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Defensores públicos "sorprendidos" con acuerdo que los excluye del aumento salarial

Pedirán ser incluidos en el acuerdo pagar la deuda que el Estado mantiene con los funcionarios desde 2010
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19 de octubre de 2020 a las 15:20

Los defensores públicos están "sorprendidos" por el acuerdo con los funcionarios judiciales que anunciaron los diputados de la coalición el pasado viernes, que los deja afuera junto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y todos los jueces.

"La noticia la escuchamos en forma simultánea en la conferencia de prensa, no teníamos idea que los diputados iban a hacer un acuerdo así", comentó a El Observador la presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, Adriana Berezán.

Aunque dijo que a los defensores les parece "fantástico" que se haya tenido en cuenta a funcionarios judiciales, actuarios y procuradores, no entienden por qué no se incluyó a los 280 defensores públicos. "El 20% tiene sentencia (contra el Estado) y ya está cobrando, otros llegamos a un acuerdo por 14,8% y no sabemos qué tanto puede significar para las arcas del Estado incluirnos en el acuerdo", apuntó.

Inicialmente la idea era incluir a los defensores pero finalmente los diputados decidieron dejarlos afuera junto con los jueces. Tanto defensores como jueces firmaron un convenio por el 14% en 2018 y hay una ley que establece ese acuerdo. Entre defensores públicos y jueces son unos 600 funcionarios. 

Esta fórmula permitirá pagar en tres etapas y culminará en 2024 la deuda que se generó en el Presupuesto aprobado en 2010, en el gobierno de José Mujica, cuando se aumentaron los salarios de los ministros de Estado sin tener presente que los sueldos de los funcionarios judiciales estaban enganchados. Varias demandas con sentencias en contra del Estado y decena de negociaciones después, finalmente una parte del conflicto llegaría a su fin.

Berezán dijo que generó "la sensación una vez más de que los defensores públicos no importan". "No tenemos partida sostenida sobre la base del sueldo, las partidas son fijas, un aumento salarial a nosotros no implica mover la escala de aumentos", señaló la presidenta de la asociación. 

Los defensores intentarán que en la Cámara Alta se revea la decisión de Diputados, y pedirán entrevistas con senadores de todos los partidos. "Esta llave la tiene el Ejecutivo y el Parlamento. Podemos reclamar pero si dicen que no, tenemos pocas chances de reaccionar porque si tomamos una medida corremos el riesgo de que nos declaren servicio esencial, no tenemos poder de lucha", dijo la defensora.

Si el acuerdo no se modifica para incluir a los defensores, según Berezán se corre el riesgo de "que los sueldos queden desfasados o sobredimensionados".

El acuerdo arribado no establece nada respecto al aumento general de los funcionarios públicos para los jueces. Tal como quedó, los jueces recibirían el aumento general de los públicos pero no los magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) porque cobran más que un ministro de Estado (el Presupuesto establece que quienes cobren más que los ministros no tendrán aumentos en todo el período). 

Esto podría generar una distorsión en la escala salarial de los magistrados ya que están enganchados a los de los ministros de la Corte. Por ejemplo, los jueces del Tribunal de Apelaciones cobran el 90% del salario de los de la SCJ. Y así sucesivamente, las otras categorías de jueces (juez letrado de Montevideo, juez del interior, juez de paz). Esta fórmula implicaría aumentar los salarios de algunos y de otros no y puede generar distorsiones. "Eso queda para el Senado. Nosotros lo encaminamos", dijo a El Observador un legislador de la coalición. 

El objetivo es incluir a los jueces y a los defensores públicos en las próximas rendiciones de cuenta. 

Sobre el artículo 4° del proyecto de ley de Presupuesto que congela los salarios de funcionarios que cobren más que los ministros de Estado, Berezán dijo que "no se tuvo en cuenta la realidad del Poder Judicial" ya que si afecta a un ministro de la SCJ, se afectan los salarios de los defensores. "No creo que ese sea el objetivo, que un defensor público que gana una décima parte del ministro se vea afectado".

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