía de Corte son técnicos con un tinte político de peso. Y el proceso de negociación hasta llegar a la designación lo demuestra.
Tanto los ministros de la Suprema Corte de Justicia como el fiscal de Corte (ahora denominado fiscal general de la Nación) ocupan cargos que requieren mayorías especiales. Los ministros de la Corte y los del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) deben contar con dos tercios de la Asamblea General (87 votos) mientras que el fiscal de Corte requiere tres quintos de votos de la Cámara de Senadores (es decir 19 senadores). Esto obliga a los partidos políticos a negociar porque siempre se requiere de algún voto opositor.
Y en esa negociación entran en juego los objetivos de los partidos sobre el tipo de Justicia que quieren, por lo que es inevitable que los intereses políticos pesen por sobre lo netamente técnico y jurídico.
Llegado el momento de negociar, lo que se da siempre ante el inminente cese de los jerarcas porque cumplen 70 años o los diez de permanencia en el cargo, los partidos políticos consultan a personas de su confianza en el Poder Judicial, la Fiscalía, el Colegio de Abogados u otros actores del ámbito judicial. Así, como el Frente Amplio consultaba al exministro de la Corte y hoy juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, y actualmente consulta al ministro del tribunal penal Alberto Reyes, los blancos piden opinión al expresidente de la SCJ y secretario antilavado Jorge Chediak, y los colorados a Ope Pasquet –esposo de la ministra de la Corte Elena Martinez– y al diputado colorado y exfiscal Gustavo Zubía, por citar algunos ejemplos.
Y aunque los jueces y fiscales están inhibidos constitucionalmente de expresarse sobre política, en el ambiente se sabe a quién vota cada uno o con qué partido o ideología simpatiza. Como me contó uno de esos operadores judiciales, que suele ser consultado por políticos tanto de derecha como de izquierda, antes a los jueces puestos a consideración se le preguntaba directamente a quién votaban. Ahora la gestión se hace con más tacto y se les preguntan por líneas ideológicas. Según la materia en la que se haya desempeñado el juez o el fiscal, se mira qué posición asumió con respecto a las denuncias por violaciones a los derechos humanos, qué postura tiene en los juicios laborales -si es pro trabajador o pro empresario-, o si comulga con la ideología de género o no.
Todo ello pesa en la balanza de los políticos que miran con lupa la actuación de los jueces, además de su camiseta política, para levantar la mano en el Parlamento. Y si bien en el caso de la Suprema Corte de Justicia hay mecanismos previstos en la Constitución para que de no existir acuerdo político se designe al juez con mayor antigüedad en la carrera, también en esos casos se hacen averiguaciones y se ha llegado a bloquear el ingreso a la Suprema Corte de jueces técnicamente muy buenos por su preferencia política. Aunque ambos organismos tienen la misma jerarquía en la estructura de la carrera judicial, es conocido que la Corte tiene otro peso por las decisiones que toma.
Algunos ejemplos de esos casos fueron el del juez Víctor Hugo Bermúdez, un jurista de primer nivel que iba a ingresar a la Corte en 1998 pero fue derivado al TCA tras fracasar el acuerdo al que habían llegado colorados, blancos y el Nuevo Espacio. En cambio, ingresó a la Corte Gervasio Guillot, de menor nivel técnico y claramente identificado con el Frente Amplio: había sido destituido en el régimen militar, había presidido la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio y era asesor directo del general Líber Seregni. En aquel momento la falta de acuerdo le salió mal al gobierno colorado. Otro caso emblemático fue el de la ministra Mariela Sasson, quien iba a entrar a la Corte pero terminó en el TCA en 2011.
En aquel momento un tema caliente a resolver era la constitucionalidad del IRPF. Los ministros Daniel Gutiérrez y Leslie Van Rompaey habían fallado por la constitucionalidad, mientras que Sara Bossio, Hipólito Rodríguez Caorsi y Pablo Troise eran mayoría por la inconstitucionalidad. Ante la salida de Bossio, el nuevo ministro definiría el tema. Al gobierno del Frente Amplio le interesaba que se confirmara la constitucionalidad y pretendía por eso que entrara Sasson a la Corte ya que sabían que votaría en ese sentido, pero la oposición la bloqueó e impulsó en su lugar a Jorge Larrieux, a quien el senador Jorge Larrañaga presentó en el Parlamento como blanco. Aún así le salió el tiro por la culata a la oposición y Larrieux terminó formando mayoría con los otros dos ministros por la constitucionalidad.
Camilo dos Santos
Jorge Larrieux y Jorge Díaz
En setiembre de 2015 Tabaré Vázquez intentó impedir que la ministra Martínez jurara ante la Asamblea General. Ya con ella en sala le pidió a los legisladores frenteamplistas que no ingresaran. Nunca quedó claro si no le habían informado correctamente de la negociación o qué sucedió pero el mandatario quería que ingresara Eduardo Vázquez, masón. Finalmente, tras un momento de tensión primó la idea del compromiso acordado y se votó la venia. El último caso de intervención política fue el del juez Luis Simón, grado 4 de derecho procesal y considerado un referente por sus colegas que fue bloqueado por el FA para ingresar a la Corte por considerarlo alineado con el gobierno. En su lugar ingresó John Pérez.
