De “la lista de Odebrecht” a “la lista de vacunados”

Hace exactamente cuatro años, se debatía en la mayor parte de los países de la región la existencia de una lista de beneficiarios de sobornos o dádivas, por parte de la empresa brasileña Odebrecht. La historia no se repite pero rima. En el 2021, discutimos si hay algunos afortunados que, saltándose todos los protocolos acordados, han pasado a engrosar la lista de vacunados contra la Covid-19.

América Latina esperaba ansiosa la llegada de la vacuna. Sin embargo, a medida que han comenzado a llegar las primeras dosis, también han comenzado a aparecer las primeras denuncias de irregularidades en su distribución y utilización. El proceso de inmunización nos ha recordado de nuevo que la falta de transparencia y el manejo irregular de recursos son una alargada sombra que siempre acecha a la región.  La ausencia de un proceso claro, la opacidad y la detección de ciertas anormalidades en el acceso a la vacuna han convertido al proceso de inoculación en un nuevo dolor de cabeza para los ciudadanos latinoamericanos.

Pese a que las primeras dosis llegaron apenas hace unas semanas, ya son varios los países del subcontinente donde se ha registrado casos de vacunación irregular de ciudadanos. Por lo general, estos están relacionados directa o indirectamente con el poder de turno. La utilización de las vacunas adquiridas con recursos públicos para beneficio del círculo cercano de las autoridades, o el irrespeto a los turnos asignados para la vacunación, se han podido registrar en Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y Chile.

Vacunación irregular

A pesar de liderar la tasa de vacunación a nivel mundial, en Chile, 37.000 personas menores de 60 años y sin morbilidades se han vacunado fuera de tiempo. La tercera parte de estas personas residen en la región metropolitana. Entre ellas se encuentra el alcalde de la comuna “La Florida”, Rodolfo Carter. En Argentina, el ex ministro de salud, Gines González García se reservó 3000 vacunas “Sputnik V” para uso discrecional. El periodista Horacio Vebitsky, afín al gobierno, anunció personalmente haber recibido al vacuna, gracias a la invitación del ex ministro. De igual forma, fueron vacunados familiares y amigos, lo que motivó la renuncia del ex - funcionario.

Perú fue el primer país en registrar la vacunación de funcionarios que no tenían relación alguna con el personal médico y de primera línea en la contención del virus. En los ensayos de la vacuna “Sinovac”, realizados a 12.000 voluntarios en el país, se pudo conocer que alrededor de 2000 dosis fueron destinadas a la vacunación de funcionarios del gobierno peruano. Entre los afortunados se encontraban personajes tan ilustres como el expresidente Martín Vizcarra, su esposa y su hermano -todo queda en familia-, la ex ministra de salud Pilar Mazzetti, la canciller Elizabeth Astete, el nuncio apostólico, rectores de las universidades San Marcos y Cayetano Heredia, y hasta el médico de cabecera del ex presidente Fujimori. En Colombia, el periodista y empresario Óscar Medina anunció a través de sus redes sociales, haber sido vacunado, por gestión del hospital en el cual es contratista.

Ecuador es talvez uno de los peores casos. En el país andino no sólo se han vacunado de manera irregular autoridades y sus familiares, sino que el protocolo se lo han saltado también personal administrativo de hospitales, dirigentes deportivos, tiktokers, un periodista afín al gobierno actual y hasta un chef. Mientras que el personal de salud que trabaja en primera línea y los adultos mayores de centros geriátricos esperaban su turno, otros iban avanzando en el camino de la inmunización. Rodrigo Paz, ex alcalde de Quito y ex presidente del equipo de fútbol “Liga Deportiva Universitaria”, habría recibido la vacuna a finales del mes de febrero. Dos tiktokers conocidos, Salomon Doumet y María del Alma Cruz, anunciaron, sin ningún empacho, haber sido vacunados a inicios del mes de marzo gracias a la influencia del padre del primero.

El lastre de la corrupción

En América del Sur no sólo tenemos problemas relacionados con el acceso a las vacunas.  Una vez más, debemos lidiar con la corrupción, la cual no está únicamente enquistada entre los funcionarios del Estado, también forma parte de la cultura de los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países.

Hace unos años, el escándalo de corrupción de Odebrecht afectó a casi la totalidad de los gobiernos de América Latina. Su impacto fue tan fuerte que motivó la alternancia en el poder y entró con fuerza en la agenda pública, tanto desde el punto de vista de los medios de comunicación como por las autoridades judiciales. Pese a que, como consecuencia de esta trama de corrupción, se sentenciaron a funcionarios estatales y empresarios privados, parece que no se aprendió lo suficiente. Hoy nos encontramos frente a una nueva lista, la de vacunados irregulares,  que evidencia las malas costumbres persistentes en la región.

Lamentablemente, la ley del más vivo parece ser la regla y no la excepción.  La vemos todos los días en los noticieros y en las redes sociales, cuando un alto funcionario de gobierno, diputado, autoridad local, líder religioso o dirigente sindical, está involucrado en pagos indebidos por contratos, votos para aprobar leyes o por recibir beneficios por fuera de la ley. Pero también tenemos a ciudadanos que se saltan la fila para realizar un trámite, jefes que no pagan lo que le corresponde a sus empleados, o trabajadores que se llevan los materiales de oficina a sus casas.

La naturalización de la corrupción

La corrupción nos tiene infectados hasta la médula. Hemos naturalizado comportamientos que infringen las leyes, y se han vuelto parte de los códigos de conducta y marcos de interpretación de la realidad. Si nos miramos al espejo, y nos comparamos con nuestros gobernantes, éstos solo serán un reflejo de cómo concebimos la política, al Estado y a sus instituciones. Esto no quiere decir que sea cierta aquella trillada frase sin sentido que dice “si cambiamos individualmente, cambiaremos al país”, pero tenemos que ser conscientes que al irrespetar la ley, también somos corresponsables de la debilidad institucional que aqueja a nuestros países.

El Covid 19, desde sus inicios hace un año en América Latina, ha puesto en evidencia no solo la incapacidad de los sistemas políticos de nuestros países para resolver problemas. También nos ha mostrado que la débil institucionalidad es producto de una cultura que legitima la corrupción y que incluso la normaliza para poder sobrevivir. Sus efectos no se limitan a la baja confianza hacia las instituciones, el auge del populismo o la cascada de escándalos que se quedan impunes. Tal vez el más grave de todos sea una cultura política que parece concebir al Estado no como un acuerdo para garantizar una voluntad colectiva, sino más bien una oportunidad para conseguir la voluntad individual.

Juan Francisco Camino es profesor de la Universidad de los Hemisferios (Quito). Doctorando en la Universidad de Salamanca (España). Máster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador) y en Ciencia Política por la Univ. de Salamanca.

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