Daniela Godoy: “El 11% de la producción total de alimentos se desperdicia”

Esto hace que estemos en problemas, y se agravarán en el futuro si no ponemos el foco en estos datos alarmantes, según se desprende del diálogo de Luces Largas con Daniela Godoy, oficial superior de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición, para la FAO América Latina y el Caribe. Godoy, quien además es abogada y cuenta con dos maestrías en Salud Pública ( Universidad de Nueva York y Universidad de Chile), lidera desde la Oficina Regional en Santiago una de las tres prioridades regionales del organismo internacional: combatir el hambre a fondo.

La experta, que fue jefa de la División Políticas Públicas del Ministerio de Salud de Chile y que puso en marcha el plan Elige Vivir Sano, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de ese país, sostiene que hay enormes desafíos para la región, y estos desafíos involucran a todos los eslabones de la cadena: producción, distribución y venta de alimentos. 

¿Cómo describiría el último informe sobre la seguridad alimentaria y la nutrición?
Tenemos enormes desafíos a nivel regional, porque en la FAO junto con otras agencias de Naciones Unidas dimos a conocer los resultados del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo para el año 2022, y los resultados no son buenos. No son buenos porque el número de personas con hambre aumentó y las proyecciones para el año 2030 están en los mismos niveles que teníamos en el año 2015, cuando aprobamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los Estados se comprometieron a alcanzar los ODS y el objetivo número 2 es erradicar el hambre y la malnutrición en todas sus formas.

Lejos de notarse avances, ¿este estancamiento significa en realidad un retroceso notorio?
Es así, el mundo está retrocediendo en sus esfuerzos por erradicar el hambre y por reducir la malnutrición en todas sus formas, que tiene, como sabemos, múltiples causas. Y es por eso que tenemos enormes desafíos, porque estas causas se deben a los conflictos actuales, a los efectos del cambio climático, las desaceleraciones y contracciones económicas, muchas de ellas asociadas especialmente a la pandemia de covid-19; y en este contexto ocurre la guerra de Ucrania, que empeora la situación. Vale recordar que Ucrania y la Federación Rusa representan el 30% de las exportaciones mundiales de cereales, y de allí podemos concluir algunos datos interesantes para América Latina y el Caribe, que muestran que los indicadores han empeorado en el último tiempo.

Mas allá de estas graves circunstancias, ¿los gobiernos y las instituciones internacionales han hecho todo lo posible para mitigar estos impactos sobre el hambre y la malnutrición?
Habíamos logrado alcanzar en la región algunas mejoras relevantes en materia de hambre hasta antes del año 2015 aproximadamente. Pero hay una serie de causas que tienen relación también con la seguridad alimentaria y la nutrición, como las mencionadas: conflictos, cambio climático y vaivenes económicos. Y también sufrimos esa pandemia que tuvo un impacto muy importante en los ingresos de las familias, en los niveles de empleo y en otros aspectos que tienen relación directa con la inseguridad alimentaria, como la pobreza…

¿Pero qué acciones se han desplegado por parte de quienes deben atender estas situaciones?
Hay varias acciones políticas y soluciones que se han implementado en la región, como aquellas vinculadas con la protección social, y sobre todo aquella sensible a la nutrición. Puntualmente, hubo esfuerzos para dar continuidad a la alimentación escolar durante la pandemia, lo que de alguna manera mitigó los efectos que la pandemia estaba teniendo en la seguridad alimentaria y la nutrición. Sin embargo, entre 2020 y 2021, 4 millones de personas más sufrieron hambre en América Latina y el Caribe y este retroceso se produce después de un aumento de 9 millones de personas entre 2019 y 2020 en el contexto de la pandemia. Esto hace que hoy día las estimaciones sean que 56,5 millones de personas en 2021 padecieron hambre. Y así también se dio la inseguridad alimentaria, es decir la falta de acceso físico y económico a alimentos no solamente en la cantidad o con las calorías necesarias, sino en la calidad que se requiere para la seguridad y el desarrollo, tema que se ha incrementado en América Latina y el Caribe. El deterioro se ha ralentizado pero igual sigue siendo muy importante abordarlo. Para resumir, tenemos que 4 de cada 10 personas en una región con 268 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en el año 2021. 

