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Fórmula final de acuerdo con judiciales deja fuera a los jueces y defensores públicos
Los diputados de la coalición de gobierno anunciaron el acuerdo al que llegaron con los funcionarios judiciales que deja por fuera a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a todos los magistrados y a los defensores públicos. En este primera instancia se contemplan a unos 4.700 funcionarios administrativos.
Tal como informó El Observador este jueves, los legisladores venían negociando desde hace varias semanas y acordaron una fórmula que permitirá pagar en tres etapas y que culminará en 2024. Sin los jueces y los defensores públicos, esta solución tiene un costo de $ 350 millones.
Inicialmente la idea era incluir a los defensores pero finalmente los diputados decidieron dejarlos fuera junto con los jueces. Tanto defensores como jueces firmaron un convenio por el 14% en 2018 y hay una ley que establece ese acuerdo. Entre defensores públicos y jueces son unos 600 funcionarios.
Esta fórmula permite comenzar a pagar la deuda que se generó en el Presupuesto aprobado en 2010, en el gobierno de José Mujica, cuando se aumentaron los salarios de los ministros de Estado sin tener presente que los sueldos de los funcionarios judiciales estaban enganchados. Varias demandas con sentencias en contra del Estado y decena de negociaciones después, finalmente una parte del conflicto llegaría a su fin.
"Estamos muy satisfechos de comenzar a solucionar un conflicto que tiene casi una década", dijo en conferencia de prensa el diputado blanco Juan Rodríguez. El diputado blanco junto con Conrado Rodríguez (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente) fueron los que llevaron adelante las negociaciones.
El acuerdo arribado no establece nada respecto al aumento general de los funcionarios públicos para los jueces. Tal como quedó, los jueces recibirían el aumento general de los públicos pero no los magistrados de la Suprema Corte de Justicia porque cobran más que un ministro de Estado (el Presupuesto establece que quienes cobren más que los ministros no tendrán aumentos en todo el período).
Esto podría generar una distorsión en la escala salarial de los magistrados ya que están enganchados a los de los ministros de la Corte. Por ejemplo, los jueces del Tribunal de Apelaciones cobran el 90% del salario de los de la SCJ. Y así sucesivamente con otros jueces. Esta fórmula implicaría aumentar los salarios de algunos y de otros no y puede generar distorsiones. "Eso queda para el Senado. Nosotros lo encaminamos", dijo a El Observador un legislador de la coalición.
El objetivo es incluir a los jueces y a los defensores públicos en las próximas rendiciones de cuenta. "Si hubiera habido voluntad, esto se solucionaba mucho antes. No era un tema de plata", dijo Rodríguez.
La solución a la que llegaron los diputados de la coalición implica que se le otorga el 26% de aumento salarial a 2024 a todos los funcionarios judiciales, salvo a los jueces y los defensores.. En algunos casos se trata del 26% completo y en otros se debe completar la diferencia de lo ya acordado en convenios con el Ejecutivo anterior (de cerca del 18%).
La redacción de la propuesta de la Corte, que es la base de lo que acordaron los legisladores, establece que en 2021 se pagará a los funcionarios que ingresaron luego de la firma del convenio para equiparar a todos los trabajadores. Ese dinero saldrá de los recursos del Poder Judicial y es una partida de unos $ 73 millones.
En un segundo artículo, y a pagar en 2022, se hará efectiva otra partida para "uniformizar la escala salarial de los funcionarios del Poder Judicial para todos los cargos que aún no perciben al 1 de enero de 2022 todas las retribuciones establecidas para cada escalafón". Esto comprende a los funcionarios que tengan sentencias favorables y que incluyan condenas "a futuro". Es decir, a quienes todavía no se les pagó las demandas ganadas.
"Para un mismo cargo teníamos tres salarios diferentes en el Poder Judicial", aseguró Conrado Rodríguez en la conferencia de prensa para explicar las distorsiones que generaba el conflicto.
Aquellos que estén en proceso, pero todavía no tengan sentencia, también estarán incluidos en este segundo paso. De esa forma se equiparará a todos para que llegue al porcentaje acordado en 2018 (18,8%). En 2018 el Poder Ejecutivo y la Asociación de Funcionarios Judiciales llegaron a un acuerdo por el cual el gobierno se comprometía a pagar cerca de un 18% de aumento.
Sin embargo, no todos acordaron por ese monto y, por lo tanto, el primer paso de esta fórmula es que a 2022 todos los funcionarios perciban ese aumento. Entre 2023 y 2024 se pagará el resto para llegar al 26%.
El tercer artículo plantea llevar el aumento hasta el 26,03% establecido inicialmente. Para 2024 unos 4.700 funcionarios recibirían el aumento del 26,03%.
Los recursos
El acuerdo establece que con el dinero previsto en el Presupuesto para las sentencias, se cancelen en una sola cuota. Cancelarlo de esa forma permitirá utilizar una partida que está dentro de diversos créditos y que se iba a destinar al pago de intereses. Se trata de unos $ 93 millones por año.
Al dejar fuera a los jueces y a los defensores, esa partida es suficiente para cumplir con todo el pago ya que multiplicado por 5 años es más que los $ 350 millones necesarios.
De esta forma, no es necesario utilizar una partida de 100 millones de rubro 0 del Poder Judicial que habían pensado inicialmente. El cálculo incial, que incluía a los defensores, $ era de 545 millones.
