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Daniel Martínez sobre De León y Sendic: "No tiene que estar ninguno de los dos en la lista"

Aunque las exigencias son altas para inhabilitar a los dirigentes de la 711, en la coalición afirman que están decididos a "soltarles la mano"

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05 de diciembre de 2018 a las 05:02

El intendente de Montevideo y precandidato a la presidencia Daniel Martínez afirmó que ni Raúl Sendic ni Leonardo De León, los dos dirigentes de la 711 cuestionados por sus gastos con las tarjetas corporativas, deberían compartir con él una lista por el Frente Amplio en la próxima campaña.

Tras conocerse el fallo del Tribunal de Conducta Política (TCP) –que acusó a De León de “múltiples actos en perjuicio del patrimonio público”, incluyendo “defraudación”– Martínez dijo a El Observador que el Frente Amplio “debe hacer lo que la herencia de izquierda y democracia dice” e “inhabilitar” a ambos.

“Desviarse de la ética implica asumir las responsabilidades y consecuencias. Chau, hay que asumir. Para mí, muchacho, no se mide. Sos o no sos ético. Te pasaste una milésima de milímetro y asumís las consecuencias”, afirmó.

Consultado respecto a si permitiría que en una lista que lo tuviera a él como candidato figuraran también Sendic y De León, Martínez respondió: “Yo planteo que no tiene que estar ninguno de los dos”.

Les "sueltan la mano"

La posición de Martínez es extendida en toda la fuerza política, aunque por el momento continúa la incertidumbre respecto a si habrá votos suficientes en el Plenario como para sancionar a los dirigentes de la 711.

El FA convocó a ese órgano para el 15 de diciembre y se propuso laudar en esa fecha los 17 dictámenes del TCP que aún no obtuvieron una resolución. Entre todos esos fallos, los dos que conciernen a Sendic y De León mencionan desvíos éticos graves.

Sin embargo, el estatuto del Frente Amplio es sumamente exigente para sancionar a un dirigente por incumplimiento de normas: una moción en ese sentido requiere al menos cuatro quintos de los "integrantes" del Plenario, lo que hace necesario llegar a esa instancia con cierto consenso entre las principales fuerzas. Con 36 de los 175 votos se puede trancar cualquier moción de sanción e incluso con menos votos puede naufragar una resolución, por ejemplo, si algunos integrantes no están en sala al momento de alzar la mano.

Los contactos entre sectores y dirigentes que tendrán lugar en estas dos semanas previas serán cruciales para acordar una resolución de antemano.

Según supo El Observador, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, está confiado en que están los votos para inhabilitar a ambos dirigentes y en los sectores casi no hay dudas. Tanto el MPP como el Partido Comunista, dos agrupaciones que en un principio tenían una visión más conciliadora, ahora están convencidos de que hay que “anteponer” el “proyecto político” y “soltarle la mano” a los dos, según contaron fuentes de ambos sectores.

El senador Juan Castillo, secretario general del PCU, dijo que el dictamen del TCP sobre los gastos de su compañero de bancada cayó como "un mazazo". “Son cuestiones complicadas desde el punto de vista de la ética del Frente Amplio”, apuntó en entrevista con radio Oriental.

El Comité Ejecutivo del Partido Comunista se reunió este martes a la noche para analizar su posición y preparar un informe para el Comité Central que tendrá lugar el próximo domingo y donde empezará a delinearse la postura del sector.

En tanto, el MPP delineará su estrategia en el Ejecutivo del próximo jueves, aunque ya han empezado contactos personales desde esas filas hacia otras agrupaciones.

La más difícil de prever es la posición de las bases, que tienen la mitad de los votos en el Plenario. En estos días los comités de todo el país discutirán con los dictámenes del tribunal arriba de la mesa para definir si la conducta de los líderes de la 711 merece una sanción ejemplar.

La ascendencia del MPP y los comunistas en las bases también será un elemento definitivo para torcer la balanza hacia uno u otro lado.

"Corrupción conceptual"
El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, consideró que los gastos de Leonardo De León con tarjetas corporativas de ALUR califican como “corrupción” desde el punto de vista “conceptual”, pero no delictivo, ya que la empresa se maneja en el derecho privado. Entrevistado por el programa Todo Pasa de Océano FM, Gil Iribarne, calificó de “serio” y “fundado” el fallo publicado por el TCP, y valoró de forma positiva que el dictamen fuera en el mismo sentido que los de la Fiscalía y la Jutep.
El organismo de contralor había señalado en abril que las acciones de De León "constituyen violaciones de las normas en materia de probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas, y prohibición de uso indebido de fondos". Un mes más tarde, el fiscal Luis Pacheco archivó la denuncia aunque incluyó en su dictamen una serie de reproches éticos hacia el actual senador. Según Gil Iribarne, el tenor de los tres fallos “muestra una coherencia” en el sistema.
Además, el jerarca insistió en la necesidad de endurecer la legislación que regula la actuación de los directores de empresas privadas que operan con fondos público, de modo que puedan responder por los delitos de corrupción que se aplican a los jerarcas del Estado. Gil Iribarne planteó en noviembre en el Parlamento que se debe "revisar" la legislación para incorporar como funcionarios públicos –o una nueva figura– a los directores de empresas como ALUR.
 
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