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Daniel Martínez defendió a Lorenzo y a Calloia y dijo que hay que derogar el delito de abuso de funciones
El precandidato frenteamplista Daniel Martínez se refirió este fin de semana al fallo del Tribunal de Apelaciones Penal de 1° turno que confirmó la condena contra el expresidente del Banco República, Fernando Calloia,y revocó la absolución del exministro de Economía Fernando Lorenzo, tal cual lo había solicitado el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco.
En diciembre de 2017 la jueza María Helena Mainard había condenado a Calloia por su participación en el aval otorgado a la empresa Cosmo para que se presentara en el remate de los aviones de Pluna, al tiempo que rechazó el pedido de condena contra Lorenzo. La condena de Calloia había sido apelada por su defensa, mientras que Pacheco había recurrido la absolución de Lorenzo.
Martínez dijo que respaldaba a Lorenzo y a Calloia y que había que revisar el delito de abuso de funciones, por el cual fueron llevados a la Justicia.
"Todo el sistema político sabe que una vez terminado el período electoral va a haber que revisar esa ley, obviamente es una ley que termina llevando a situaciones que trascienden al espíritu y que no son de por sí delitos.Pero bueno, por ahora es la ley", dijo Martínez, quien expresó su "solidaridad con los compañeros".
"Tengo absoluta confianza en su moralidad y ética y que hicieron lo que entendieron mejor para el país", agregó en declaraciones a Subrayado.
"No es que cuestione a la Justicia porque la Justicia hace lo que la ley dice. Vamo' arriba. Que la ley haya que revisarla porque está mal es otra cosa", manifestó el precandidato frenteamplista.
En tanto, el diputado blanco Pablo Abdala, dijo que sería negativo eliminar este delito porque dejaría "un vacío legal", aunque se mostró dispuesto a discutirlo y acotarlo.
La redacción vigente del artículo 162 del Código Penal establece lo siguiente: "El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría".
En 2017, el Frente Amplio juntó a todos sus senadores en la cámara alta para votar la derogación del delito, pero necesitaba unir a sus 50 diputados para ratificarlo en la cámara baja, ya que ningún legislador opositor estaba dispuesto a respaldar la iniciativa. "No voy a votar la derogación del abuso de funciones aunque la bancada del Frente Amplio lo declare asunto político. Ese es mi límite", dijo en su momento a El Observador el diputado de la Alianza Progresista y exintendente de Maldonado, Óscar de los Santos.
Ante las diferencias internas en la izquierda luego de que el Senado votara la derogación del delito de abuso de funciones, la bancada de Diputados del Frente Amplio creó un grupo de trabajo especial para debatir sobre el tema.
Ese mismo año, una encuesta de Opción consultores revelaba que el 70% de los consultados no estaba de acuerdo con la eliminación del delito de abuso de funciones. En tanto, el 14% de los encuestados contestó que estaba a favor y el 16% no tenía una opinión formada al respecto.
