INAU se propuso, como una de sus líneas de trabajo para este quinquenio, que ningún niño o niña de entre 0 y 3 años vuelva a vivir en una institución. El primer paso para ese objetivo empezó este martes, cuando los equipos especializados iniciaron el curso de capacitación para implementar los nuevos procedimientos de trabajo.
En 2025, más de 7.000 menores de edad vivían en Uruguay bajo alguna modalidad de protección especial y los centros de protección 24 horas albergan a casi la mitad de los niños que tienen una medida de amparo vigente. Solo en la zona metropolitana hay 150 niños en esta franja etaria bajo algún tipo de seguimiento del INAU, de los cuales la mitad están bajo régimen de protección en centros 24 horas. A ellos apuntará esta etapa que empieza ahora.
El problema que busca atender esta medida radica en que en esa franja etaria la internalización trae aparejada consecuencias psicológicas, físicas y emocionales que afectan al desarrollo de los niños, incluso si esa institucionalización es apenas un tiempo. Con adultos referentes, y vínculos sólidos, los niños pueden lograr un desarrollo más próspero.
Las tres etapas
La propuesta tendrá un costo mensual de 40 UR por niño y que será atendido por tres organizaciones, en el este de Montevideo estará a cargo de Juventud para Cristo, en Montevideo oeste e lo hará El Abrojo y en Canelones estará a cargo de Aldeas Infantiles, ya que fueron las tres organizaciones que ganaron las licitaciones.
tiene dos frentes. Uno es desinternar a los niños de 0 a 3 años que hoy viven en residencias de Montevideo y zona metropolitana, integrándolos a una modalidad familiar, ya sea la familia de origen, una transitoria, o una de adopción. El otro frente es evitar que, de ahora en adelante, cualquier niño o niña de esa edad que ingrese al sistema de protección especial por una medida judicial llegue a pisar un centro 24 horas.
Para eso, la institución tiene como meta ayudar a las familias de origen a que puedan construir vínculos con sus niños, aumentar la cantidad de familias transitorias, y facilitar el proceso de adopción cuando no hay referentes familiares disponibles.
Para los niños y niñas que ya viven en residencias, el trabajo se organiza en tres fases.
La primera fase dura 30 días, y es cuando el equipo del proyecto releva, junto con el equipo de la residencia, toda la información disponible de cada niño o niña: salud, desarrollo, situación judicial, redes familiares y afectivas, apoyos y prestaciones a los que tiene acceso. Con esa información se elabora una propuesta individual y un plan de trabajo.
Entonces pasa a la fase dos, que se extiende durante 12 meses. Es el momento en que el niño o niña deja el centro de protección de 24 horas y se integra a una modalidad de cuidado familiar. En este caso, hay tres escenarios posibles:
- Reintegración con referentes familiares, que es cuando el niño vuelve familia de origen.
- La integración temporal a una familia de acogida transitoria, mientras se trabaja en paralelo con la familia de origen para que recupere esas condiciones y el niño o niña pueda reintegrarse.
- Integración a una familia de acogida como paso previo a una familia adoptiva, cuando se determina que no existen referentes familiares en condiciones de asumir el cuidado y se inicia el trámite de adopción.
Durante esta fase, el equipo debe gestionar los apoyos materiales y económicos que las familias necesiten, mantener encuentros semanales de cercanía y coordinar con los servicios de salud, educación y vivienda que correspondan.
La tercera fase es la de cierre, y se extiende por dos meses. El acompañamiento de los niños deja a estar en manos de los equipos del proyecto, y pasan a los de territorio: centros CAIF o ETAF, en caso de que los niños hayan vuelto a su familia de origen, o al Departamento de Adopciones si se integró a una familia nueva y de manera definitiva. A cada nueva familia que integra a un niño se ele entregará una bitácora donde quedó registrado su recorrido de vida desde el nacimiento.
Pero quizás el cambio más importante no esté en los niños que salen de los hogares, sino en los que ya no deberían entrar.
¿Qué pasa con los niños que ingresan al INAU partir de ahora?
El proyecto establece que los menores de cuatro años sobre los que recaiga una nueva resolución judicial de amparo sean derivados directamente al dispositivo. El objetivo explícito es evitar su ingreso a una residencia y encontrar desde el comienzo una solución familiar.
Eso supone transformar una lógica que durante décadas funcionó de otra manera: primero se “protegía” mediante la institucionalización y luego se buscaba una solución definitiva para ese niño. En muchos casos, nunca llegaba.
Ahora se pretende que la pregunta sea anterior: si ese niño no puede permanecer con sus padres, ¿con qué familia puede vivir mientras se resuelve su situación?
El acompañamiento durante las transiciones
Uno de los aspectos más detallados del diseño, según el documento metodológico al que tuvo acceso El Observador, tiene que ver con algo menos visible: cómo sacar a un niño pequeño de una institución sin producir una nueva ruptura abrupta.
Porque aunque el objetivo sea abandonar la institucionalización, para un niño que lleva meses viviendo allí, sus educadores, otros niños, su cama o determinados objetos pueden ser parte de su mundo conocido.
Por eso, el protocolo establece que las transiciones deberán ser graduales. Puede haber despedidas, rituales, fotografías, juguetes, ropa, sábanas e incluso recetas de comidas conocidas que acompañen el cambio de hogar.
Cada niño tendrá además una bitácora de su propia historia, con palabras e imágenes que registren dónde vivió, quiénes estuvieron con él, sus gustos, sus amigos y otros elementos que puedan permitirle reconstruir en el futuro una etapa de su vida que probablemente no pueda recordar por sí mismo.
Con los niños, dentro de tres meses
De aquí a tres meses, el INAU prevé que se pueda empezar a trabajar con los primeros niños, una ve que los equipos ya estén capacitados, que haya aumentado la cantidad de familias de acogida ya evaluadas y que los locales estén en funcionamiento.
El equipo de cada proyecto está compuesto por una coordinación, un puesto administrativo, cuatro técnicos del área social —trabajo social, psicología o educación social— y cuatro educadores especializados en primera infancia, un psicomotricista, un abogado especializado en derecho de familia y un referente de captación y enlace con las familias de acogida.
La meta mínima antes de arrancar es contar con 15 familias de acogimiento captadas, postuladas y capacitadas, en coordinación con la Unidad Programática de Acogimiento Familiar (UPAF) de INAU. El local de cada uno de las organizaciones, por su parte, debe tener salas privadas para las familias, un espacio de psicomotricidad, baños adaptados para bebés y un patio.
Los equipos que comiencen a trabajar en la estrategia ya empezaron, este martes, una capacitación específica.
