Mientras en EEUU la situación de los cultivos de trigo se sigue complicando por la persistente sequía en las planicies de Kansas y la siembra de soja marcha en línea con los promedios (33% completa) surge desde el Departamento de Justicia un fallo que da para reflexionar. Se trata de un documento dado a conocer el martes pasado en el que dicho organismo le pide a varias empresas que van a formar un joint venture de cuatro molinos harineros en diferentes regiones de EEUU, que se deshagan de otras plantas para no constituirse en una posición hegemónica del mercado, y poder avanzar en la creación de ese venture propuesto. Las empresas en cuestión son Cargill Inc, ConAgra, CHS Inc y Horizon Mills. El joint venture que se formará tendrá el nombre de Ardent Mills y será la unión de plantas de ConAgra y de Horizon Mills, que es a su vez un joint venture entre Cargill y CHS Inc.
¿Por qué es atractiva la noticia, más allá del hecho que involucra a varias de las mayores empresas del mundo de los alimentos? Porque hay un organismo del Estado que vigila celosamente que las empresas, en su lógico afán de generar ganancias, no terminen perjudicando al consumidor, algo así como lo que nosotros denominamos “cazando en el zoológico”. Desde siempre he admirado este procedimiento norteamericano, claramente en contraste con lo que se ha visto por ejemplo en Argentina, donde hace unos 40 años atrás el comercio de granos tenía una cadena comercial transparente, bien diferenciada con acopiadores privados, corredores independientes y compradores (industria y exportación). Vino luego un largo proceso en el que las grandes empresas exportadoras comenzaron a comprar y construir acopios y fábricas tanto de aceite como molinos harineros y seguramente otras industrias sin que se realizara esa “vigilancia” de la competitividad. Sin una buena legislación que permita ver estas situaciones antes de las fusiones, compras o construcción de fábricas, es casi imposible evitar los abusos.
