El proyecto de ley que sustituye el Impuesto a la Concentración de la Tierra (ICIR), que cayó tras ser declarado por la Suprema Corte inconstitucional, derivó en el Senado en un debate ideológico sobre el peso del Estado, los terratenientes y la gallina de los huevos de oro (el campo), que al decir del herrerista Luis Alberto Heber el gobierno se esfuerza para “agarrarla del cogote”.
El Frente Amplio explicó que por un mecanismo u otro las grandes extensiones de tierra pagarán un impuesto para arreglar la caminería rural que es una tarea de las intendencias.
El senador Ernesto Agazzi (MPP) fue claro. “Este no es un tema tributario, de la DGI, es un tema de política agraria que tiene que ver con la infraestructura y la concentración de la tierra”, afirmó. Agazzi fue de los últimos en hablar en la sesión y recordó que lo que se propone es restablecer el Impuesto al Patrimonio a un sector que en 2001, en tiempos de crisis, fue exonerado. Desde el comienzo ya se sabía cómo votaría cada uno.
El ataque al proyecto del Partido Colorado y de los senadores blancos capitalinos, contrastó con el silencio de Jorge Larrañaga. Si bien el líder de Alianza Nacional votó en contra, no opinó sobre el tema. La mayoría de los intendentes del interior son de su sector y en su momento dieron respaldo al gobierno en este impuesto.
Debate
En su mensaje al Parlamento, el Poder Ejecutivo afirmó que el crecimiento de la economía y las exportaciones agropecuarias pusieron al límite a la infraestructura vial lo que amenaza ser el cuello de botella del desarrollo. Con ese escenario de crecimiento, el gobierno entiende que el sector agropecuario debe, al menos en parte, contribuir a pagar el arreglo de los caminos.
El nuevo impuesto prevé recaudar, igual que el ICIR,unos US$ 60 millones al año. El senador Héctor Tajam (MPP) precisó que el impuesto alcanzará a 1.400 explotaciones agropecuarias.
El oficialismo también busca con el nuevo ajuste tributario al sector agropecuario, desestimular la concentración de tierras un aspecto que preocupa particularmente a la administración del presidente José Mujica.
La oposición, adelantó temprano en sala que rechazaría el texto y cuestionó que se grave un bien sin tener en cuenta “la renta” de los productores. Explicaron que campos de Rocha o cercanos a rutas, influenciados por el turismo, pagarán más por el valor de la tierra, que el mismo campo ubicado en Durazno, lo que a todas luces es injusto. La oposición tampoco dejó pasar que el nuevo ajuste no alcanzará a Montes del Plata, que es la gran propietaria de tierra.
José Amorín Batlle (Proba) consideró que cobrar el Impuesto al Patrimonio al sector rural es “innecesario” y una “muy mala señal” del gobierno que a través del presidente Mujica invitó a extranjeros a invertir diciéndoles que no les cambiará las reglas de juego. Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) advirtió que el proyecto propuesto también puede ser declarado inconstitucional.
Artículos
El proyecto aprobado ayer en el Senado por 16 votos (todos del Frente) en 27 legisladores presentes en sala, abarcará a las explotaciones agropecuarias cuyos activos superen los 12 millones de Unidades Indexadas (UI). Será un impuesto progresivo que tendrá una tasa máxima de 1,5%. Para los activos valuados entre 12 millones de UI y 30 millones de UI, la alícuota será 0,70%; de 30 millones de UI a 60 millones de UI, pagará 1,00%; de 60 millones de UI, a 150 millones de UI, la alícuota será 1,30% y de ahí para adelante 1,50%.
El senador Bordaberry dijo que ya hay productores que se están yendo del país y mencionó que actualmente un millón de hectáreas en Paraguay están en manos de uruguayos. Advirtió que los ganaderos afectados por el impuesto se pasarán a lo forestal, faltará materia prima, subirá la carne y los frigoríficos enviarán personal al seguro de paro.
Desde el Frente se dedicaron a minimizar los posibles impactos y se hizo mención a que un sector con una “situación excepcionalmente buena”, según dijo el senador Alberto Couriel, no se vendrá abajo por pagar, en su conjunto, US$ 60 millones al año que irá para la Universidad Tecnológica y para la caminería rural. “La Asociación Rural siempre se queja de los impuestos y del Estado pero cuando tiene algún problema, siempre recurre al Estado”, afirmó Couriel.
En el FA mencionaron que en los últimos años la tierra aumentó su valor de US$ 365 la hectárea en 2002 a US$ 3.467 en 2012. También se dieron datos sobre la productividad del campo.
Uno de los puntos más discutidos del proyecto fue la creación de la Unidad Económico Administrativa, que refiere a los campos que son administrados bajo una misma unidad empresarial. Entre los cambios hechos está el considerar no incluidas en esa categoría a las cooperativas agrarias ni las sociedades de fomento rural.
El proyecto pasó ahora a Diputados.