Con estas cifras, que estremecen, el abordaje se hace cada vez más complejo. Se está lejos de cumplir con el objetivo número 2 de los ODS, y sin embargo se está cerca del año 2030, cuando se supone que el tema debería estar muy avanzado en sus soluciones, en el cumplimiento de esas metas. ¿Por dónde empezar?
Como comenté, las proyecciones que se hicieron en este informe recientemente publicado muestran que vamos a llegar a los mismos niveles que teníamos en 2015. Por lo tanto, es muy importante hacer todos los esfuerzos necesarios para implementar políticas públicas y soluciones de todos los sectores y de todos los actores del sistema agroalimentario para lograr una transformación de los sistemas agroalimentarios, de modo que sean más eficientes –incluyendo tecnología e innovación– pero también más inclusivos, sin dejar a nadie atrás. Que podamos tener medidas que lleguen a las poblaciones más vulnerables, aquellas más afectadas por la inseguridad alimentaria y, por supuesto, más sostenibles y resilientes. Esto significa que sean mas amigables con el cambio climático; y ahí es muy importante este punto de las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA). Porque con estas cifras resulta contradictorio que en la región, en la etapa posterior a la cosecha y a la distribución, se estime que se pierde alrededor del 12% de los alimentos que se producen. Y eso hablando de las pérdidas, que sabemos que suceden principalmente durante la producción, la poscosecha, el almacenamiento y el transporte, sin contar los desperdicios.

En este marco, ¿dónde se ubica Uruguay?
Uruguay ha avanzado bastante en varios indicadores, como el hambre, el retraso en la talla, en la desnutrición crónica en niños y niñas. Son avances muy importantes con todas las medidas que han impulsado. Pero hay algunos desafíos, como la inseguridad alimentaria, que aún tiene efectos sobre un porcentaje importante de la población, así como también la obesidad y el sobrepeso, especialmente la obesidad en adultos y el sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años, que está por sobre el promedio de la región, cuando la región tiene niveles más altos que otras en el mundo. También se plantea el desafío de reducir la pérdida y los desperdicios de alimentos. 

¿Qué puede comentarse de este último aspecto?
Después de la distribución y hablando más en el consumo, podemos decir que 11% de la producción total se desperdicia; y hay un porcentaje importante de ese desperdicio que ocurre en los hogares y en los servicios de alimentación, entre otros. Por lo tanto ahí también hay un desafío importante. Es la razón por la cual tuvimos la oportunidad este jueves (14 de julio) de participar un conjunto de expertos de la FAO en la Comisión Especial de Derecho a la Alimentación del Parlamento uruguayo, que está integrada por legisladores de todos los partidos y que funciona como el capítulo nacional del Frente Parlamentario contra el Hambre para América Latina y el Caribe.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando y cuánta gente lo integra?
Existe desde el año 2019 y cuenta con 400 integrantes en alrededor de 21 países. Estos parlamentarios y parlamentarias trabajan en proyectos de ley, legislaciones y normativas, asociadas con enfrentar el hambre y la malnutrición en todas sus formas. Y uno de los temas es precisamente la pérdida y desperdicio de alimentos donde, con todo el apoyo del Frente Parlamentario contra el Hambre y el Parlatino, hoy día contamos con un código de conducta voluntario que establece cuáles son las medidas que los distintos sectores y actores del sistema agroalimentario pueden realizar para reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos. Por otra parte, el Parlatino ha desarrollado una ley modelo que los países pueden implementa. Estos esfuerzos han llevado a que varios países en la región cuenten con leyes para evitar la pérdida y desperdicios de alimentos.

