Cuatro presos por violación de 200 identificados recibieron terapia que busca evitar que reincidan

Fue un programa piloto –diseñado en Canadá y aplicado en España– dirigido a los internos del Complejo Carcelario Santiago Vázquez (ex Comcar), que comenzó a mediados de 2017 y finalizó en los últimos días.

De una población de 200 individuos identificados, solo cuatro completaron la terapia. Sin embargo, Ana Juanche, subdirectora del INR y responsable de la aplicación del Programa para el Control de la Agresión Sexual (PCAS), no cree que esa cifra sea baja. Por el contrario, contó en entrevista con El Observador, destaca el paso significativo de este proyecto en la trayectoria de las políticas de rehabilitación carcelaria del país.

El sistema de trabajo consistió en sesiones grupales de tres horas, dos veces por semanas, que luego se continuaron con abordajes individuales. Dentro de un mes, los resultados serán evaluados por el especialista en criminología Nicolás Trajtenberg, y por la psicóloga española Olga Sánchez.

¿Por qué se trataron solo cuatro reclusos?

Hay que pensar que son cuatro personas y ver todo lo que nos ahorramos de victimización. Son cuatro personas que van a salir, que tiene su riesgo moderado respecto la posibilidad de cometer un nuevo delito y hay que mirar el impacto nivel social que eso tiene. También debe observarse que los programas de tratamiento, acá y en la China, son de participación voluntaria. No se puede obligar a la personas a que participe, como tampoco se puede obligar a alguien a desintoxicarse si no lo quiere. En este caso, como en todos, tenemos que tener su consentimiento: nadie puede obligar a otro a hacer con su conducta lo que la persona no quiere. Si aún así se piensa que son pocos, hay que pensar en relación a qué. El metaanálisis internacional indica que de 50 casos tratados, 10 tienen éxito. Es decir, 10 no reinciden en una ventana de al menos cinco años.

¿Por qué se tardó tanto en aplicar este programa en Uruguay?

No es que se demoró. Es que uno tiene que mirar todo en términos de proceso. El INR es una institución nueva. El Uruguay viene de un sistema penitenciario que no estaba unificado. Eso se logró recién en diciembre de 2010 con ley de presupuesto, y comenzó a funcionar en 2011. Por lo que hasta ese momento había 19 maneras de entender la privación de libertad, y hasta ahora nunca se había probado nada de este tipo. La idea de incluir tratamientos en las cárceles es algo bastante novedoso. Comenzamos hace muy poco a modernizar nuestro sistema penitenciario, y siempre mirando lo que se hace en el resto del mundo, tomando las experiencias exitosas. No estamos inventando la rueda, estamos trayendo lo que está recontra probado que funciona en otros países.

¿Debe hacerse un seguimiento de los internos cuando quedan en libertad?

Las experiencias internacionales más avanzadas señalan que debe seguirse a los pacientes por cinco años, aunque en algunos casos se los monitorea durante 18. Nosotros vamos a acompañarlos durante los primeros cinco, como lo hace el modelo español.

¿Qué sucedió con los ocho restantes que firmaron su consentimiento para recibir la terapia?

Abandonaron el tratamiento. En los resultados preliminares de la evaluación que nos dio la Universidad de la República, a través de las entrevistas que mantuvo con los pacientes, se constató que hubo cuatro o cinco que se arrepintieron de haber dejado. Pero hay otros que no, porque depende del estadio en que se encuentre la persona. Hay quienes admiten que cometieron un delito pero que no han hecho el suficiente trabajo interno para interiorizarlo. También sucede que, al principio, la motivación puede ser salir de la celda, estar entretenido, hacer algo con su vida, pero después hay que sostener emocionalmente la carga de remover de admitir que se hizo algo feo. Admitir que se causó mucho daño a la víctima directa, al colectivo y su familia. Hay mucho dolor en esa situación, y la persona tiene que estar dispuesto a trabajarlo. Eso depende de cada uno.

¿Qué disminución tiene esta terapia en la tasa de reincidencia?

En general, el metaanálisis dice que este tipo de programas, que incluyen no solo el aplicado en los casos de agresión sexual, sino también los que se utilizan para combatir la violencia doméstica, de género, el uso problemático de drogas, y otros, que el pronóstico de reincidencia baja a un promedio del 30%

¿Se necesitan más recursos para desplegar el tratamiento en todas cárceles?

Sí. Si pretendemos universalizarlo y transformarlo en una oferta disponible para todos los privados de libertad, necesitaríamos más recursos, por supuesto; sobre todo recursos profesionales. Pero eso lo podremos saber una vez que nosotros evaluemos el resultado del programa. De todos modos, ya quedamos muy conformes, y tenemos lecciones aprendidas. Por ejemplo, sabemos qué cosas tenemos que controlar para que la gente deserte menos. Uno de ellos abandonó el programa porque dijo que no se sentía cómodo con dos mujeres terapeutas para hablar. Y el modelo aconseja que sean un varón y una mujer, y es lo que pensamos aplicar en la próxima replica del programa que vamos a hacer en la nueva cárcel de Punta de Rieles. Igualmente la deserción que tuvimos está dentro de los índices promedio de todo el mundo. No se puede decir que lo hicimos mal a lo uruguayo. No fue así.

Mientras tanto, ¿qué garantías tiene la población de que los internos que salen de prisión por cometer delitos sexuales no vayan a reincidir?

Esa es una pregunta retórica. Vale por hoy, pero valía para el año pasado, el anterior y para todos los anteriores, porque el fenómeno de los delitos sexuales no es de ahora. Es tan viejo como la humanidad. Y su tratamiento es algo nuevo en Uruguay, pero en el mundo occidental tiene seguro más de 20 años.

Perfil

Ana Juanche es lingüista, magíster en Derechos Humanos, y obtuvo un doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Autónoma de México. Fue consultora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos y coordinadora latinoamericana del Servicio Paz y Justicia en América Latina. Ha realizado varias investigaciones sobre el sistema penitenciario y políticas públicas. Es subdirectora del INR desde fines de 2016.