Camilo Dos Santos
Ministra de la Suprema Corte de Justicia Elena Martínez
Estos ejemplos de cuánto pesan las decisiones políticas en la designación de estos cargos resultan emblemáticas para el caso de la Fiscalía de Corte puesto que en ese caso no existe disposición constitucional que prevea una solución alternativa. O sea que sí o sí el cargo requiere acuerdo político.
Desde hace meses los partidos políticos están abocados a negociar ante la salida de las Corte del ministro Luis Tosi, que llega a los 70 años el 29 de octubre, y en el paquete incluían la prevista salida de Díaz en abril de 2022, cuando vencía su mandato de diez años. Los que cortan el bacalao en ese diálogo, el senador nacionalista Gustavo Penadés por parte del gobierno y la senadora del MPP Lucía Topolansky por la oposición, venían manejando la opción de que Díaz asumiera como ministro de la Corte y Graciela Gatti asumiera en la Fiscalía.
Pero Cabildo Abierto no lleva ninguno de los dos nombres, que también encuentran resistencia en el sector colorado de Zubía, y la coalición no quiere pagar el costo político de votar dividida. Por eso ahora trabajan en otro candidato para la Fiscalía que sea aceptado por la oposición mientras que el FA intenta influir en la selección del futuro ministro de la Corte.
Como informó El País, en la ecuación aparecieron otros nombres. Desde la coalición de gobierno, Zubía impulsa a la fiscal especializada en narcotráfico Mónica Ferrero. Los blancos proponían a Enrique Rodríguez pero este último recibió reparos del Frente Amplio por ser considerado “militante” del Partido Nacional, como también los recibió en su momento el fiscal Luis Pacheco por ser quien procesó a Sendic. Cabildo Abierto hizo su propia propuesta, que no es ninguno de estos nombres. A su vez el Frente Amplio propuso a la fiscal de Homicidios Mirta Morales y al ministro del Tribunal de Apelaciones Alberto Reyes.
Leonardo Carreño
Suprema Corte de Justicia
En este contexto, la decisión estratégica de Díaz de retirarse seis meses antes descomprime la situación y hay quiénes señalan que aún está en carrera. Según declaró esta semana al comunicar el anuncio del que informó El Observador poco antes de que diera una conferencia de prensa, era una decisión que venía meditando y hacía un mes le había pedido una entrevista al presidente Luis Lacalle Pou, para comunicárselo. La reunión se concretó esta semana y por eso el anuncio llegó este martes.
También está arriba de la mesa la posibilidad de que Juan Gómez, el fiscal adjunto a Díaz que ahora quedó al frente del organismo, mantenga el cargo hasta cumplir los 70 años en 2025 si no se llega a un acuerdo, como informó Búsqueda este jueves. Sin embargo, tarde o temprano la negociación tendrá que darse y el gobierno pretende acordar cuánto antes. El FA, con esperanzas de volver al poder en 2024, tiene menos apuro.
Diego Battiste
El fiscal Juan Gómez ocupó el cargo de Díaz
La Fiscalía General de la Nación es la encargada de velar por la protección y defensa de los intereses generales de la sociedad y tiene el cometido de comparecer ante los tribunales en representación del Estado, como actor o demandado. Además es el fiscal que actúa en todos los juicios que llegan a la Suprema Corte.
El Ministerio Público y Fiscal, como se lo conoce, data desde 1907 cuando se creó la Alta Corte de Justicia, pero a lo largo de la historia ha ido cambiando su ubicación en el organigrama estatal hasta que en 1948 por un decreto se lo definió como “el cuerpo técnico – administrativo legalmente jerarquizado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social bajo la jefatura directa e inmediata del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación”.
De ahí en adelante pasó a depender del Poder Ejecutivo y en los últimos años fue una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, hasta que el 5 de agosto de 2015, por la Ley N° 19.334 pasó a transformarse en un servicio descentralizado.
En ese esquema el fiscal general o fiscal de Corte y procurador general de la Nación, es el jefe de todos los fiscales, y como tal es quien marca el rumbo de la defensa del Estado. Un logro indiscutible de Díaz fue convertir a la Fiscalía en un servicio descentralizado, lo que permitió darle mayor independencia. Y a su vez poner en marcha el nuevo código del proceso penal, que entró a regir en noviembre de 2017, bajo un sistema acusatorio donde el fiscal pasó a dirigir la investigación penal.
En un país donde la seguridad es uno de los principales temas de preocupación es muy importante que el fiscal de Corte tenga buen vínculo con el Ministerio del Interior, porque fiscales y policías trabajan juntos. La gestión de Díaz, que como todas las de los fiscales de Corte no ha estado exenta de polémicas con el gobierno, tuvo duros choques con el entonces ministro del Interior Eduardo Bonomi. Con Larrañaga ese vínculo mejoró notoriamente.
Por todo esto, aunque ningún político dejará de mirar la camiseta de los jueces y fiscales puestos a consideración, sería muy bueno que se animaran a ponderar por encima de esas preferencias las capacidades técnicas, la capacidad de liderazgo y, por qué no, las condiciones humanas del seleccionado.