Imagino que se cruzan temas que necesitan legislación, pero también algunos cambios culturales o de conductas muy arraigadas. En este sentido, también es muy importante el rol de cada actor, productores, empresas, nosotros como consumidores, los gobiernos. ¿Qué puede esperarse de esa interacción?
Hay un conjunto de medidas que se requiere para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, y el rol de todos estos actores y sectores del sistema agroalimentario es fundamental. Por ejemplo, avanzar en la Investigación y el Desarrollo (I+D) para determinar qué innovaciones pueden contribuir a la reducción de la PDA. Sabemos que es muy importante el rol del mundo científico, la academia y el sector privado; pero también actividades de sensibilización y educación para promover el cambio de comportamiento. En la FAO, hemos apoyado en algunos países, como Colombia, Chile y otros, el desarrollo de medidas de inclusión de la gastronomía en los programas de alimentación escolar, con el fin de aumentar la aceptabilidad por parte de los estudiantes en esos menús que se entregan y que hoy día están siendo más nutritivos, más saludables, que han experimentado mejoras. Pero también, junto con mejorar esa aceptabilidad de niños, niñas y adolescentes en la comida escolar, también se reducen los desperdicios en la escuela, lo que representa también un ahorro en la inversión pública y contribuye no solo a la seguridad alimentaria sino también al ambiente. La perspectiva de la sensibilización y la educación, que puede desarrollarse para el cambio de comportamiento y el fomento de la formación y la educación, es un aspecto muy relevante que puede desplegarse en las iniciativas.

Sobre todo buscando el impacto en edades más tempranas
Claro, iniciativas que incluyan a niñas y niños que sabemos que forman parte central de nuestro futuro, y que muchas veces son los motores de cambio al interior de los hogares y de las familias. Por otra parte, también se requieren inversiones de los integrantes de las cadenas de suministros de alimentos, inversiones del sector privado en las infraestructuras de mercados, cadenas de frio y marcos legales que permitan, finalmente, desarrollar estas medidas.

¿Cuánto de esa ley modelo que usted menciona puede aplicarse a la realidad uruguaya? ¿Implica destinar estímulos o algún tipo de incentivos al sector privado para alcanzar las metas?
Efectivamente, las PDA afectan el desarrollo sostenible, porque tienen una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión ambiental. Desde el punto de vista de la dimensión económica, significan importantes pérdidas y eso por supuesto afecta al sector privado; por lo tanto, reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos durante la producción, la poscosecha, el almacenamiento y el transporte, ya genera incentivos para el sector privado y no solamente para el sector público, y es muy importante señalarlo. En segundo término, hay un componente ambiental muy relevante, ya que las PDA producen emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la extracción de agua y de tierras que demanda la producción podrían utilizarse para alimentos que realmente fueran consumidos. Por lo tanto, también ahí se encuentra un incentivo que recae en diferentes actores y sectores del sistema agroalimentario. Por último, hay un tema muy relevante que es el social; y allí en lo social significa que tiene efectos no solamente en el derecho a una alimentación adecuada sino en la seguridad alimentaria. Reducir las pérdidas y los desperdicios contribuye a reducir también los costos de las dietas saludables y a que esas dietas saludables sean asequibles, lo que produce una mayor seguridad alimentaria. Sabemos que las dietas saludables están compuestas por alimentos como frutas y verduras que tienen un gran nivel de pérdida. Por tanto, lograr que estos alimentos no se pierdan genera un impacto no solamente en el costo de las dietas saludables, sino también en que personas que no pueden acceder a ellas las consigan en el ámbito comunitario o local.

Se integra este Frente Parlamentario Contra el Hambre y, seguramente, con la convicción de que puede ayudar a superar estos problemas tan graves. Sin embargo, muchas veces se van deshilachando esos objetivos y pasa a ser una mera voluntad sin logros concretos. ¿Temen afrontar esa frustración? ¿Por qué confiar en que efectivamente se logren avances?
Bueno, la comisión especial en la que estuvimos fue una gran señal de esa voluntad que se requiere para poder implementar 
este tipo de medidas y poder avanzar no solo en la reducción y pérdida de alimentos, sino también en el ODS número 2, que implica finalmente erradicar el hambre y reducir la malnutrición en todas sus formas. Por lo tanto, en la FAO estamos muy disponibles para seguir apoyando el trabajo que se está desarrollando en Uruguay, así como todas las medidas de políticas que están en desarrollo, tanto en el sector público como en otros sectores. l